La efectividad del “nosotros sí vamos”

En los primeros días de agosto, el general de división Sergio Aponte Polito, encargado de la II Zona Militar en el noroeste de México, en la cual se ubica la ciudad de Tijuana, publicó una carta en la que denuncia la corrupción y la complicidad de la policía municipal.
Anteriormente, a principios de año, también dio a conocer un número telefónico y direcciones de correo electrónico para que los ciudadanos que fuesen víctimas o testigos de algún delito llamaran o escribieran para denunciarlos, asegurándoles: “Nosotros sí vamos”… obtuvo un éxito inusitado —más de dos mil denuncias en tres meses—, dada la terrible falta de atención por parte de la policía estatal de Baja California.
Según el general Aponte y en opinión de los habitantes de aquella región, las policías se encuentran coludidas con los narcotraficantes y criminales, por lo que los ciudadanos no sólo han perdido la confianza a la policía estatal y municipal, sino que además les temen, por lo que prefieren llamar a los militares.
Este escenario se repite en todo el país, ¿por qué la gente prefiere la protección de los soldados en vez de la policía?, ¿significa que debemos encomendarles
de una vez por todas las tareas que la policía debería llevar a cabo, como investigar y perseguir criminales? Por supuesto que no debemos hacerlo.
La Constitución es clara en la definición de las funciones del Ejército, y la principal es la preservación de la seguridad en el interior y hacia el exterior del país, pero en ningún caso le atribuye facultades policiacas.
Es evidente que pasará bastante tiempo antes de que los ciudadanos recuperen la confianza en la policía. No obstante, esta semana se suscitó un ejemplo que puede significar un buen comienzo para recuperar la confianza en las acciones de la policía: a partir de una denuncia ciudadana anónima, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el Estado de México lograron rescatar con vida a dos personas, y detener a 20 plagiarios, presuntamente integrantes de la banda de “La Familia” —con un saldo lamentable de un policía y cuatro delincuentes muertos.
Este es uno de los casos en que las víctimas viven para contarlo, pero, ¿cuántos ciudadanos más se encuentran en este momento cautivos y están siendo torturados?
El subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, indicó que esta banda de secuestradores operaba en el Estado de México desde hace unos dos meses y no fue sino gracias a una llamada anónima que se pudo llevar a cabo una acción para detenerlos, lo que prueba la necesidad de generar de manera más amplia la cultura de la denuncia y ofrecer mecanismos seguros para que todo ciudadano pueda denunciar, sin correr riesgos, cualquier situación sospechosa.
Por lo anterior, resulta completamente desafortunado el mensaje que se envía a la ciudadanía con la renuncia del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Roberto Campa Cifrián. No se puede entender cómo, a menos de 15 días de firmado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el secretario ejecutivo del órgano encargado de su cumplimiento simplemente se vaya “por razones personales”.
¿Obedece a un honesto acato de la voluntad popular expresada en el: “si no pueden, que renuncien”?, ¿o sólo evidencia la falta de coordinación o cuando menos, diferencias de criterio en las altas esferas de decisión en materia de seguridad pública? Campa, según algunos analistas y políticos cercanos a él, se encontraba en confrontación con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública.
A pesar de que el ex candidato presidencial del Panal en 2006, siempre mostró interés en el cargo que ahora deja, parece que para él pesa más la necesidad de detentar un puesto que sea políticamente rentable, que la convicción de servir a los ciudadanos.
Estos ejemplos revelan que la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de la seguridad y las policías, sólo se podrá recuperar con un cumplimiento responsable del deber, premiando, reconociendo y promoviendo a los buenos elementos; expulsando, procesando y vigilando a los malos, y garantizando que los funcionarios de alto nivel atiendan a sus responsabilidades haciendo a un lado sus intereses políticos personales. No hay otro camino. El “Nosotros sí vamos” es prueba de que se puede hacer, y es urgente garantizar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho, pues la desintegración del país va en aumento y la paranoia está creciendo aceleradamente.