Alertan generales a Sedena de riesgos al rearmar a policías

Altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional expresaron su inconformidad en que se cumpla el punto XI del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional el pasado 21 de agosto.
En ese punto, la Sedena se comprometió a actualizar las licencias colectivas de portación de armas de fuego a los cuerpos de seguridad pública de todo el país, así como a autorizarles el equipamiento con armas automáticas y de calibre superior.
Es la complicidad de policías de todos los niveles con el crimen organizado lo que ha puesto en riesgo el cumplimiento de uno de los principales compromisos asumidos mediante el acuerdo de referencia.
Generales especialistas en delincuencia organizada sugirieron —algunos mediante oficio— al general Guillermo Galván, titular de la Defensa, retrasar el proceso de dotación de armas hasta que culmine la depuración de los cuerpos policiacos a nivel nacional.
En uno de los escritos, cuya copia obra en poder de Crónica, se señala que la actualización de licencias y el equipamiento deberían depender "del saneamiento policiaco y la aplicación generalizada de controles de confianza".
Así, el objetivo XI se perfila como el primero del Acuerdo que fracasará, porque, de manera paradójica, su cumplimiento se planteó para antes del 21 de noviembre: es el de más corto plazo signado en el documento.
Los generales le plantearon a Galván Galván que el compromiso referido se firmó sin tomar en cuenta que las metas relacionadas con el desarrollo policial se pactaron para un plazo mayor, que va de seis meses a un año, y lo alertaron sobre el peligro de armar mejor a un policía vinculado al trasiego de drogas, al secuestro o al tráfico de personas.
Sostuvieron que el diseño de un protocolo de evaluación y control de confianza a cuerpos policiacos, así como la creación de organismos públicos y privados que puedan certificarlo, sí se contempló en el acuerdo, pero para consumarse en un año.
En los ámbitos estatal y municipal se estableció la aplicación de exámenes de confianza en un plazo de seis meses y lo mismo la puesta en marcha de nuevos mecanismos para seleccionar y capacitar elementos.
Incluso, algunas metas están sujetas a leyes todavía pendientes, como el establecimiento de un sistema nacional de desarrollo policial que incluya el perfeccionamiento en los renglones de reclutamiento, selección, capacitación y promoción de agentes.
Según el escrito, esta no es la primera vez que mandos del Ejército se oponen a esta tarea, que ya el dotar de mejoras armas a las policías ha sido planteado en el pasado en varias ocasiones, pero siempre ha sido rechazado por las fuerzas armadas ante el peligro de armar a delincuentes.
Entre sus argumentaciones, los generales citaron palabras del propio procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora, quien aseguró hace algunos días que la Sedena sólo debe cumplir esta medida en el caso de “aquellos cuerpos policiales que cumplan con los demás compromisos del Acuerdo”, es decir, que pasen por los mecanismos de depuración, de control de confianza, para que sólo así puedan acceder a armamento de mayor potencia y armas automáticas de grueso calibre.
“Pero no se puede poner este tipo de armamento, que nunca ha sido objeto de estas licencias colectivas de portación y uso de armas, para las autoridades policiales locales, cuando no se tiene una certidumbre de que ese cuerpo policial va a responder a los intereses de la ciudadanía”.
Entre los exámenes que tendrían que cumplir los policías para recibir mejor armamento y actualizar sus licencias están los psicológicos, para detectar si cuentan con el perfil adecuado para estas labores, además de la prueba de polígrafo, para encontrar información sobre su pasado o datos sobre una posible relación con actividades delincuenciales.
Los exámenes toxicológicos permitirán saber si son adictos a alguna sustancia psicotrópica, en tanto que los físicos serán para medir sus capacidades corporales y de salud, y los de entorno para conocer su estilo de vida e historia laboral, a fin de descubrir ingresos económicos distintos a los de su actividad policial.