IP se amparará contra la consolidación fiscal

Los empresarios del sector privado rechazaron la decisión de los senadores sobre los cambios a la consolidación fiscal dentro de la Ley de Ingresos, ya que la califican como inconstitucional, retroactiva y perjudicial para las inversiones y generación de empleos, por lo que buscarán amparo y protección de la justicia federal.

injusto. Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que la medida es retroactiva, inhibe la inversión y es injusta, ya que siempre se ataca a los mismos contribuyentes y no a los que están en la informalidad; es por eso que afirmó que los empresarios buscarán un amparo en contra de este sistema.

"El tema de la consolidación es un mecanismo que todos los países de la OCDE lo tienen y precisamente lo que promueven es que un grupo que tiene varias empresas pueda compensar pérdidas con utilidad, es decir, que si está invirtiendo no necesariamente necesita generar impuestos. Si el gobierno quiere eliminar este régimen, pues nos restará competitividad en el país", explicó.

En entrevista, el líder empresarial afirmó que todo el sector del ramo se unirá para recurrir a la protección de la justicia federal por medio del amparo. "Por supuesto que recurriremos al amparo, porque desde nuestro punto de vista la medida es totalmente inconstitucional y nos genera una enorme incertidumbre no nada más a nosotros, sino a los inversionistas que quieren venir a México."

Paredes explicó que los cambios a la consolidación fiscal son retroactivos porque dejan una "enorme" incertidumbre jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, con lo que México se quedará atrás en materia de competitividad internacional.

"Es lamentable que los legisladores no cumplan con lo estipulado en la Constitución; al final del día lo que necesitamos es generar empleos, es de vital importancia apoyar a las empresas y fomentar la creación de puestos de trabajo en el país. Vamos a seguir peleando."

EQUIDAD. Miguel Marón Manzur, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), coincidió con Paredes sobre la búsqueda de un amparo; además, reiteró que la decisión resta competitividad a las empresas nacionales ante las de otros países.

"Vamos a hacer parejo esto para todos, existe una retroactividad en el tema de la consolidación, ya que los legisladores quieren regresar hasta siete u ocho años antes para seguir cobrando, lo cual es inconstitucional ya que todas las empresas actuaron dentro del marco legal", afirmó.

Marón agregó que los empresarios no se oponen a que los diputados y senadores cambien las reglas del juego en caso de ser necesario, pero que lo hagan siempre y cuando sea parejo, equitativo y constitucional.

"México requiere de tomar medidas de mediano y largo plazo, requiere modernizarse, avanzar en reformas estructurales; el sistema tributario como está hasta el día de hoy se encuentra establecido en la ley, pero si consideran que hay algo que no está funcionando, pues que se cambien las leyes", explicó.

PARÁLISIS. El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gerardo Gutiérrez Candiani comentó que es de vital importancia que todos los actores económicos cumplan con sus responsabilidades fiscales, por lo que el cobro de los impuestos deberá ser equitativo.

Asimismo, declaró que el tema de la consolidación es grave ya que "a mitad del partido nos cambian el juego; como lo habían estipulado estaba bien, ya que nos permitía proyectar la inversión y generar empleos".

Gutiérrez Candiani argumentó que los cambios que los legisladores hicieron en la Ley de Consolidación Fiscal no consiguen la reactivación económica y, contrario a lo que argumentan los senadores, no resuelve la situación de las finanzas públicas ni promueve la competencia, el crecimiento y el ahorro.

"Muchos de los socios del sector privado tendrían que ampararse, además de que vamos contra toda la lógica económica de otros países del mundo."

error. Por separado Francisco Macias, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, coincidió con el sector privado en que los cambios en consolidación fiscal son un error, ya que habrá empresas que tendrán dificultades para pagar sus impuestos atrasados.

Macías explicó que la mejor manera para llevar a cabo un cambio en esta regulación era por medio de un pago hacia adelante, es decir, a partir de los impuestos de 2010, ya que el gobierno fue el que pactó el trato con las empresas bajo ciertas condiciones y "de la noche a la mañana, quieres que se pague de un solo golpe".

Y es que las modificaciones que hizo el Senado a las reglas de consolidación fiscal tendrán un costo para las empresas de alrededor de 11 mil 875 millones de pesos para el próximo año.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens dio a conocer la semana pasada que la suma de los impuestos diferidos por 422 grupos, que consolidan cuatro mil 800 empresas, asciende a 47 mil 500 millones de pesos.

Con la propuesta original de Hacienda, la cual estipuló el pago de 60 por ciento del total de las consolidaciones en 2010, el gobierno esperaba una recaudación de hasta 28 mil 500 millones; sin embargo, el cambio en el calendario de pagos que determinó el Senado, de 25 por ciento para el próximo año, reducirá la cifra en 16 mil 625 millones de los pagos que harían las empresas.

En conferencia de prensa, Carstens explicó que los "hoyos" que tienen las leyes fiscales actuales impulsaron la elusión en el pago de impuestos, lo que provoca que las grandes empresas en México sólo pagaran en promedio una tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 1.78 por ciento respecto a sus ingresos acumulables.

El funcionario comentó que "son fáciles de detectar las consecuencias que ha permitido el esquema vigente. Basta señalar que los grandes contribuyentes en México pagaron en promedio, durante 2007 y 2008, una tasa efectiva de impuesto de 1.8 por ciento".

Es por esto que el gobierno federal decidió hacer los cambios necesarios a la ley que posiblemente entrará en vigor desde el primer día del próximo año, para evitar mayores elusiones por parte de los empresarios y así hacer más efectivo el cobro de los impuestos.