Calderón, Alicia y el hilo negro

Tres años después de llegar a Los Pinos, el presidente Calderón descubrió que los grandes corporativos de México pagan menos impuestos que las medianas empresas, que la mayoría de los profesionistas y que los empleados de nivel medio y alto.

La situación de excepción en la que se encuentran estas grandes empresas no era un secreto, ni mucho menos, y eran muchas voces —no sólo la de Andrés Manuel López Obrador— las que señalaban que había que poner coto a los abusos en la consolidación fiscal (y no pocas, las que agregaban sobre la conveniencia de terminar con una gran cantidad de regímenes especiales). Pero sólo hasta hace unos días, como quien encuentra una epifanía, Calderón reveló que pagan sólo 1.7 por ciento de impuestos y calificó la situación de “inaceptable”.

Uno de los caminos a través de los cuales esto se da es la consolidación fiscal. Un corporativo tiene varias empresas; a lo largo del año unas obtienen ganancias y otras tienen pérdidas contables (normalmente porque están invirtiendo), entonces, “para favorecer la inversión” se permite que distintas empresas de un mismo corporativo consoliden sus cuentas para fines fiscales, por lo que las empresas con ganancias reciben un “crédito fiscal” que les permite descontar como propias las pérdidas de las empresas hermanas del mismo corporativo.

El crédito fiscal, como su nombre lo indica, es un préstamo que hace el fisco —en forma de descuento— a los corporativos. La intención de la ley era que ese crédito fuera liquidado cuando las empresas estuvieran en condición de hacerlo. Pero en realidad se entendió como esos créditos que algunos padres (en este caso Papá Gobierno) dan a sus hijos: “Ahí cuando puedas me lo pagas”, en el entendido de que “ahí cuando puedas” quiere decir “nunca”.

Cuando el gobierno federal entra en crisis fiscal, una de las opciones a la mano era recurrir a estos créditos provenientes de la consolidación fiscal, cambiando las reglas del juego. Ahora, en vez de que los créditos sean para devolverse “ahí cuando puedas”, se fijó un calendario para su pago. Las grandes empresas ya habían asumido que no se cobrarían (es decir, que su tasa real era del 1.7 por ciento, en promedio). De ahí el enojo de los empresarios.

En la propuesta inicial del Ejecutivo, se preveía que en 2010 se pagara el 60 por ciento de los créditos fiscales otorgados en 2004. Es decir, tres quintas partes del dinero jineteado durante cinco años. En la que aprobó la Cámara de Diputados, el porcentaje disminuyó a 40 por ciento. Tras la escaramuza verbal entre el Presidente y los empresarios, la proporción terminó siendo del 25 por ciento, lo que —entre otras cosas— nos señala la distancia entre los dichos y los hechos, entre la retórica y la realidad.

Tenemos entonces un gobierno que sabe perfectamente que uno de los pilares en los que descansa la inequidad en la nación y su propia pobreza presupuestaria, está en los beneficios legales que una legislación fiscal a modo —no de gratis es tan compleja— otorga a los más ricos del país. Un gobierno que decide hacer pública esta certeza, pero que de ahí no saca más que reclamos, porque los miembros de su partido en el Congreso lo último que quieren hacer es quedar mal con los poderes fácticos (que demuestran, de nueva cuenta, ser mucho más poderosos que el Presidente de la república).

¿Qué obtiene Calderón de todo ello? La imagen de ser un hombre públicamente preocupado por la desigualdad en el país. Pero también la de ser un Presidente cuyas preocupaciones públicas no tienen reflejo en el accionar del Estado: dice una cosa y pasa exactamente lo contrario. Y obtiene que una parte de la clase empresarial se moleste ante la balconeada, pero no pierda ni un ápice de su poder. La retórica como bumerang.

Así, en los días en los que el Presidente se llena la boca de verdades acerca de los grandes consorcios —y que el SAT hace público, a través de la Cámara de Diputados, un documento que no tiene nombres de las empresas ni precisa el monto de sus créditos fiscales, lo que hubiera sido interesante, porque también entre los megacorporativos hay clases— los grupos de poder hacen eficientemente su trabajo y no sólo logran reducir la proporción a pagar, sino también hacen aprobar la ley que dispone una exención de 5 mil 600 millones de pesos a quienes resulten concesionarios de las nuevas bandas de frecuencia.

Los empresarios argumentan —con toda razón— que ellos cumplen dentro de la ley. No agregan que varios párrafos de la ley están hechos a su conveniencia. Que parte importante de su trabajo legislativo es lograr que en la norma se mantengan intocados los grandes grupos de interés (y que, por ende, se le cargue la mano a los de siempre). Son leyes según las cuales todos somos iguales, pero parafraseando a Orwell, algunos son más iguales que los demás.

Calderón puede denunciar las verdades que quiera (al cabo que ya encontró el hilo negro), a final de cuentas sucederá lo mismo que en Alicia en el País de las Maravillas:

“La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”.

La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién manda... eso es todo”.

fabaez@gmail.com