La ALDF presentó controversia constitucional por la extinción de la empresa eléctrica

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del decreto presidencial por el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro.

El documento entregado en la Oficialía de Partes del Alto Tribunal se sustentó en dos argumentos: la supuesta violación del Ejecutivo a la Carta Magna por decretar la liquidación de la paraestatal sin consulta ni aprobación de la Cámara de Diputados, y las afectaciones al servicio de suministro de energía eléctrica que han tenido los capitalinos.

A nombre de la ALDF acudieron los diputados perredistas José Luis Muñoz Soria y Alejandro Sánchez Camacho.

La presentación de este procedimiento fue aprobada el pasado 22 de octubre, con el respaldo de la mayoría de los legisladores capitalinos, incluido Emiliano Aguilar Esquivel, presidente de la Mesa Directiva.

"Estamos mencionando aquí varios artículos de la Constitución que fueron pasados por alto, creemos que era el Poder Legislativo el que debió haber analizado este caso, en función de la ponencia que hiciera el Ejecutivo, pero no fue así y sostenemos que el decreto es inconstitucional", expresó Muñoz Soria.

Defendió la facultad de la Asamblea para presentar la controversia, "porque somos el legislativo de una de las entidades donde la compañía daba el servicio, somos los representantes de la población de esta parte del país, y el artículo 105 constitucional nos respalda".

La controversia señala que el decreto viola 13 artículos de la Constitución:

1, 14, 16, 25 a 28, 41, 49, 59, 72, 123 y 133.

"Calderón invadió facultades de otro poder, no podía tomar decisiones sobre el patrimonio de la paraestatal sin contar con la aprobación explicita de la Cámara de Diputados", esgrimió Sánchez Camacho.

La liquidación de LFC fue ordenada por Felipe Calderón, vía un decreto, el pasado 11 de octubre.

Será hasta la siguiente semana cuando un ministro de la SCJN decida si la controversia cumple con todos los requisitos legales y la admite para su estudio y posterior presentación de proyecto.