Indolencia de la federación

Si nuestro cacareado Estado de derecho no fuera la entelequia que en realidad es y si las instituciones funcionaran al menos precariamente, Mauricio Fernández Garza hubiera sido el primero en ser llamado a declarar con relación a su certero pronóstico sobre el asesinato de cuatro presuntos secuestradores. Y a explicar, asimismo, las tenebrosas y peligrosas advertencias respecto a su determinación de expulsar la delincuencia del rico municipio que ha empezado a gobernar.

De ese modo, vía de la comparecencia ministerial, hubiera empezado a despejarse la incógnita sobre si este acaudalado y extravagante alcalde con credencial de panista tiene aptitudes parapsicológicas, dispone de eficientes servicios de inteligencia, recibe información del gobernador Rodrigo Medina y aun del gobierno estadunidense, o sólo es un edil irresponsable capaz de tragarse cualquier cuento deslizado mediante un telefonema anónimo.

Se aclararía así, sobre todo, la creciente percepción social de que el munícipe de San Pedro Garza García tuvo participación activa en el asesinato de cuatro personas, entre éstas Héctor Saldaña, El Negro, un delincuente que lo habría amenazado de muerte.

Por el camino de la aplicación de la ley y el funcionamiento de las instituciones se disiparían las fundadas sospechas de que los mexicanos estamos ante el surgimiento desembozado de escuadrones de la muerte, cuerpos de autodefensa, guardias blancas, brigadas de ajusticiamiento u otras indeseables y temibles formas de justicia por propia mano.

Para sanear el denso am-

biente saturado de especulaciones se requeriría, sin embargo, que salieran de su adormecimiento Arturo Chávez Chávez, Fernando Gómez Mont, Carlos Navarrete y otros funcionarios y políticos a quienes compete de manera directa este escabroso asunto. Veríamos entonces en acción a la PGR, teórica encargada de la procuración de justicia; al Senado, supuesto guardián del federalismo; y a la Secretaría de Gobernación, aletargada responsable de la política interior.

Una semana después de la aparición sin vida de los cuatro presuntos secuestradores, los ciudadanos únicamente hemos constatado el tortuguismo de la PGR, que atrajo ––ejercicio probadamente carente de consecuencias–– el caso; la tímida, inocua y rezagada advertencia de la Segob para sancionar eventuales actuaciones al margen, y el total ausentismo de la Cámara alta, donde Navarrete, Manlio Fabio Beltrones y Gustavo Madero están más interesados en la grilla que en cuidar la salud del pacto federal amenazada por alcaldes y gobernadores de toda laya.

Frente a la indolencia institucional, Fernández Garza se da gusto tratando de acomodar sus versiones en un rompecabezas donde nomás no encajan. Un día afirma que se enteró del homicidio por sus servicios de inteligencia; al siguiente, que sus datos le fueron confirmados por el gobernador, y al tercero que se trató de una llamada anónima. Como si un político con mínimo sentido de la responsabilidad ––estamos hablando de Mauricio Fernández, es cierto, pero aún así vale la suposición–– pudiera dar por buena, en asunto tan delicado como un cuádruple homicidio, una llamada de este género.

La paternidad de la idea de conformar grupos de trabajo rudo para hacer limpieza de delincuentes quizá no le corresponde al polémico alcalde de Garza García, ni son sus equipos los que inauguran esta modalidad. Es cosa de mirar, así sea por encima, el escalofriante escenario de ejecuciones chorreante de sangre a lo largo del país, para suponer que en el río revuelto de la guerra contra el narcotráfico hay quienes se le adelantaron. Es él, sin embargo, el primero en hacerlo de manera abierta, admitida y desafiantemente ilegal, y aun con intenciones pedagógicas, entusiasmado por ver cundir su ejemplo a lo largo del territorio nacional.

Mientras las autoridades federales se desperezan poco a poco, Fernández ––según sus propios dichos— no sólo ha conformado grupos de dudosa legalidad, sino que ya tiene resultados de sus expeditivos procedimientos. El jueves les dijo a periodistas de su estado que las extorsiones y las exigencias de pago por derecho de piso cesaron esta semana, a sólo cinco días de la asunción de su encargo.

Entonces, expresó alborozado refiriéndose a los delincuentes, “ya empezaron a entender”. Y añadió ufano: “Me da gusto que entiendan por las buenas”.

Al escuchar al justiciero alcalde sampetrino, resulta inevitable recordar el tétrico aviso colocado sobre dos cabezas humanas, desprendidas del tronco y abandonadas en Acapulco, en junio de 2006: “Una vez más, mugrosos, para que aprendan a respetar Z”.

Se entiende que los habitantes del municipio más rico del país estén cansados de que su terruño se haya vuelto un infierno para los ciudadanos del común, y un paraíso donde los mafiosos pueden pasearse a plena luz del día en un bugatti amarillo, sin que nadie los moleste.

Se entiende también que, agobiados por los secuestros, las extorsiones y la barbarie, aquellos ciudadanos no están ya dispuestos a poner la otra mejilla, convencidos de que una sociedad que consiente, y aun perdona a sus criminales, tarde o temprano acaba gobernada por ellos.

Lo que no se entiende es que, en su desesperación, los habitantes de San Pedro, y a juzgar por el contenido de internet sobre el tema gran parte de los mexicanos, sucumba a la tentación de remplazar la ley y el Estado de derecho por los oscuros procedimientos de Fernández Garza, seguros de que en la guerra todo se vale y sin reparar en las experiencias de otros lares, donde la justicia por propia mano ha derivado en ley de la selva.

Será cosa de esperar para comprobar si los modos de este alcalde panista ––de quien es ampliamente conocida su posición favorable a la pena de muerte y la negociación con narcos, y su confesa juvenil afición a la mariguana–– serán adoptados por otros gobernantes.

Tal vez para entonces las diversas instancias del gobierno federal a las que compete el asunto habrán acabado de bostezar y desperezarse, ante una sociedad angustiada por la inseguridad, la violencia y la sensación de que ha sido abandonada a su suerte.

Entretanto, sólo cabe observar la absoluta libertad con que el panista Fernández Garza zapatea vigorosamente una polka sobre el derecho y las normas de convivencia civilizada.

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