En medio de la pandemia, solo el 1 % de la población interna en los penales estatales del país lograron beneficios de preliberación o libertad condicionada en un intento de las autoridades para impedir la propagación del contagio por COVID-19 en los centros de reclusión pero aún así se han registrado al menos 702 contagios por coronavirus en las prisiones.

Las cinco entidades con mayores casos de contagios son Puebla con 177, Chihuahua con 162, Ciudad de México con 85, Jalisco con 75 y Campeche con 47, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gobernación que entregó al Senado.

La ley de Amnistía Federal que se púbico en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado aún no ha tenido impacto para liberar a personas que están presos por posesión de drogas por hasta dos veces la cantidad establecida por la ley, aborto, robo simple sin uso de violencia o armas de fuego.

Hasta el 24 de agosto se tienen 437 solicitudes de Amnistía, según este reporte.

En abril pasado, el Senado aprobó la Ley General de Amnistía, con la que se busca beneficiar a más de cinco mil personas encarceladas, ya sea por su condición de pobreza y marginación, o por procesos irregulares.

Según el segundo informe que presentó la Secretaria de Gobernación al Senado, al 31 de julio se reportaron un total de 193 mil 513 persona privadas de su libertad en los centros penitenciarios estatales del país.

De ellos se otorgaron preliberaciones a mil 993 internos “como respuesta a la contingencia sanitaria por el COVID” y se confirmaron 702 contagios por el nuevo coronavirus.

Se tuvo registro de 129 mujeres embarazadas, de las cuales, nueve son candidatas a la preliberación pero su expediente está en revisión.

El reporte de la Segob establece que también hay más de seis mil 500 indígenas en el país privados de su libertad por su situación económica o falta de traductores que les orienten en sus derechos o hasta por simple discriminación estructural susceptibles de no haber contado con un debido proceso.

Pra la atención de este tema se instaló una Mesa Interinstitucional con el INPI, la FGR, la CNDH, el IFDP (Instituto Federal para la Defensoría Pública) y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, cuyo propósito es propiciar las condiciones para que se evalúen estos casos con la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de la Unión.

En Chiapas se está evaluando la situación jurídica de personas privadas de su libertad indígenas de Las Margaritas, Bochil y Aldama.

COVID-19 y los Pueblos Indígenas de México

La dependencia admite que las comunidades indígenas enfrentan un rezago en el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales que se ha profundizado con la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

“A fin de identificar los ámbitos de afectación en el acceso a sus derechos y fortalecer las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a los pueblos indígenas, se lleva a cabo el seguimiento de la presencia del COVID-19 en hablantes de lenguas indígenas y los impactos en sus comunidades”, asegura.

ijsm