En el horizonte está la transformación nacional. El objetivo es lograr un cambio de régimen que permita hacer de la honestidad una forma de gobierno y para que el Estado sea el protector de los intereses de la mayoría de los mexicanos

Ricardo Espinoza Toledo*

La pandemia del COVID-19 ha sumido al mundo en desesperante incertidumbre. La vida de las personas se ha alterado irremediablemente. Lo prioritario es preservar la salud tomando las pocas medidas al alcance, porque contagiarse del virus puede ser fatal. Mientras nos aplican la vacuna, el futuro parece acortarse sin darnos cuenta que nosotros somos también sus constructores. La forma de ver nuestra existencia se está modificando. Entre decisiones propias y las impuestas por las circunstancias, la transformación nacional sigue su curso. Y la mirada se mantiene puesta en las acciones del Gobierno federal. Sin precedentes en diversos sentidos, asistimos al advenimiento de un nuevo año esperando lo mejor para todos.

En 2018, la mayoría de los ciudadanos decidió darle el respaldo a una sola fuerza con el propósito de recuperar el Estado capturado por intereses privados, superar el mercado dominado por monopolios y cambiar el crecimiento selectivo sin desarrollo. Durante los dos primeros años del nuevo gobierno se emprendieron acciones fundamentales en esa dirección. Se instrumentaron cambios en materia salarial, laboral, fiscal y comercial; se separó al poder político del económico; se mantuvo la disciplina financiera, sin endeudamiento; se rehízo la reforma educativa de común acuerdo con los maestros; se combatió la corrupción; se creó la Guardia Nacional para proteger a las personas; se impulsan programas sociales amplios; se saneó y recortó el gasto de la administración. De manera simultánea, se desarrollan grandes obras públicas, algunas en asociación con capital privado, proyectos que dan empleo e impulsan el desarrollo, y que contribuirán a la autosuficiencia energética y alimentaria.

El paquete de reformas a la Constitución y a diversas leyes federales aprobado a lo largo de los dos primeros años y las acciones de gobierno sustentan la hipótesis según la cual están sentadas las bases para la transformación del país. Esas reformas son el fundamento de la modificación de un modelo económico que se basaba en administrar los recursos públicos en favor de una élite; ahora se da prioridad a sectores mayoritarios marginados durante mucho tiempo. Ese es también el basamento de un cambio del sistema político, con el combate a la corrupción, la eliminación del fuero presidencial, la revocación del mandato y las consultas populares. El nuevo gobierno se ha dedicado a cambiar muchas de las estructuras políticas y económicas que caracterizaron el periodo anterior.

En México, se puede hablar de la corrupción como sistema por su extensión y profundidad. No hubo ámbito donde los recursos públicos estuvieran exentos de desvíos. En petróleo, en electricidad, en gas, en fideicomisos públicos, en facturas apócrifas, en condonación de impuestos, en subvención a organizaciones privadas, en la apropiación de recursos públicos bajo la forma conocida como Estafa Maestra, en empresas fantasma, en incumplimiento de contratos, en la multiplicación artificial de precios por servicios, en obras nunca concluidas, por el manejo discrecional de los recursos públicos, por la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, por el endeudamiento extremo, porque todos los asociados exigían más y no había presupuesto que los dejara satisfechos. Todo eso sin contar la exacción derivada de la inflación y del aumento galopante de precios del gas, de la luz, de las gasolinas, de los impuestos, de los servicios de salud, del transporte, del peaje, de los alimentos, entre otros. Contra eso ha ido combatiendo el gobierno. Se explica, por ello, la reacción virulenta de quienes se han sentido afectados.

Ahora la mayoría de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema recibe ayuda económica directa que les permite cubrir sus necesidades básicas. Ese dinero va al consumo, circula y permite ampliar el mercado interno. El salario mínimo ha aumentado cada año en proporciones muy superiores a la inflación. Mejorar los niveles de vida de las mayorías es también por el bienestar de todos. En materia de salud, el gobierno mexicano se anticipó a suscribir convenios y contratos con empresas productoras de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Gracias a una fuerte inversión pública, la vacuna será gratuita para todos los mexicanos.

Las encuestas en México gozan de fuerte desprestigio debido a que han tendido a expresar el interés de sus patrocinadores. Las realizadas por medios adversos al gobierno de Morena son, por esa razón, referencias a considerar. Una de ellas le otorgó 44 % de intención de voto a Morena y entre 61 y 65 % de aprobación al presidente de la República (Reforma, 6 de diciembre de 2020), a pesar de los efectos destructivos de la pandemia y de la agudización de la crisis económica.

Los críticos del gobierno han seguido atribuyendo el amplio respaldo popular con el que cuenta, a percepciones erradas de las personas, contrarias a las interpretaciones negativas que ellos resaltan. Lo más probable, sin embargo, es que la mayoría de los ciudadanos registre los hechos en sentido opuesto al de aquéllos, no como resultado de una ficción artificiosa, sino como expresión tangible de una situación muy distinta a la experimentada con los gobiernos anteriores. El desfase se da entre la opinión publicada en los medios de comunicación comerciales y la voz de la mayoría de los ciudadanos. Como las opiniones se expresan sin cortapisas ni límites, estamos en camino de construir mecanismos para un diálogo social hasta ahora inexistente entre nosotros.

En el horizonte está la transformación nacional. El objetivo es lograr un cambio de régimen que permita hacer de la honestidad una forma de gobierno. El modelo diseñado es una economía de mercado donde un gobierno democrático promueva en cada etapa el proyecto nacional y haga efectivos los derechos sociales y civiles de una Constitución creada para lograr una asignación socialmente justa de los recursos. El paso necesario es modificar la red de instituciones, principalmente la estructura de poder, para que el Estado sea el protector de los intereses de la mayoría de los mexicanos.

Que 2021 sea también el año de su plena realización.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana