Opinión


3 de 3 contra la violencia de género

3 de 3 contra la violencia de género | La Crónica de Hoy

Los datos estadísticos oficiales sobre la violencia en contra de las mujeres por razones degénero no pueden ser más alarmantes, agraviantes e indignantes: 11 feminicidios al día y,según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero aseptiembre de este año se abrieron 166,810 carpetas de investigación por delitos deviolencia familiar (4,879 más que en el mismo periodo de 2019) y por delitos de violaciónsexual, 12,241carpetas de investigación, dando cuenta de que 44 mujeres son violadasdiariamente. La más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en losHogares (ENDIREH) de 2016, confirma esta circunstancia, al revelar que 43.9% de lasmujeres en nuestro país sufren de violencia de pareja.

Por ello, resulta muy relevante que el INE haya aprobado hace unos días los Lineamientos 3 de 3 contra la violencia de género, para que los partidos políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección a firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde manifiesten que no han sido condenados o sancionados por: 1) violencia familiar o doméstica, 2) delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como 3) no estar registrado como deudor de una pensión alimentaria.

Con estos lineamientos, el INE se hace eco de una propuesta suscrita por el grupo denominado “Las Constituyentes Feministas” que agrupa no sólo a legisladoras federales y locales, sino a integrantes de organizaciones feministas y a activistas de derechos humanos que buscan que las directivas de los partidos políticos se comprometan a adoptar medidas para dejar fuera de sus listas de candidatos a quienes hayan sido sancionados por cualquiera de las tres modalidades de violencia de género.

Es cierto que una altísima proporción de las denuncias por violencia contra las mujeres no derivan en castigos, debido a la muy elevada tasa de impunidad que existe en nuestro país, es decir, no se espera que los lineamientos transformen de inmediato conductas arraigadas, sin embargo, se trata de un ejercicio que dará visibilidad y relieve al tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, ni más ni menos que en el ámbito político-electoral, de cara a las elecciones del año entrante que serán las más grandes —por volumen de cargos a elegir— de nuestra historia.

Estos 3 de 3 contra la violencia de género recuerdan al importante movimiento de la sociedad civil organizada, que en 2016 logró juntar en todo el país más de 640 mil firmas a favor de la primera iniciativa ciudadana que popularizó el #3de3 para que políticos y candidatos hicieran públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses y su comprobante de declaración fiscal, que para ese entonces, no era obligatorio publicitar. La iniciativa derivó en la promulgación de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en el contexto de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.

El éxito de aquella gran coalición ciudadana que se empeñó en elevar las exigencias de transparencia sobre funcionarios y políticos explica que la fórmula #3de3 se haya convertido en una marca que identifica una presión social sobre los actores políticos.

El hecho de que los candidatos a cargos de elección se obliguen a presentar una declaración de no existencia de antecedentes penales por cualquiera de los tipos de violencia en contra de las mujeres, o a no tener adeudos alimentarios es sólo un primer eslabón en la cadena de acciones que deberían asumir los partidos políticos para demostrar su compromiso con la lucha en contra de la violencia por razones de género.

El siguiente paso sería dar a dichos lineamientos la fuerza de una legislación, incorporando a la ley electoral la obligación de presentar el mencionado formato como parte de los requisitos de elegibilidad para cualquier cargos de elección. De hecho, algunos congresos locales como Chihuahua, Estado de
México, Jalisco, Oaxaca y Puebla ya han legislado al respecto y los lineamientos del INE podrían servir de palanca para activar el compromiso de los legisladores federales.

Por supuesto que los lineamientos y la eventual legislación están lejos de ser suficientes para enfrentar el gravísimo problema de las variadas modalidades de violencia en contra de las mujeres, incluso en el terreno de la política. Las distintas medidas tienen que ser parte de una estrategia más ambiciosa que, idealmente, deberían liderar los partidos políticos, porque las demandas no son nuevas. Hay que recordar que hace tres años, en el contexto de las elecciones de 2018, los partidos firmaron una declaración de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por la ONU, con la cual se obligaron a 5 acciones: promover los derechos de las mujeres en sus plataformas políticas; capacitar a sus candidatos en materia de no discriminación; garantizar la paridad de género en sus órganos directivos; impulsar mecanismos de prevención frente a la violencia dentro de sus organizaciones y a verificar que en las campañas electorales, las mujeres tuvieran acceso a recursos en igualdad con los hombres. Estas medidas tendrían que replicarse en cada contienda electoral si aspiramos a que se conviertan en prácticas cotidianas y regulares.

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