Los mexicanos hemos tenido siempre una relación ambigua con la ley. No la solemos ver como una herramienta efectiva para defendernos de las arbitrariedades y los abusos del poder, sino como un arma en manos de los poderosos para imponer sus deseos y ambiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, demandamos con insistencia que se cumpla la ley y se haga justicia; vemos a la ley con reservas, pero, paradójicamente, es nuestro referente de protección.

Tradicionalmente, el discurso oficial ha estado arropado por la invocación del respeto a la ley. Cada vez que se viola una disposición legal, o se comete algún delito, las autoridades afirman machaconamente que se aplicará la norma a todos por igual, caiga quien caiga, justamente porque ese es el fin último de la ley.

En este sentido, el discurso del gobierno actual no se ha apartado de esa tradición “legalista” de nuestro régimen político y el presidente López Obrador insistió durante su campaña que “al margen de la ley, nada y, por encima de la ley, nadie”. Sin embargo, hay un cambio nada trivial, ya que, en la práctica, con frecuencia, las decisiones de gobierno parecen contradecir esa invocación al imperio de la ley, contraponiéndola, ya sea, a la aplicación de la justicia, o al acatamiento de la voluntad del pueblo. En esos casos, se manda al diablo a la ley, porque estorba a la visión particular de lo que es un gobierno en el que “el pueblo manda” y en el que se antepone dicha voluntad a la vigencia de la ley. Dicho de otra manera, es la subordinación de la ley a los fines del proyecto político que emana del pueblo.

Esta concepción de la ley que puede desplazarla a un segundo plano, parece haber privado en la sentencia de la SCJN que analizó la constitucionalidad de la consulta popular para someter a la acción de la justicia a cinco ex presidentes de la República. En mi opinión, el sentido de la resolución de la Corte puede resumirse a una búsqueda a toda costa de que la ley no fuera una barrera para el proyecto político del gobierno de que la voluntad popular determine la orientación de la justicia. Entre argumentos poco consistentes y afirmaciones abstractas en defensa de la democracia participativa, la mayoría de los ministros renunció a hacer una robusta argumentación jurídica sobre los principios constitucionales que estaban en juego en la propuesta original de consulta popular -como sí lo hicieron los ministros que plantearon la inconstitucionalidad de la consulta. Al modificar la pregunta para hacerla ambigua, confusa e incomprensible, se le dio la vuelta a la constitución. Preguntar a los ciudadanos si deben llevarse a cabo acciones pertinentes para esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, está lejos de referirse al juicio a los ex presidentes. El cambio drástico de la pregunta original es la prueba fehaciente de que ésta restringía derechos y garantías como la presunción de inocencia y el debido proceso, tal como lo estableció el Ministro ponente, Aguilar. Para respaldar el proyecto político del presidente López Obrador de mantener abierta la convocatoria a la movilización ciudadana, se optó por no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta original, para dejar viva la consulta popular. La mayoría de la Corte ignoró su postura jurídica de tribunal constitucional para actuar políticamente.

Aún está pendiente la discusión sobre la fecha en la que habrá de realizarse esta primera consulta popular. De nueva cuenta, la propuesta presidencial es que se realice el mismo día de las elecciones del 6 de junio de 2021, tal como lo establece la Ley Federal de Consulta Popular, sin embargo, el artículo 35 constitucional, que fue reformado en noviembre de 2019, modificó la fecha para realizar las consultas el 21 de agosto, a fin de atender el reclamo de los partidos de oposición de que AMLO no estuviera en la boleta.

Está claro que la Constitución se impone sobre la ley secundaria, que no ha sido actualizada, empero, dirigentes de Morena han insistido en la conveniencia de realizarla el mismo día de la elección para evitar el gasto adicional de organizar dos procesos nacionales en un plazo de apenas dos meses y medio. Se les olvida que el fondo del asunto no es de gasto, sino de aplicación del mandato constitucional; tampoco es un tema de acuerdo político.

El INE ha calculado, de forma preliminar, que la consulta popular costaría cerca de 8 mil millones de pesos. Si lo que estuviera en juego en este ejercicio de participación ciudadana fuera una materia relevante para el futuro del desarrollo del país y no un asunto difuso y confuso que nadie alcanza a vislumbrar en qué derivaría su aprobación, bien valdría la pena el gasto. En un contexto de emergencia y de graves restricciones económicas, la consulta popular con la pregunta modificada es un capricho presidencial que, como ya vimos, está erosionando nuestra frágil seguridad legal.