La Alianza federalista que integran 10 gobernadores alista una serie de controversias constitucionales para presentarlas esta semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de revertir la extinción de los 109 fideicomisos al considerar que sus efectos negativos son cuantiosos e incalculables en daño y afectaciones contra millones de mexicanos.

El primer objetivo de la estrategia legal es lograr la suspensión del acto reclamado, es decir, que la Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los 109 fideicomisos (más de 68 mil millones de pesos) en la Tesorería de la Federación hasta que se resuelva el fondo de la controversia, a riesgo de volver irreparable el daño.

El segundo objetivo y el más importante, es que la justicia federal declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y la deje sin efectos, explicaron

“Nadie se salvará del tsunami de su devastación. La extinción de fideicomisos viola principios y preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro a incontables mexicanas y mexicanos”, advierten

La reforma que extingue fideicomisos –agregan--confisca derechos adquiridos de gobiernos, organizaciones y personas. Trunca proyectos públicos y privados; de vida y familia, de ciencia y justicia; de cultura y deporte; de sustento y salud.

“Condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y auditados, a un manejo discrecional y opaco”, acusan

Hace unas semanas la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y el Senado extinguieron 109 fideicomisos con lo cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá disponer de 68 mil millones de pesos.

INUMERABLES LIITGIOS

Los gobernadores de la Alianza Federalista advirtieron que muchos de los recursos que concentraban los 109 fideicomisos son privados, de origen nacional o internacional; otros son públicos, pero emanados los Estados y municipios, por lo cual se avecinan “innumerables litigios, costos e indemnizaciones” contra el gobierno federal.

“Como gobernadores estamos obligados a velar por el bien de nuestra gente y su forma y calidad de vida; por nuestros municipios y su gobernanza; por nuestros Estados y su viabilidad; y por la salud política de la federación misma. Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y afectados”, explicaron

Las controversias constitucionales, preparadas por los equipos jurídicos de cada uno de los Estados que integran la Alianza Federalista, operan en dos niveles de impugnación: uno abstracto, que combate la violación de principios y preceptos constitucionales; y otro, concreto que desarrolla conceptos de invalidez por cada uno de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas a cada estado.

Paralelo a estas acciones, se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones parlamentarias del propio Congreso de la Unión y la vía de amparo al alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, como, por ejemplo, los damnificados sin el cobijo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)