El caso de Julian Assange no sólo es emblemático para la defensa del periodismo y la libertad de expresión, asunto, y en particular sobre este caso, que a muy pocos colegas les preocupa (yo diría que casi a los mismos) pese a su gravedad.

En estricto sentido, lo que está en juego es una decisión arbitraria y concentrada en un puñado de juzgadores vinculada con actividades en las que todos participamos en mayor o menor grado, desde que el trabajo, la información y desde luego la comunicación, atraviesan por un entramado digital.

La posibilidad de condenar a cadena perpetua a un individuo que hizo lo que todos hacemos: distribuir datos y solicitar agentes y agencias para que los procesen en función de su relevancia, es el más disparatado propósito que lamentablemente está cobrando forma de serpiente para amenazar e infundirle miedo al periodismo libre.

La distribución y el procesamiento de datos por la red se encuentra presente en la mayoría de las actividades que desarrollamos profesionistas, técnicos, estudiantes y muchos mortales que hacemos trámites que requieren de la red. Desde mandar un tuit con una hojita doblada y amenazar a una nación, hasta generar un gráfico a partir de un archivo de Excel; todos distribuimos información y la interpretamos o dejamos que otros lo hagan, con ayuda de programas y dispositivos adecuados.

En estricto sentido, por eso se le quiere condenar al fundador de WikiLeaks. La información que puso a disposición de varios medios para que la procesaran y dieran a conocer, reveló una grosera violación a los derechos humanos en el mundo, un abuso de poder en varios ámbitos de decisión política nacionales e internacionales y casos de descomposición de funcionarios en varios países: crímenes de guerra, corrupción y supervigilancia masiva, temas de inminente interés público como lo plantea Fidel Narváez, exconsul de Ecuador en Gran Bretaña, están en el fondo de esta condena.

Y mientras ésta llega a su término, el colaboracionismo del ecuatoriano Lenin Moreno y Teresa May ha conseguido que Julian Assange presente todos los síntomas de tortura psicológica y desgaste físico según Nils Melzer, relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas.

Para Jennifer Robinson, abogada del australiano, la extradición representaría una flagrante violación al derecho internacional, porque se trata de un ciudadano que no es estadunidense y no puede ser juzgado con las leyes de ese país y menos a partir de interpretaciones caprichosas tras la cuales no sólo se inhibe y amenaza el ejercicio periodístico en cualquier parte del mundo, sino que se les da el espaldarazo a megacorporaciones concentradoras de información para que sigan operando discrecionalmente en sofisticados sistemas de recopilación y manejo de datos con absoluta opacidad, rastreando prácticamente todos nuestros hábitos y cada vez de manera más sofisticada. Eso es lo grave. El peligro está en esos piratas friendlys a los que la mayoría recurre, incluso para visibilizar casos como éste, a pesar de que sus políticas para cerrar o suspender cuentas son de una arbitrariedad algorítmica y un cinismo apabullantes, en los que no hay responsables de ningún tipo, y mucho menos mecanismos de apelación ágiles.

Cierro con un pequeño ejemplo: la cuenta que abrimos un grupo de vecinos para dar a conocer las graves irregularidades en torno a un ecocidio en Tlalpan: @cvsux, ha sido suspendida o pudo ser hackeada. Quien abrió y administra la cuenta, nos comenta por WhatsApp que desde su teléfono y su computadora, ha solicitado información sobre los motivos de la suspensión y el silencio, la no respuesta, es la constante. Esas agencias de distribución de información y conocimiento que operan con amplios márgenes de impunidad, son monopolios a los que les viene muy bien el tipo de amenazas que acechan al periodismo libre.

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