Las necesidades políticas, al ser satisfechas,

redundan muchas veces en equivocaciones políticas.

George Bernard Shaw

Pasaron casi 100 años desde que en la Constitución Política de 1917 se estableció la figura del Procurador General subordinado al Ejecutivo Federal, hasta el año 2014 en que la PGR transitó, en el mismo artículo 102 constitucional, a una Fiscalía General de la República, pero esta vez dotada de autonomía, independencia y no subordinación a ningún otro poder.

Cuatro años después, en diciembre de 2018, se publicó la Ley Orgánica de la FGR con la que inició el proceso para elegir al Fiscal General. En esta ocasión ya no fue una decisión unilateral del Ejecutivo. El Senado integró un listado de 10 candidatos que envió al Ejecutivo Federal para la selección de una terna remitida nuevamente al Senado para que con el voto de las dos terceras partes se eligiera al primer Fiscal General autónomo en la historia de México. Una designación que antes era discrecional e inmediata a cargo de un solo hombre, ahora fue un proceso de selección colegiado que se llevó treinta días.

La transición a Fiscalía autónoma no sólo era necesaria en sí misma sino también para sintonizarse con las reformas constitucionales de 2008 en torno al sistema se seguridad pública y de justicia penal y de 2011 en materia de derechos humanos.

La apuesta por la autonomía siempre fue clara: desterrar de una vez por todas “la línea” siempre sesgada que daba el presidente en turno. La PGR fue en muchas ocasiones un brazo armado para servir los intereses políticos o particulares y no necesariamente encargarse de su función esencial social de hacer valer el Estado de Derecho.

Por eso cuando hace ya más de 6 años se alcanzó la autonomía de la naciente FGR, festejamos ese suceso porque supusimos que se trataba del inicio de una nueva era en la que la que la Fiscalía trabajaría asuntos de Estado investigando profesional y objetivamente todos los que fueran de su competencia y no sólo unos cuantos ni por encargo.

El caso de Emilio “L”, probablemente la insignia del sexenio hasta ahora, no se caracterizará por ser precisamente un proceso aseado. Desde su ansiada extradición, su atención hospitalaria de lujo, sus multi especuladas declaraciones, la transformación de su calidad de imputado y testigo colaborador a denunciante, la filtración de videos y un largo etcétera que por ahora se encuentra en puntos suspensivos, ya no sabemos en dónde estamos y todo gracias a que la Fiscalía ha estado más preocupada por atender las indicaciones políticas del Jefe de Estado que ha querido disfrazar con la bandera de la libertad de expresión. Y eso que según el presidente de la República no ha hablado en seis meses con el Fiscal General. ¡Pero claro! No hay necesidad de levantar el teléfono si el mensaje que se quiere transmitir se emite en cadena nacional.

De verdad es frustrante que la autonomía de la FGR se esté muriendo de nada antes siquiera de florecer. Están regalando su independencia. Lejos de aprovechar la oportunidad de oro para recuperar un poco de la confianza perdida en nuestras instituciones se está socavando desde dentro.

El caso de los linchamientos que en las últimas semanas han cobrado atención mediática han dejado otra vez al descubierto parte de nuestra naturaleza. Somos seres “racionales” sólo la mayor parte del tiempo y ese ímpetu a veces morboso y vindicativo, es bien conocido por nuestros gobernantes. Saben que queremos ver “sangre” y eso nos dan. Así ocurre ahora con el despampanante y manoseado caso de Emilio “L”.

En su obra Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Ferrajoli afirma que el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político, que alcanza incluso para justificar abusos y para deslegitimar críticas y controles. A pesar de referirse al sistema político italiano, esa postura ensambla perfectamente en nuestro modelo. La sed de justicia ciudadana, que no ha podido saciarse eficazmente por los canales institucionales, intenta ser apagada con sacrificios en el patíbulo, pero la aprobación o ejecución de actos de violencia o jurídicamente indebidos, no es justicia. Así como vamos, a la FGR le viene muy bien su denominación actual porque no procura justicia, si acaso la administra.

Profesor de la Facultad de

Derecho de la UNAM

Twitter: @capastranac