BITÁCORA CIUDADANA

Año 2, día 46 de vuelo desde Ítaca.

Sorpresas y Sorprendidos

Alguna ocasión, siendo un estudiante de secundaria, escuché una plática entre las mamás de mis amigos en la que una de ellas refería: “Deberiamos ser como en EEUU; allá la gente si les parece que un producto es muy caro o no tiene calidad, lo boicotean y nadie lo compra”. “Pero aquí, los mexicanos somo unos dejados y por eso nos venden lo que quieren y a precios muy altos”.

La creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los años 70, se diseñó con un modelo innovador para nuestra cultura, pero tuvieron que pasar muchos cambios culturales para reconocernos como una sociedad responsable en su consumo, en el trato a sus consumidores y en la protección de sus derechos.

Seguramente recuerdan expresiones como “Nos Reservamos el Derecho Admisión” o “Se prohíbe la entrada a Mujeres y Uniformados”, que se colocaban en la entrada de algunos establecimientos o en la propaganda para ingresar a discotecas. Lo mismo ocurría con las limitaciones impuestas por los dueños de establecimientos que colocaban líneas de acceso y personas (cadeneros) para segregar, según sus criterios, a quienes deseaban entrar a su negocio.

Estas acciones se incrementaron con la firma del TLCAN y se hicieron comunes las apropiaciones de playas y zonas turísticas que restringían generalmente al turismo nacional. Sin embargo, la condena mundial del Apartheid en Sudáfrica, que cocluyó con la liberación de Nelson Mandela en 1990, abrió una tendencia internacional contra el racismo y todas las formas de segregación por razones de religiosas o sexuales.

Con la aperura de los mercados llegaron una cantidad de nuevos productos cuyas calidades empezaron a desplazar a muchos prductos nacionales. Dos casos emblemáticos fueron los juguetes y los zapatos. Los productos Lili-Ledy y las Zapaterías Canadá (hoy desaparecidas) hegemonizaron y controlaron, por décadas, a los consumidores donde se distinguían los pocos niños que sus padres les podían comprar en EEUU o de contrabando dichos productos.

Actualmente vivimos un momento completamente distinto, se revisan regularmente los etiquetados y la publicidad engañosa. Han dejado de transmitirse programas televisivos que patrocinaban golosinas mediante concursos en lo que participaban niños y padres de famiia. Se dejaron de promover acciones a favor del consumo de tabaco y alcohol. También se dejó de manejar la figura femenina como la promotora de electrodomésticos, artículos de limpieza y elaboración de alimentos o como objeto sexual representando productos como camisas y trajes para caballero o con autos último modelo.

Pero a pesar de todos los avances, no han sido los consumidores organizados los que han obligado a que los empresarios, con sus productos o servicios, cambien sus conductas o mejoren su calidad y precios. No hemos logrado, del todo, lo que decía la madre de uno de mis amigos de secundaria.

Aunque hay experiencias de demandas colectivas que deben ser reconocidas quiero destacar la que viví con los compañeros de la Asociación Nacional de Condominos y Vecinos AC (ANCOVE). En los principios de la década pasada, los habitantes de unidades habitacionales que tenemos servico de gas natural sufrimos un incremento en las tarifas y empezamos a reaccionar contra la empresa, entonces en manos de Gas Fenosa, filial española que tenía la concesión para prestar el servcio en la Zona Metropolitana del Valle de Méxcio. Nuestra protesta nos llevó a reunirnos con la Comisión Reguladora de Energía para que nos explicara las razones por las que autorizaron el aumento en la distribución de gas natural doméstico y emprendimos una demanda colectiva ante la Profeco.

Nuestras acciones lograron frutos y hacia 2005-2006 establecimos acuerdos para que aparecieran en nuestros recibos gráficas de consumo, las variaciones de las unidades con la que se calculaba el precio del gas, separado del costo de distribución, además de exigir que en la compra de los seguros de garantía de los precios fijados internacionalmente se considerara la amortización de los excesos o las ganacias para mantener la estabilidad en la tarifa final al cosumidor. Adicionalmente la Profeco impuso multas por las alzas y por cobros no establecidos previamente como mantenimiento general o domiciliado sin que se hubiese efecuado.

Puedo decir que durante años no hemos vuelto a tener variaciones significativas, ni generalizadas. Pero es de llamar la atención que los ciudadanos siguen optando por ver los problemas de servicio como un asunto particular y al hacerlo carecemos de poca capacidad para enfrentarnos a las empresas que, regularmente, cuentan con despachos de abogados y empleados para atenuar o focalizar los conflictos.

Organizarse para defender nuestros derechos como consumidores no debe significar romper con las reglas básicas de un contrato en las que las partes se obligan a cumplir con un determinado producto o servcio a cambio del pago de un precio o una tarifa. Es decir, los consumidores podemos organizarnos para exigir con la calidad y condiciones establecidas y estamos en posibilidades de no pagar directamente a la empresa en tanto estemos en litigio, pero no es correcto organizarnos para evitar responsabilidades porque eso sería un probable delito.

En suma, en este largo viaje hacia la democracia política en la que hemos logrado que de verdad se respete la voluntad expresada en las urnas, también hemos tenido un largo viaje en tener una ciudadanía plena que defienda a cabilidad sus derechos, sin romper con el estado de derecho. Conocer nuestras instituciones y las posibilidades legales no es un tema de abogados, sino de voluntad de asumir la ciudadanía y establecer una relación de respeto con nuestros gobernantes y con todos aquellos que establecemos una relación económica o social en la que tenemos derechos y responsabildades. Puede haber sorpresas, pero en estos temas no debe haber sorprendidos.

Twitter: @UlisesLaraCDMX