Opinión


El combate a la corrupción: única vía para reconstruir la confianza en el Estado

Compartimos un fragmento del capítulo “Combatir la corrupción: ¿cómo volver a confiar en el Estado?”, incluido en el título Derecho administrativo, que forma parte de la colección Pensamiento Jurídico Contemporáneo de El Colegio Nacional, ya disponible en librerías.

El combate a la corrupción: única vía  para reconstruir la confianza en el Estado | La Crónica de Hoy

Ya no podemos dar más la espalda al problema de desconfianza que sufre el país. #FueelEstado pone de manifiesto la percepción generalizada de que el Gobierno es corrupto y los funcionarios, impunes. Ante las frecuentes noticias de conflictos de intereses, enriquecimientos injustificados de servidores públicos u obras públicas inexistentes, a pesar de haber dispuesto de los recursos de la nación, debemos reconocer que el espacio público está en riesgo y que así lo percibe la ciudadanía. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional, en 2014 México ocupó el lugar número 103 (junto con otros tres países: Bolivia, Nigeria y Moldavia) de un total de 175 países y territorios evaluados. La puntuación de México para ese año fue de 35, en donde 0 significa que el país es percibido como altamente corrupto y 100 como muy transparente.

Esta desconfianza es resultado de los procesos de privatización de lo público que se expresan en la corrupción, en el surgimiento de formas de patrimonialismo, de clientelismo y que son signo de crisis del Estado. Tal situación pone en entredicho el sistema de responsabilidades del orden jurídico mexicano. La percepción es que éste ha resultado ineficaz para combatir la corrupción. Tampoco ha logrado inspirar el actuar probo y honesto en los servidores públicos de modo que la ciudadanía pueda confiar en sus autoridades. Hasta hoy (2016) son muy pocos los servidores públicos procesados bajo el actual régimen de responsabilidades, a pesar de la creciente percepción de que actos de corrupción se producen constantemente en todos los niveles de gobierno. Sólo como ejemplo, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de los más de 1.6 millones empleados de la administración pública federal:

Entre el primero de diciembre de 2012 y el 30 de junio del presente año [2013], la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF) que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades.

Del total de las medidas sancionatorias, se han inhabilitado a 909 funcionarios, se han suspendido a mil 391 y se han aplicado amonestaciones entre públicas y privadas a mil 953 servidores públicos.

Las principales causas de los procedimientos disciplinarios impuestos por la SFP son la negligencia administrativa, la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y la violación a las leyes y normatividad presupuestaria.

Faltas que parecen limitarse al cumplimiento de requisitos formales con muy poca conexión con las denuncias de corrupción en los medios de comunicación, desde los conflictos de interés o los moches en las obras públicas.

Ante este panorama, en mayo de 2015 se reformó la Constitución mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el transitorio de este decreto de reforma ordena que en un año deberán estar emitidas las leyes secundarias. Diversos expertos han señalado la necesidad de cambiar más de veinte leyes que van desde el servicio civil de carrera, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación hasta las compras gubernamentales. Sin embargo, quizás el reto más importante sea el rediseño del sistema de responsabilidades, ya que el actual ha probado su ineficacia, pues está limitado a señalar obligaciones poco claras que redundan en la revisión de formalidades, imputables casi en exclusiva a mandos medios y bajos de la administración pública. Es un sistema que concibe la corrupción como el resultado de las acciones de un puñado de hombres malos.

En efecto, desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 1917, el sistema de responsabilidades previsto en ella se limita a enunciar un conjunto de procedimientos sancionatorios y un catálogo confuso de obligaciones, hechos ilícitos y delitos imputables a servidores públicos.

El libro forma parte de la colección Pensamiento Jurídico Contemporáneo de El Colegio Nacional, donde José Ramón Cossío encabeza el ciclo Los problemas nacionales y el derecho.

 

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