La semana que recién concluyó fue la última de trabajo en el Congreso de Estados Unidos. Por ello, en sesiones maratónicas, luego de aprobar los artículos o acusaciones de desafuero, la Cámara baja de ese organismo dejó todo listo para que a la vuelta de enero inicie —luego de que se cumplan las formalidades del caso— el juicio político de Donald Trump en el Senado.

No es difícil asumir que el juicio político no logrará destituir a Trump. No es que falten argumentos; es que a los demócratas les faltan los votos necesarios para lograrlo, pues los republicanos han cerrado filas, movidos más por el miedo a que Trump promueva a otros candidatos dentro de su partido en las elecciones de 2020, que por una idea sincera que pudiera librar a Trump de su responsabilidad en los dos cargos que se le imputan: abuso de poder y obstrucción de los trabajos del Poder Legislativo de EU.

Los cargos podrían parecer poca cosa cuando se consideran todos los delitos detallados tanto en el reporte que Robert Mueller publicó, como en las audiencias que la Cámara de Representantes realizó para conocer los alcances de la presión que Trump ejerció contra Ucrania, pero —hasta donde es posible observar— la idea de limitar los artículos o acusaciones del desafuero a esos dos cargos muy generales, hará más costoso para los republicanos en el Senado exonerar a Trump.

Si en lugar de actuar así, se hubieran incluido más acusaciones contra Trump, sería necesario celebrar más audiencias y el juicio político podría interferir tanto con la campaña presidencial (en la que están involucrados los senadores demócratas Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker y Amy Klobucha), como con los trabajos de congreso de EU durante un mayor periodo.

Al limitar las acusaciones a esos dos ar­tículos, se garantiza un proceso relativamente rápido, en el que los republicanos encontrarán más difícil justificar su voto para rescatar a Trump, pues hay abundante evidencia de que Trump ha abusado su poder en repetidas ocasiones y de que ha obstruido los trabajos del Congreso, como lo demuestra su negativa a permitir que funcionarios y exfuncionarios del poder ejecutivo rindan testimonio ante los comités del Congreso que han pedido durante los últimos tres años la participación de esas personas.

Es importante recordar que, aunque en 1998 Bill Clinton fue exonerado por la entonces mayoría demócrata en el Senado, los demócratas de todas maneras pagaron un precio por los excesos —de otro tipo, pero excesos al final de cuentas— del presidente saxofonista. Clinton no pudo cerrar con broche de oro su gestión como presidente dos años después y su vicepresidente, Al Gore, evitó hacer referencias a Clinton durante la campaña e incluso evitó que se le viera como cercano a Clinton para que no se le asociara con los excesos que, a querer o no, salieron a la luz durante el desafuero del exgobernador de Arkansas.

Trump enfrenta, además, problemas adicionales: a pesar de que las cifras de desempleo son de las más bajas en la historia reciente de EU, mucha gente debe tener dos o tres empleos para sobrellevar la situación, y la torpe guerra de aranceles con China, Canadá, México, Francia y otros países, ha de­salentado la inversión y el comercio global, lo que explica mucha de la desaceleración que vemos en la actualidad en EU, México y otros países.

En ese sentido, habrá un costo político para Trump. Lo único que no sabemos es qué tan profundo será ese costo y si servirá para que los demócratas ganen el voto popular y, sobre todo, el colegio electoral en la elección del año próximo.

Manuel Gómez Granados

manuelggranados@gmail.com