Opinión


El general y nuestro laberinto

El general y nuestro laberinto | La Crónica de Hoy

Si son ciertas, las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos indicarían una avasalladora influencia del narcotráfico. De comprobarse, esas imputaciones señalarían un enorme hueco en la seguridad del Estado mexicano pero no únicamente en los gobiernos anteriores sino posiblemente ahora mismo, en vista de que varios de los altos mandos del Ejército en la actualidad fueron colaboradores del general Cienfuegos. En caso de que sea culpable habría sido protagonista de una enorme simulación: pocos secretarios de la Defensa han sido tan enfáticos para defender la integridad del Ejército como el general ahora inculpado.

Condicionadas a que las denuncias contra el general estén respaldadas en hechos ciertos, las implicaciones de su detención el jueves 15 por la noche en Los Angeles son gravísimas. Si resulta que el general Cienfuegos fue protector de narcotraficantes, estaríamos ante el peor caso de infiltración del crimen organizado en nuestras estructuras de seguridad. Si la DEA lo aprehendió sin pruebas sólidas, se trataría de un golpe al Estado mexicano que sería difícil considerar como resultado solamente de un descuido.

Hasta ahora no se conocen evidencias de complicidad del general con el narcotráfico. La información disponible proviene de filtraciones del Departamento de Justicia de aquel país a periodistas estadounidenses y mexicanos. Se dice que a Cienfuegos se le mencionó en una conversación registrada por la DEA. Otras versiones indican que su nombre aparece en mensajes entre capos del narcotráfico o, incluso, se habla de mensajes de él. Una más, relata que agentes estadounidenses llevaban meses tratando de identificar quién era “El Padrino” a quien se habían referido varios delincuentes, cuando un individuo que estaba siendo vigilado exclamó que ese personaje estaba en ese momento en la televisión; así supieron que se trataba de Cienfuegos, según el relato de The New York Times.

Al general lo acusan de “conspirar para fabricar y distribuir” sustancias ilegales. Tendría que haber registros financieros, testimonios de cómplices, comunicaciones por diversos medios, datos de cargamentos y venta de droga. Hasta ahora no se conoce nada de eso. Lo que sí se ha dicho es que la orden de arresto contra Cienfuegos fue expedida por un Gran Jurado en Brooklyn desde el 14 de agosto del año pasado. El gobierno de México no estaba enterado de esas acusaciones.

La ausencia de pruebas conocidas obliga a la cautela. Por lo pronto circulan centenares de textos periodísticos en donde al general se le considera culpable y se hacen elaboradas especulaciones sobre vínculos con grupos de la delincuencia organizada. Hoy no sabemos si el general es culpable, o no. Hay un proceso judicial que sería preciso seguir con mucha escrupulosidad antes de aprovecharlo para descalificar la gestión de Cienfuegos —y de Enrique Peña Nieto, durante cuyo gobierno encabezó al Ejército— o la gestión de López Obrador que conserva mandos y redes del organigrama de la Sedena que funcionaron en el sexenio anterior.

Más allá del juicio en Brooklyn pero a partir de él, se puede reconocer que nuestras fuerzas armadas, igual que cualquier otra institución que se enfrenta con la delincuencia organizada, no están al margen de la corrupción engendrada por el narcotráfico. La connivencia de algunos mandos militares no involucra a todo el Ejército pero es señal de su vulnerabilidad. Las fuerzas armadas tampoco son ajenas a los abusos, especialmente al exceso de autoridad.

Mientras más salen de sus cuarteles, más posibilidades hay de que elementos del Ejército o la Marina cometan agresiones contra la población civil. Tlatlaya o El Palmarito, entre muchos otros, son ejemplos de las consecuencias que puede tener la actuación frecuente, y a menudo incontrolada, de las fuerzas armadas. La fiscalización pública sobre el desempeño de esas corporaciones, comenzando por la información acerca de sus actividades, debe ser constante y completa y a menudo no sucede así.

La debilidad de las corporaciones policiacas, entre otros motivos, propicia que las fuerzas armadas sean indispensables para combatir a la delincuencia. Pero en vez de fortalecer, capacitar y sobre todo depurar a los cuerpos de policía, el gobierno actual ha intensificado la militarización de las tareas de seguridad ciudadana. La Guardia Nacional ha quedado completamente en manos del Ejército, como confirma ayer domingo la nota principal de este diario. El gobierno, además, decretó la presencia de las fuerzas armadas en las calles durante todo este sexenio.

A esa legitimación y ampliación en la presencia pública de las fuerzas armadas, se añade la centralidad que el presidente López Obrador les ha conferido en cada vez más actividades. El Ejército ha sido convertido en constructor aeroportuario y de vías férreas, creador de sucursales bancarias, administrador de aduanas, sembrador de árboles, distribuidor de apoyos sociales, entre otras tareas muy distantes de los límites que establece para las autoridades militares el artículo 129 de nuestra Constitución Política. 

Esa militarización ya no sólo en tareas de seguridad pública sino en actividades que corresponden a otras áreas del Estado, o de la sociedad, incrementa la relevancia política de las fuerzas armadas y  aumenta los riesgos de contaminación con dinero, contratos, concesiones y obras. El presidente López Obrador ha ampliado de manera irregular y excesiva las atribuciones de las fuerzas armadas, muy especialmente del Ejército. Las acusaciones contra el ex general secretario indican que esa corporación se encuentra tan expuesta como cualquier otra a las tentaciones de la colusión y la corrupción.

No siempre se sabe si los dichos públicos de los gobernantes son congruentes con su conducta privada —o viceversa—. Cienfuegos cuestionó con vehemencia abusos dentro del Ejército. En abril de 2016 se conoció un video en donde dos miembros del Ejército (mujer, una de ellos) y una agente federal, golpeaban y torturaban a una mujer en Ajuchitán, Guerrero. Los torturadores quedaron a disposición de la justicia militar y del ministerio público y, dos días después, el secretario de la Defensa reunió en el Campo Militar Número Uno a 30 mil elementos del Ejército para dirigirles una claridosa alocución. Se trata, dijo, de “sucesos repugnantes, que aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen…”, “actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan permanentemente”, “hechos deplorables que no sólo nos denigran como soldados; también traicionan la confianza que día a día se ha ganado esta institución ante la sociedad nacional”. Cienfuegos enfatizó en aquella ocasión que los torturadores “actúan como delincuentes… no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. Se trata de “actos ilegales de deshonor o indisciplina”; son “actos desleales, contrarios a la ley y a la disciplina militar… “ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”.

Las personas son muy complejas. Cada individuo es un crisol de contradicciones. Aún así es difícil creer que, precisamente en las fechas en las que pronunció aquel discurso, el general Cienfuegos era cómplice de un cártel del narcotráfico. O más bien, quisiéramos creer que no fue así.

Sorprendido por el arresto del general, la primera reacción pública del presidente López Obrador fue anunciar que los funcionarios del Ejército que colaboraron con Cienfuegos serían suspendidos mientras se desarrollaba la investigación sobre el general. Seguramente alguien le explicó después que la gran mayoría de los actuales mandos de esa corporación colaboraron con el ex secretario y, entonces, aclaró que esperará a que se conozcan las pruebas que la justicia de Estados Unidos presente contra Cienfuegos. El Estado mexicano tendría que contar con su propia información, y desde luego exigir al gobierno de Estados Unidos toda la evidencia posible, para determinar de qué dimensiones ha sido la influencia del narcotráfico en nuestras fuerzas armadas y actuar en consecuencia.

Es muy pertinente que el presidente López Obrador recuerde ese principio legal y moral llamado presunción de inocencia. Es muy lamentable que no haya reparado en esa norma antes de condenar sin pruebas, llamándolos corruptos, a quienes se oponen a la desaparición de los fideicomisos para la ciencia, el deporte, la creación cinematográfica o para enfrentar los desastres, entre otras tareas.

ALACENA: Guillermo Soberón Acevedo

Constructor de instituciones el doctor Guillermo Soberón Acevedo, recientemente fallecido, estuvo comprometido con la preservación de la salud pública, impulsó fundamentales políticas de Estado, se ganó el aprecio de sus colegas y discípulos. Como secretario de Salud y luego en la promoción de la investigación científica y la medicina, tuvo posiciones avanzadas en temas como la prevención del SIDA, la coordinación de las instituciones de salud y, muy recientemente, en la crítica a las ineficaces políticas del gobierno mexicano para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Como Rector de la UNAM, propició la expansión de la Universidad  y creó escuelas, institutos y el centro cultural. Sin embargo también tuvo actitudes profundamente autoritarias. Cuando los trabajadores administrativos y académicos se fueron a la huelga en 1977 porque el rector no quería reconocer el sindicato que habían creado, Soberón se parapetó en una rígida intransigencia y pidió la entrada de la policía a Ciudad Universitaria. Mil trabajadores fueron aprehendidos y a varios de ellos se les sometió a proceso judicial. El gobierno federal auspició luego la negociación con el sindicato. Actitudes como esa también definieron al doctor Soberón. Sí, la gente es muy compleja.

 

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