Opinión


El Presidente y los derechos humanos

El Presidente y los derechos humanos | La Crónica de Hoy

La campaña de 2018 reunió la voluntad de 30 millones de mexicanos a favor de López Obrador y, como lo muestran las encuestas, desde entonces ha incrementado su popularidad. El rasgo más distintivo de su discurso fue su compromiso de actuar a favor de los pobres y de los grupos sociales agraviados de la sociedad.

Ese compromiso fue clave para conseguir su éxito, pero un factor, todavía más decisivo, fue la vehemencia, la fuerza, con la cual se comprometió a saldar cuentas con la élite del poder, con los culpables de la ruina del país, con los neoliberales, con los corruptos que gobernaron al país durante 38 años.

No fue un proyecto nacional, ni conceptos o ideas determinadas, los que determinaron su acenso. Fueron sentimientos y emociones. López Obrador interpeló a las vísceras de los ciudadanos, antes que a su cerebro. Una población pobre, desprovista de futuro, ofendida por la riqueza excesiva de los pocos, agraviada a lo largo de su vida, resentida con los políticos y con la política, acudió presurosa a su llamado.

Lo que la gente quería y quiere todavía hoy, más que proyectos, es castigo para los culpables de la ruina de México (e implícitamente, de su ruina personal) y que son, en concreto, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Por encima de otras promesas, mucha gente quiere venganza. No quiere la aplicación de la ley, no, no, quiere venganza.

El presidente López Obrador sabe muy bien que el pueblo de México está indignado, que su virulento discurso revanchista cae en terreno fértil y por eso lo repite todos los días en su arenga en cadena nacional. Medra con el enojo popular. Hace unos días, una periodista lo interrumpió diciéndole: “Señor, el juicio de los expresidentes no debe quedar en lo meramente jurídico, debe haber un juicio popular” 

Ante este señalamiento, el presidente guardó un silencio cómplice. Un juicio popular, un linchamiento público sería del agrado de millones de mexicanos que están furiosos con los políticos. Ese linchamiento se realizaría mediante un plebiscito donde el pueblo –“que es la autoridad máxima” dice AMLO—  decida si se juzga, o no se juzga, a los expresidentes.

La idea misma de someter a votación si se juzga o no a una persona es un absurdo jurídico, es un atropello a los derechos y la dignidad de las personas. AMLO olvida, o pretende olvidar, que los expresidentes son personas, seres humanos, y, en tanto tales, son sujetos que detentan derechos y que merecen un trato digno. 

Es un asunto jurídico y ético. No se puede acusar públicamente a una persona si su culpabilidad no se ha sido decidida por un juez. La sola sospecha de un crimen no hace criminales a las personas y, si AMLO tiene evidencias de las ilegalidades que ha cometido, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, antes de señalarlo como delincuente ante los medios de comunicación, debería acudir ante un juez y presentar las pruebas correspondientes.

En realidad, cada vez que el presidente señala como corruptas a tales o cuales personas, si no hay proceso jurídico que así lo demuestre, está violando los derechos humanos de esas personas. ¿O para qué sirve el orden jurídico?

Por lo que observamos en sus conferencias diarias, López Obrador tiene una idea muy pobre y retorcida de la ley. Parece verla más como obstáculo que como instrumento privilegiado para ejercer el gobierno. Tiene una venda en sus ojos. No ve y no comprende por qué el plebiscito popular puede afectar los derechos humanos de los expresidentes. ¿Llegará algún día a comprenderlo?

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