Ricardo Espinoza Toledo*

Crispados los ánimos, no hay matices. El presidente de la República ha traicionado sus promesas, a sus electores y a él mismo, dicen, ahora, sus críticos. Y quienes lo respaldan o le dan su confianza, no tienen lugar en el mundo de los notables. Pues, ¿cómo es posible que no se den cuenta que el paraíso democrático del que venimos está siendo destruido por la necedad de un individuo? Las cosas, sin embargo, son diferentes.

Bajo el gobierno de López Obrador se confrontan dos proyectos de Nación, en términos económicos, políticos, sociales y morales. Por un lado, el de quienes saquearon al país, viven en su universo de privilegios o se oponen a la orientación de este gobierno; y, por otro, quienes piensan que en el combate a la corrupción radica el eje de la Cuarta Transformación. Está en juego transformar o conservar el Estado capturado por intereses privados y, con él, el sistema político y el modelo económico.

En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha expuesto las consecuencias dañinas de décadas de privatización y mercantilización. Con la mercantilización de bienes y servicios públicos, los gobiernos no están cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, aseguran seis expertos independientes de las Naciones Unidas, actuales y antiguos Relatores Especiales de derechos humanos. Los titulares de derechos se transforman en clientes de empresas privadas que solo buscan la maximización de los beneficios y que rinden cuentas solo a sus accionistas. Esto afecta a las democracias, exacerba las desigualdades y genera una segregación social insostenible.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con autonomía funcional, no fueron concebidos como contrapeso del Ejecutivo. Se crearon para acompañar la privatización de los recursos nacionales. Aun así, el Ejecutivo tenía injerencia clara en esos órganos. Proliferaron organizaciones y estructuras simultáneas a las del Estado para realizar lo que el Estado tiene encomendado. Se convirtió, entonces, en el Estado de los accionistas y los contratistas.

Hay quienes consideran como un despropósito acabar con la opacidad que ha caracterizado a los fideicomisos creados con recursos públicos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) realizó transferencias millonarias a grandes empresas privadas a través de fideicomisos, extraviando el objetivo. Además, se omite que la transparencia en el uso de los recursos públicos es condición necesaria de la rendición de cuentas. Esa, que debía ser materia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), estaba aparte.

Los estudiosos del institucionalismo saben que las instituciones condicionan comportamientos. Con ese fundamento teórico, se defendía la solidez de la estructura institucional mexicana, al punto de situarla al mismo nivel que la norteamericana. Las reformas legales eran la prueba fehaciente del desarrollo institucional en clave democrática. Con las múltiples modificaciones a la Constitución y a las leyes, se decía que estábamos más avanzados que casi cualquier democracia desarrollada.

De repente, con el aplastante triunfo electoral de Morena, en 2018, todo el razonamiento se esfumó. No se sostienen ni los fundamentos teóricos. Las maravillosas ruinas perdieron su encanto. La democracia se derrumbó, se dice. Sin cambiar la Constitución ni las leyes, con su solo triunfo electoral, se sugiere, López Obrador transformó la estructura institucional y concentró y centralizó todo el poder. Hay una contradicción en ese razonamiento, porque López Obrador ganó y está gobernando con el traje confeccionado por y para los anteriores, por y para los “democráticos”.

Recientemente se formó un grupo de gobernadores autodenominados “federalistas”. Inconformes con el gobierno federal, el pleito, hasta donde se puede ver, es por más recursos para ellos. Como la Secretaría de Hacienda no les adeuda nada, solo hay dos posibles causas del diferendo: una, que la Ley de coordinación fiscal, texto jurídico en el cual se establecen las reglas para repartir el tesoro público entre los tres niveles de gobierno, al que siempre se acomodaron a la perfección, ya no les satisfaga. En ese caso, pueden promover reformas a través de sus Congresos locales y de sus diputados federales o de sus senadores.

Otra puede ser la exigencia de volver a obtener montos no regulados por la ley, como el antiguo Ramo 23. Como se recordará, sin objetivos legalmente definidos, ese Ramo permitía discrecionalidad en su asignación. Así se financiaban programas con propósitos diversos, incluida la distribución del gasto federal en entidades federativas y municipios para impulsar obras de infraestructura y programas de desarrollo regional.

Más productivo sería si nuestros gobernadores “federalistas” ajustan la nómina, mejoran la eficacia de sus burocracias, acaban con la obesidad de sus estructuras administrativas y con la voracidad de sus funcionarios y se comprometieran a recaudar más recursos, a endeudarse menos y, particularmente, a gastar con transparencia. Lo único que se supervisa son los recursos federales. La educación, la salud, la seguridad de los ciudadanos y la creación y desarrollo de infraestructura debieran ser prioritarios en sus gastos. Con eso, el federalismo se fortalecería y sería un enorme impulso al desarrollo nacional.

En los países desarrollados, mucho menos desiguales que el nuestro, se está operando un cambio. Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, observa como cada vez más las personas esperan que las empresas contribuyan al bienestar social y al bien común. Cuestiona el fundamentalismo de libre mercado porque ha erosionado los derechos de los trabajadores y la seguridad económica, y ha desatado una carrera desregulatoria y una ruinosa competencia impositiva. Considera ineludible continuar acciones en favor del pago equitativo de impuestos, cero tolerancia a la corrupción, respeto a los derechos humanos y defensa del sistema competitivo (El Economista. 13 de octubre de 2020). El valor compartido y compartir el compromiso, debiera ser prioridad de unos y otros, de los poderes federales y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Los tiempos electorales encienden los ánimos. En descargo, debe admitirse que el programa del gobierno mexicano también es acorde a las exigencias mundiales. Acabar con un sistema que asocia privilegios, opacidad y corrupción es complejo y requiere tiempo, pero es la única manera de garantizar la igualdad y la libertad jurídicas y salvaguardar los derechos humanos.

* Profesor-investigador del

Departamento de Sociología

de la Unidad Iztapalapa de la

Unidad Iztapalapa de la

Universidad Autónoma Metropolitana