La primera afectación a la ciudadanía ha sido la suspensión de la emisión de la credencial para votar, ya que es el medio de identificación aceptado en todas las instancias públicas y privadas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado la iniciativa de llevar a cabo un registro electrónico con un comprobante provisional, como medio de identificación.

Además, seremos testigos, con el avance de “la nueva normalidad” de la saturación en los módulos del INE donde se expiden las credenciales. La institución electoral tendrá que realizar un rediseño de los procedimientos para agilizar la entrega de credenciales y elaborar un protocolo sanitario para disminuir las posibilidades de contagio al tramitar o recoger las credenciales para votar.

Otros retos organizacionales, técnicos y sanitarios tiene que ver con la capacitación del personal auxiliar contratado temporalmente, de los funcionarios de casilla y del diseño del procedimiento de votación. Los procedimientos existentes tendrán que ser modificados de acuerdo a los protocolos sanitarios que sean aprobados por el INE en coordinación con las autoridades sanitarias. Mismos que se aplicarán este año en las elecciones de los estados de Hidalgo (84 ayuntamientos) y Coahuila (16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional).

Estos desafíos para la organización de las elecciones el próximo año tienen otras dimensiones. En primer lugar, implicará una estrecha coordinación entre el INE y los institutos electorales locales de todo el país. Se efectuarán comicios de diputados federales y en las 32 entidades del país, estarán en disputa 21 mil 368 cargos. Se elegirán 500 diputado federales, 15 gobernadores (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), Las entidades donde se elegirán congresos y alcaldías son: Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y en donde se votará únicamente por ayuntamientos son Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras en Aguascalientes, Durango e Hidalgo sólo se renovaran los congresos locales.

Se tienen que preparar los comicios para alrededor de 94 millones 800 ciudadanos inscritos en la lista nominal; se requerirá instalar 161 mil casillas y la contratación, de más de 50 mil Capacitadores y Supervisores Electorales. Para integrar las mesas directivas de casilla tendrán que visitarse más de 12 millones de ciudadanos y capacitarse más de 3 millones y finalmente se insacularán alrededor de millón y medio para integrar las mesas directivas de casilla.

Además, para las elecciones federales tendrán que imprimirse 94 millones de boletas, a las que hay que agregar las de las elecciones locales, y varios millones de actas y otro tipo de documentos. Queda pendiente hacer el cálculo global de las elecciones locales.

Para realizar las actividades organizativas en el territorio nacional el INE instalará 32 Consejos Locales y 300 distritales y los institutos electorales locales cientos de consejos distritales y de ayuntamientos, cuyos funcionarios tendrán que ser capacitados. Todas estas actividades, por si mismas complejas deberán realizarse en un entorno sanitario adverso, pues los pronósticos son de que el COVID-19 continuará conviviendo entre nosotros, desconocemos con que intensidad. Pongo estos datos, sin duda parciales, sobre la mesa para dimensionar el laberinto técnico, que implica miles de actividades, en la organización de las elecciones.

Ahora pasemos al espinoso asunto de los dineros. En 2018 el presupuesto para las elecciones federales fue de 24 mil 215 millones; para el INE, 17 mil 426 millones y las prerrogativas totales para los partidos políticos fueron de 6 mil 789 millones. Los recursos presupuestados para las treinta y dos entidades federativas fueron 16 mil 570 millones de pesos, 10 mil 280 millones de pesos para los institutos electorales y para los partidos políticos 6 mil 290 millones. Según una apreciación inicial de la Comisión de Presupuesto del INE los recursos requeridos por la institución, sin considerar el financiamiento a los partidos políticos, pudiera llegar a los 19 mil millones de pesos. En ese incremento es necesario contemplar las medidas sanitarias preventivas que tendrán que tomarse para proteger al personal de la institución y los votantes.

De golpe la cifra impacta, pero es necesario compararla con una variable macroeconómica, con el fin de dimensionar el peso de esa cantidad en relación a la economía. Para ello existen dos parámetros posibles, el Producto Interno Bruto o el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El gasto electoral está integrado al este último y, por esa razón, lo lógico es compararlo con él. El resultado es que el gasto en las elecciones federales en 2018 fue equivalente al 0.63 por ciento del PEF. Este mismo cálculo puede hacerse para cada entidad federativa. La trasmisión pacífica, legal y legítima del poder es invaluable.

Es posible disminuir ese costo, sin duda alguna; lo primero sería atemperar la desconfianza que tienen los partidos entre ellos. Lo segundo es que se tendría que discutir el rediseño del modelo electoral considerando que la centralización derivada de la reforma de 2014 encareció los comicios y lastimó el régimen federal consagrado en la Constitución de la República.

Ante los retos de la organización de las elecciones la confrontación, así sea discursiva, entre el INE y el Ejecutivo Federal contribuye a la polarización política. La postura del Presidente es utilizada por sus adversarios para acusarlo de autoritario y de querer controlar el organismo electoral.

La declaración de que se convertiría en guardián de las elecciones para que no se realicen fraudes fue leña verde para el horno de la confrontación política; posteriormente la atemperó afirmando que lo haría como ciudadano. El titular del Poder Ejecutivo si es un ciudadano, pero no es un ciudadano cualquiera; dada su investidura su actuación se debe dar en marco de las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes, en ese tono debe darse su actuación, nada menos, pero nada más allá.

Por otra parte, hacer responsable al INE del alto costo electoral y de fraudes electorales del pasado también sirvieron para incrementar la temperatura del caldero político. El costo de las elecciones es resultado de un sistema electoral barroco cuyo principal pilar es la desconfianza y la visión centralista de la clase política, de la que no escapa el INE. El tema de los fraudes electorales de 2006 y 2012 es, al menos, polémico. Para un Jefe de Estado es un sinsentido anclarse al pasado, su responsabilidad es vislumbrar el futuro y actuar en consecuencia.

La estrategia discursiva rijosa de un dirigente social o un candidato opositor, ya demostró su eficacia para acceder a la presidencia de la República, pero no es apropiada desde la primera magistratura del país. Descalificar las instituciones que han contribuido, con imperfecciones y por vericuetos, a la transformación democrática del país no contribuye a construir la sinergia institucional indispensable para enfrentar los retos de la organización de las elecciones que, en esta coyuntura, son inéditos.

Es imprescindible abandonar las expresiones fáciles que conducen fácilmente a la confrontación, es necesario sustituirlas por colaboración con pleno respeto a los ámbitos de competencia de las instituciones electorales, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales para enfrentar y superar las dificultades que se avizoran, es indispensable una conducta republicana para contribuir a la renovación de esos miles de cargos de elección popular, abonando así el sendero de la estabilidad política.

Profesor UAM-I
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