Ricardo Espinoza Toledo*

La corrupción gubernamental en México se filtró en la estructura del Estado. Gobiernos federales, estatales y municipales y buena parte de la clase política se insertaron en una red de relaciones de conveniencia personal que sustituyó la noción de servicio público. La política fue sustituida por arreglos en torno al control de los recursos públicos y del territorio. No es un “Estado fallido”, pero en temas como la corrupción y la delincuencia, se le acerca.

En el año 2016 publicamos una obra colectiva intitulada Pacto por México. Agenda legislativa y reformas, 2013-2014, editado por la UNAM. Ese estudio de un grupo de académicos, de la UNAM y de la UAM, respondía al interés de entender y explicar un fenómeno que se presentaba como excepcional, por muchas razones. Excepcional, porque, desde el año 2000, todos los gobiernos, minoritarios en el Congreso, sin excepción, sostenían que no era posible el cambio político sin disponer de una mayoría propia. Excepcional, también, porque por primera vez se incluía en los acuerdos no solo al PRI y a su aliado, el PAN, sino también participaba la izquierda reunida en el PRD. Excepcional, en fin, porque parecía una gran coalición legislativa en un sistema presidencialista.

Desde el Gobierno de Vicente Fox se difundió la versión de la necesidad de contar con mayoría presidencial en el Congreso, con el argumento de que era imposible llegar a acuerdos con la mayoría opositora. Esa idea se difundió con mayor fuerza bajo el gobierno panista de Felipe Calderón (2006 a 2012), quien hasta habló de impulsar las reformas necesarias, que no llegaron. Cuando el PRI volvió a la presidencia, ya en 2012, el ambiente entre los partidos era de que debían llevar a cabo un gran acuerdo nacional, un pacto que permitiera aprobar las grandes reformas aún pendientes. No les decía nada o no importaba que los ciudadanos votaran mayoritariamente en favor de los opositores a los presidentes de la República.

El pluralismo del Congreso se veía como el problema y un freno al desarrollo del país. Los abanderados del “cambio político” se dedicaron entonces a desprestigiar a las oposiciones y a responsabilizarlas de impedir la aprobación de las llamadas “reformas estructurales”. Esas reformas, en particular la energética, eran presentadas como la solución única y la única opción posible para lograr el crecimiento económico. El pluralismo del Congreso era señalado como el obstáculo al cambio prometido.

Entre los informados imperaba la idea según la cual, el Acuerdo de 2012 superaba el Pacto de la Moncloa, que permitió la transición democrática en España, y lo presumían como ejemplo mundial de un presidencialismo de acuerdos, superior incluso a los sistemas parlamentarios. Había que entender las “sutilezas de la política”, decían algunos. Pero eso era la mera apariencia, el rostro que ocultaba todo el conjunto de negociaciones en las que se decidía el reparto de los recursos públicos y los bienes de la Nación. Reformar la Constitución para la privatización era la consigna.

En el libro de 2016 revisamos prácticamente todo el proceso legislativo con el propósito de explicar, desde una perspectiva académica, el contenido y significados del Pacto de 2012. Procesado casi en secreto y con mucha prisa, ese acuerdo tampoco permitió la participación abierta de los afectados e interesados. Tres ejemplos: la reforma a la Constitución en materia de educación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 26 de febrero de 2013, y a los maestros se les invitó a los Foros de Consulta, el 26 de agosto de 2013; la de telecomunicaciones su publicó el 11 de junio de 2013, y los Foros tuvieron lugar del 3 al 5 de abril de 2014.

Tomadas las decisiones fundamentales e incorporadas en la Carta Magna, los Foros eran válvulas de escape a la disidencia y mecanismos de legitimación de las decisiones. En cuanto a la reforma energética, los Foros previos ocultaban que se trataba de una decisión tomada por el gobierno del PRI con el PAN, lo que excluía a todos aquellos que se oponían a la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución.

A la debilidad de origen de los pactantes, se sumó la debilidad derivada del rechazo a la participación de las organizaciones que exigían ser tomadas en cuenta. El inicial acuerdo político no se transformó en acuerdo social, como ofreció el entonces Presidente. Resulta que, según esa clase política, la institución presidencial era débil y, en consecuencia, debían trabajar para fortalecerla por todos los medios. La causa de la debilidad presidencial que encontraron era el pluralismo. El desarrollo político de la sociedad se les aparecía como la mayor amenaza. Dominada por la corrupción, la política no podía ser transparente y abierta.

En agosto de 2016, México fue reconocido como el país con la legislación más completa en materia de transparencia. Pero, a pesar de las múltiples reformas que dieron paso al “sistema nacional anticorrupción”, en las mediciones internacionales, México siguió apareciendo como uno de los países más corruptos y faltos de transparencia.

El Pacto por México falló en su compromiso de ser el medio para una gran alianza social que condujera al país a la consolidación de la democracia con justicia efectiva para todos. Con ese defecto de origen, ese arreglo fue un fin en sí mismo, con negocios jugosos para los involucrados, y se perdió la oportunidad de recomponer la unidad nacional. Al excluir el acuerdo social, se vació de contenido, y se desprestigió un recurso político formidable.

En ausencia de beneficios sociales, los voceros del Pacto no paraban de decir que con las reformas a la Constitución se legislaba para el futuro. Ningún grupo social organizado respaldó decisiones de las que no formó parte, y menos cuando muchas de ellas les eran adversas. Sin sustento social, esas modificaciones solo quedaron como registros en el texto de la Constitución. Por eso, la enorme tarea del nuevo gobierno es reconstruir el Estado y el derecho, depurando y fortaleciendo las instituciones políticas y recomponiendo la unidad nacional.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana