Hoy a las 10:00 horas sesionará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para anunciar el inicio formal del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Será una de las contiendas con mayor complejidad de la historia de México, no solo por los más de 3 mil cargos de elección popular que se disputarán y por los casi 95 millones de ciudadanos que podrán participar en ellas, sino principalmente, por la enorme polarización política en que se encuentra el país y que ha sido motivada desde el poder generando fuertes asedios, campañas de desprestigio e intentos de cooptación en contra de la autoridad administrativa electoral. Con estas recurrentes intromisiones se busca fracturar la equidad político-electoral entre los contendientes, creando las condiciones para un escenario donde prevalezca el actual monopolio político que beneficia al gobierno de López Obrador.

Estas votaciones serán extremadamente relevantes en vista de la importante función que cumplen las campañas electorales en un régimen democrático, que es formar parte del proceso de legitimación del sistema político en su conjunto. Ellas representan comportamientos organizados que tienen lugar previamente a las elecciones con el fin de asegurar que los candidatos accedan a los puestos de la representación política. Por lo tanto, son un conjunto de operaciones proselitistas, técnicas y de propaganda que se desarrollan en un plazo establecido legalmente con el objetivo explícito de lograr la elección de determinados candidatos en contextos de equidad política. Las campañas electorales son esfuerzos organizativos donde los partidos adquieren particular relevancia en su relación con los ciudadanos, buscando definir los problemas que los afectan para proponer soluciones.

También proyectan una disputa en torno a los valores e ideas con las que candidatos y organizaciones tratan de persuadir a los electores para alcanzar el poder con la promesa de poner en práctica las políticas que encarnan tales ideales. Las campañas son, desde esta perspectiva, luchas por atender las carencias sociales en la búsqueda de alternativas en términos de políticas públicas. Por ello, si la equidad político-electoral se fragmenta o es vulnerada, la competencia pierde su carácter democrático. Es en la subordinación de todos los poderes, públicos y privados, al proyecto jurídico y político establecido en nuestra Constitución donde reside la justificación del Estado de Derecho, convertido gracias a ella, en un instrumento para lograr finalidades como la garantía de la paz y de los derechos fundamentales. En la democracia constitucional el sufragio libre y las elecciones competitivas desempeñan una función importante que permite garantizar la legitimación de los gobernantes.

La democracia es una permanente construcción jurídica que no se encuentra exenta de peligros. Este edificio constitucional está asediado por diversos fenómenos, que van desde el desarrollo del personalismo político contrario al Estado de Derecho y la democracia representativa, hasta el agotamiento del principio de legalidad tanto formal como sustancial. Es previsible que el lopezobradorismo intentará, por todos los medios a su alcance, fracturar la equidad política para influir en el proceso electoral. La 4T representa la reedición de un sistema clientelar de tipo populista que busca mantener bajo control a las instituciones establecidas. Además, pretende reforzar su hegemonía para facilitar la creciente concentración de facultades del Presidente. Por ello, la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio de 2021, representará una gran oportunidad para que los ciudadanos podamos cambiar el rumbo errático adoptado por el actual gobierno y, al mismo tiempo, frenar sus tendencias autoritarias.