En el Congreso de la Ciudad de México se propuso que se castigue hasta con siete años de prisión a quienes cometan el delito de fraude con tanques y concentradores de oxígeno.

Para establecer el delito y la sanción en contra de quienes sacan provecho ilegal de la necesidad de insumos y equipo médico de estos productos, la Diputada Esperanza Villalobos presentó una Iniciativa para adicionar un Artículo 232 bis al Código Penal para el Distrito Federal.

Se propone que a quienes cometan el delito de fraude con dichos insumos médicos, se les impondrá una pena de cuatro a siete años de prisión y de 75 a 200 días de multa, además, si la conducta se realiza durante una emergencia sanitaria declarada por las autoridades competentes, las penas aumentarán en una tercera parte.

La legisladora promovente explicó que su Iniciativa busca sancionar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno, en el marco de la actual situación de pandemia por COVID-19, pues se está atentando directamente contra la vida de las personas.

Recordó que esta Ciudad, junto con el Estado de México, ha sido la entidad más afectada por el enorme flujo de personas que aquí habitan, siendo la entidad con mayores tazas de confirmados, negativos y sospechosos. Por ello, se requieren de más insumos médicos para combatir los síntomas que deja la enfermedad.

El oxígeno siempre ha sido un elemento vital que se ha vuelto muy preciado actualmente, porque los síntomas graves del COVID son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, el dolor opresión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse, los cuales, si bien no son curados por apoyo de un tanque de oxígeno o de un respirador artificial, si constituyen un aditamento fundamental para que las personas puedan seguir dando la batalla contra la enfermedad, subrayó la Diputada.

Debido a ello, lamentó que ya hayan surgido personas que aprovechan esta nueva y creciente necesidad sacando ventaja de la vulnerabilidad de las personas, incrementando los precios y advirtió que cada día son más las noticias donde las personas se quejan por haber sido víctimas del delito de fraude.

La propuesta fue enviada para su análisis y viabilidad a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.