Quizá el pendiente más urgente de nuestra democratización sea otorgar garantías políticas y legales al ciudadano para que pueda ejercer su derecho humano a la rendición de cuentas. El Segundo Informe de Gobierno que se presentará mañana es una obligación establecida en el artículo 69 de nuestra Constitución Política: “en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. Este mandato no ha cumplido su propósito, porque los gobernantes no están obligados a presentar información verídica. De esta manera, se ha desarrollado un sistema de proyección de ilusiones, deseos y mentiras, donde el engaño, la demagogia y la manipulación producen ciudadanos acríticos y desinformados, que además, son pasivos frente a los peligros que corre la democracia. A la idea de un país dividido, se agrega ahora la imagen de un país desinformado.

Frente a la pandemia, el Informe de Gobierno seguramente afirmará que nuestro sistema de salud funciona a la perfección. Que no importa que seamos el tercer país del mundo por número de muertos y el décimo por millón de habitantes. Además, que las estimaciones que prevén a diciembre 100 mil muertos no reflejan la realidad mexicana. Será difícil que la sociedad pueda enterarse que de cada 100 muertos por la epidemia, 79 fueron personas en situación de pobreza. Tampoco se reconocerá el incumplimiento generalizado de los derechos sociales de la población. Que decenas de niños mueren por falta de medicamentos y que existen miles de hogares donde sus habitantes comen solo una vez al día.

Se dirá que es falso el derrumbe económico de México. Que la caída del PIB (-18.7%), los recortes al gasto público (75%), el incremento de la deuda gubernamental (62% del PIB) y la disminución del crédito son ficciones. Se reafirmará que la austeridad republicana, la profunda recesión económica, la prolongada recuperación, la volatilidad financiera y las presiones inflacionarias nos caen “como anillo al dedo”. Se encontrará justificación para las 10,253 personas que perdieron su empleo diariamente por la pandemia y para los 10 millones de compatriotas que cayeron en la pobreza extrema. Se negará el fracaso de la política pública de los derechos humanos, el incremento de los feminicidios, el abandono de las víctimas y la militarización del país, y pasarán de noche las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

Lo mismo sucederá con la situación política. El presidente enfatizará que estamos transitando de la democracia representativa a la democracia directa y por ello el uso recurrente de plebiscitos a mano alzada aunque tengan carencias técnicas y jurídicas. Afirmará que la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes es un acto de urgente necesidad y que resulta mera coincidencia su realización durante la jornada electoral del 2021. Se ignorarán las acciones y omisiones del gobierno que cotidianamente afectan nuestro Estado de Derecho, promueven el desprecio de la normalidad democrática y vulneran la legalidad.

La comparecencia del Presidente de la República ante la Nación en su formato actual carece de utilidad alguna. Nuevamente observaremos “el día del presidente” como una ceremonia de culto a la personalidad con bases mercadotécnicas. Como ciudadanos debemos exigir información confiable que responda a las necesidades del México actual y que permita evaluar la eficacia de los gobernantes.