Les faltaron votos pero razones, tuvieron en abundancia. Los diputados que se opusieron a la extinción de 109 fideicomisos argumentaron durante veintisiete horas —entre el martes 6 y el jueves 8— su rechazo a las reformas a 17 leyes y la desaparición de otras dos. Una reserva tras otra, fueron denegadas por la mayoría.

La cancelación de los fideicomisos fue irracional y discrecional. Según datos de la Secretaría de Hacienda que presentó la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, hay 337 fideicomisos públicos sin estructura orgánica y que manejan 728 mil millones de pesos. Medio centenar de ellos administran pensiones y prestaciones laborales. Entre los 286 restantes, se encuentran los 109 cuya eliminación aprobarían los diputados. De esos 286, hay 25 fideicomisos que concentran el 90% de todos los recursos a cargo de tales instrumentos financieros. Uno de ellos, con 30 mil millones de pesos, está destinado a la compra de equipo militar pero ese quedó intocado en el dictamen.

Con la abolición de los fideicomisos el gobierno manejará 68 mil millones de pesos que hasta ahora estaban destinados a atender desastres naturales y para apoyar a productores agrícolas, deportistas, creadores cinematográficos, proyectos científicos, periodistas perseguidos, víctimas de violaciones a derechos humanos, trabajadores migratorios, entre otros.

La cancelación de los fideicomisos fue aprobada con 242 votos, frente a 178 en contra y 7 abstenciones. Esa iniciativa del gobierno fue apoyada por Morena, el Partido Verde y Encuentro Social. Las votaciones fueron especialmente tortuosas porque, debido a la emergencia sanitaria, sólo 129 de los 500 diputados participaron en las discusiones en el pleno. El resto, eran llamados cuando había votaciones y se incorporaban por turnos a la sesión.

Una vez votada esa decisión en lo general, los diputados tendrían que discutir 398 propuestas de modificación pero, además, atajar algunas sorpresas. La noche del martes el diputado de Morena Arturo Pérez Negrón propuso que el fondo del Instituto de Salud para el Bienestar, destinado a la atención de 66 enfermedades graves, fuera transferido a la Tesorería de la Federación. Ese movimiento implicaría la desprotección de millares de pacientes. Para protestar por esa propuesta, que no estaba en el dictamen a discusión, los diputados de PAN, PRI, PRD y MC ocuparon la tribuna durante cuatro horas. A media noche la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, abrió un receso. Doce horas después, ya medio día del miércoles, Morena anunció que no insistiría en cancelar el fondo del Insabi. Así, los legisladores de la oposición impidieron la desaparición del Fondo de Salud para el Bienestar que asciende a unos 100 mil millones de pesos. La Junta de Coordinación Política organizó el debate y las ulteriores votaciones en doce paquetes temáticos. Nos ocupamos de dos de esos temas.

En la discusión acerca del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Abril Alcalá Padilla, del PRD, explicó que con esos recursos el Estado protege a 1304 personas (418 periodistas y 886 defensores de derechos humanos). Laura Angélica Rojas, del PAN, presentó una carta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos que pedía no eliminar ese fideicomiso. Marco Antonio Adame, también de Acción Nacional, dijo que en el primer semestre de 2020 los ataques a periodistas aumentaron un 80% y recordó. En la actual administración han sido asesinados más de 20 periodistas insistió María Guadalupe Almaguer, del Partido de la Revolución Democrática.

Dolores Padierna, de Morena, aseguró que los recursos de los fideicomisos motivo de ese debate son manejados por cuatro instituciones financieras a las cuales el Estado les paga “altísimas comisiones” y que los intereses que han generado quedaron “esfumados a lo largo de décadas”. Fernando Galindo, del Revolucionario Institucional, le replicó: no es verdad que los recursos en esos fideicomisos son controlados por bancos privados, la mayoría los administran instituciones de la banca de desarrollo. En el Fondo para protección de periodistas, el comité técnico del fideicomiso lo integran representantes de tres secretarías de Estado y de la Fiscalía General, así que no se les pagan remuneraciones adicionales, “no nos vengan a mentir, esto no genera un costo extraordinario”.

Enrique Ochoa Reza, del PRI, preguntó cómo se garantizaría que hubiera recursos disponibles para proteger a defensores de derechos humanos y a periodistas. Ninguno de quienes respaldaban la iniciativa le respondió. Pérez Negrón, de Morena, solamente aseguró que la Secretaría de Gobernación contará con recursos para atender esas necesidades. Claudia Pastor, del PRI, recordó que el Mecanismo de Protección a Periodistas cuenta con 250 millones de pesos que se utilizan “para comprar infraestructura, alertas, botones de pánico, para trasladar a los periodistas que se encuentren en riesgo de muerte… ¿No entienden que la reacción tiene que ser urgente e inmediata? ¿No lo comprenden?”.

En la defensa del fideicomiso coincidieron algunos diputados de los partidos que respaldan a López Obrador. Rocío Barrera, de Morena, confirmó: “El fideicomiso que administra sus recursos es el mejor instrumento posible para propiciar el cumplimiento de sus objetivos y su operación ha sido ágil, eficiente y transparente”. En ese debate también presentaron reservas y argumentos contra la cancelación los diputados Fernando Macías, Cecilia Patrón, Violeta Garfias, Jorge Luis Preciado y Jorge Arturo Espadas del PAN; Lucero Saldaña del PRI; Higinio del Toro y Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano; Marta Huerta, del Partido del Trabajo. La extinción del fideicomiso fue aprobada con 227 votos. Hubo 164 en contra (entre ellos 9 votos de diputados de Morena) y 6 abstenciones.

En cada uno de los doce temas hubo exposiciones similares, extensas e intensas. Las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología para cancelar los fideicomisos destinados a centros de investigación, por ejemplo, fue aprobada con 216 votos a favor. Esa, y la que desapareció el fondo de la Financiera Rural, fueron las votaciones con menos respaldo (apenas el 43% de los 500 diputados). Hubo 174 votos en contra (entre ellos 13 de Morena y 9 del Partido Verde) y 8 abstenciones.

En los rechazos a la desaparición de fideicomisos para la ciencia se dijo que afectará a más de 85 mil becarios del Conacyt (Abril Alcalá, del PRD). El Cinvestav del IPN, uno de los centros perjudicados, es la segunda institución científica del país, con 65 programas de posgrado y trabaja en 60 proyectos sobre la Covid (Ana Lilia Herrera, del PRI). Los fideicomisos respaldan 4 mil 200 proyectos de investigación en más de 200 instituciones de educación superior. Entre los 85 mil jóvenes con becas de posgrado dentro y fuera de México, hay 1700 mujeres que son jefas de familia y más de 500 mujeres de origen indígena (Marivel Solís, de Morena).

Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano y ex rector de la Universidad de Guadalajara, dijo que hay más de 30 fondos mixtos para los que cada entidad obtiene recursos privados y locales que complementan y superan la inversión federal. Otro ex rector, Juan Carlos Romero Hicks, que lo fue en Guanajuato y luego fue director del Conacyt (ahora es diputado panista) explicó que en los fideicomisos no hay secreto bancario, son administrados por comités colegiados, hay informes cada tres meses y frecuentes auditorías. Lidia García Anaya, diputada de Morena y ex dirigente del sindicato de profesores en la Universidad Autónoma de Hidalgo, manifestó que esos fondos se emplean para becas y para complementar el financiamiento de proyectos de investigación, “se nutren de recursos autogenerados, de donaciones de terceros, por lo que no se reciben transferencias de presupuesto federal, no le cuestan al erario, sino solo lo complementan”.

Brasil Alberto Acosta, del PRI, economista, dijo que ha sido profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, “y conozco la transparencia en el manejo de sus recursos financieros… los recursos son públicos, pero, sobre todo privados y hasta internacionales… ustedes quieren agarrar esos recursos como si fueran de México y no lo son.” Anticipó ese diputado: “Morena cometerá fideicomicidio”.

El joven diputado Edgar Guzmán Valdéz, de Encuentro Social, se opuso a la desaparición de los fideicomisos del Conacyt porque, entre otras cosas, en la actual pandemia han permitido “atender las peticiones de gobiernos locales para realizar las pruebas del virus”. Esos recursos deben ser revisados y fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación pero no cancelados, dijo. Guzmán hizo estudios de Filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y militó varios años en Morena pero, el año pasado, renunció a ese partido porque no respaldó el matrimonio igualitario en aquella entidad.

La transcripción de las 27 horas del debate sobre los fideicomisos contiene 183 mil 271 palabras (unas 627 cuartillas). En esa discusión Morena y sus aliados (con distanciamientos expresos de algunos de esos diputados) no ofrecieron un solo dato de corrupción o abusos, ni de opacidad en los fideicomisos cuya desaparición aprobaron. Sin argumentos, movidos por el prejuicio y la subordinación a su caudillo, los legisladores que hicieron mayoría cometieron un irracional fideicomicidio. Falta la decisión en el Senado.