Una mujer de 30 años originaria de la CDMX identificada como July, fue detenida arbitrariamente el año pasado por su supuesta relación con el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid. Dicho crimen sucedió el 29 de junio de 2020 en Xalapa, Veracruz y al principio se dijo que los autores habían sido dos hombres que iban en un auto modelo Honda City.

July es mamá de dos menores, se dedicaba a la jardinería y vendía birria, antes de la pandemia también rentaba un automóvil Honda City para trabajar en Uber. Ella salió de su casa a entregar un pedido de birria el 6 de noviembre de 2020, acompañada de sus niños para no dejarlos solos, cuando fue arrestada en la alcaldía Álvaro Obregón acusada de participar en el homicidio de la rectora.

Sin representante legal ni orden de aprehensión, inmediatamente iniciaron el proceso para trasladarla a Pancho Viejo, un penal ubicado en la capital de Veracruz. Su mamá ha denunciado que le pusieron una bolsa en la cabeza durante el trayecto de CDMX a Veracruz, la torturaron y violaron; llegó totalmente golpeada a su primera audiencia.

Aparentemente la vincularon debido a que el auto que ella rentaba antes de la pandemia, fue el mismo que se usó para el crimen, pero el dueño legítimo del vehículo fabricó un documento de compra-venta donde aparece a nombre de ella. La familia de July está segura que lo hizo para deslindarse del caso y están seguros de la inocencia de la joven, ya que ella jamás había visitado el estado de Veracruz, además los registros de Uber señalan que la joven ya no estaba activa y tienen muchas pruebas y testigos que comprueban que el 29 de junio de 2020 July estaba en la CDMX realizando un trabajo de jardineria. A pesar de que existe mucha claridad por parte de la familia, las autoridades se han negado a actuar al respecto.

El papá de July es jardinero y su mamá labora en intendencia, les es imposible pagar un abogado, por lo que el estado le proporcionó uno; sin embargo, él se negó a representarla. El juez no quiso recibir las pruebas que presentaron y canceló su segunda audiencia.

Su familia ha agotado los pocos recursos que tenían y necesitan juntar dinero para darle la atención legal, médica y psicológica que necesita. En redes se ha compartido el caso, señalando las irregularidades que presenta la carpeta de investigación y la forma inhumana en la que la han tratado. Desafortunadamente no es un caso aislado, de acuerdo con un estudio del Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) un 42 por ciento del los presos en México son legalmente inocentes porque no han sido condenadas. Además, muchos de los que son arrestados arbitrariamente no tienen ingresos suficientes para costear un apoyo legal decente y México parece olvidar que la justicia no debería ser un privilegio sino un derecho.