El gobierno tiene tanta prisa para hacer de Lozoya el detonador de una catarata de acusaciones y desacreditaciones que, sin cumplir con procedimientos judiciales elementales, propala suposiciones como si fuesen revelaciones probadas. En los medios hay tanta avidez de escándalo que incluso periodistas y editores experimentados difunden esas filtraciones como si fuesen verdades. En la sociedad hay tantas ganas por conocer quiénes se robaron cuánto que esas versiones se dan por ciertas. Si lo son, habría que esperar a las verificaciones judiciales, a las respuestas de los imputados no en insinuaciones mediáticas sino con todas las formalidades legales, sobre todo sería indispensable conocer pruebas. Pero en este asunto, igual que en el auténticamente grave que es la incontenible expansión de la epidemia, el gobierno federal considera que las pruebas no son necesarias.

Sin que aún haya evidencias de las acusaciones de Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que hubo legisladores sobornados por Pemex para que aprobaran la reforma energética. Glosando supuestas declaraciones de Lozoya, el Presidente ha dicho que “hubo estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos… Sin duda se usó dinero con ese propósito”.

Desde fines de 2012 López Obrador expresó su animosidad contra el Pacto por México, que comprometió a los partidos en una variada colección de reformas. Es un despropósito descalificar en bloque a ese acuerdo, que incluía medidas muy variadas. Pero sobre todo, desacreditar al acuerdo mismo como instrumento político de los partidos y la sociedad constituye una posición antidemocrática. En toda sociedad diversa los compromisos políticos son indispensables. La alternativa a ese método es el autoritarismo.

Ahora, la versión de que el Pacto por México estuvo afianzado por actos de corrupción ha sido promovida con malquerencia y sin evidencias. Distintos medios se hacen eco de filtraciones acerca de supuestas declaraciones del exdirector de Pemex sin acotarlas con contexto alguno. Nos ocupamos de dos ejemplos recientes. Reforma proclama en su encabezado del viernes 24 de julio: “Paga Odebrecht campaña de EPN”. La frase es engañosa desde el inicio. Evidentemente esa empresa brasileña no pagó toda la campaña presidencial del PRI en 2012. Allí se dice que, antes de su extradición, en un documento que entregó al gobierno mexicano, Lozoya confiesa que Odebrecht contribuyó con 4 millones de dólares a la campaña de Peña Nieto. Los reporteros Abel Barajas y Claudia Guerrero, aunque aseguran que Reforma tiene copia de ese documento, no hacen una sola cita textual.

De acuerdo con ese informe Lozoya se reunió con el representante de Odebrecht en México en busca de recursos para la campaña de 2012. La empresa habría depositado 3.1 mdd en “una cuenta relacionada con Lozoya”. Desde hace al menos tres años, antiguos funcionarios de Odebrecht, en declaraciones ante autoridades judiciales en Brasil y otros países, han dicho que en 2012 fueron entregados al menos 6 millones de dólares para campañas políticas en México. Los indicios de corrupción en Pemex y en el gobierno de Peña no son nuevos, pero hace falta probarlos.

Según Reforma, ya durante el gobierno de Peña, Odebrecht habría pagado 6 mdd después de haber obtenido un contrato para obras en la refinería de Tula. Siguiendo la presunta declaración de Lozoya, el diario asegura que “parte de ese dinero… fue usado para sobornar a legisladores” a fin de que respaldaran la reforma energética.

En otra nota, en esa misma primera plana, Reforma hace las cuentas en pesos y asegura que Lozoya “pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del Pacto por México”. La precisión numérica le da cierta verosimilitud a la cifra, aunque se trate sólo de la conversión a pesos de 4 mdd. El diario no explica por qué, de una nota a otra, el soborno pasó de 6 a 4 millones de dólares. Lo que sí dice, siempre atribuyendo esas declaraciones a Lozoya, es que, entre 2013 y 2014, el para entonces director de Pemex envió ese dinero “a legisladores panistas”.

El relato tiene un enorme hueco. ¿Por qué el gobierno tendría que pagar a senadores y diputados del PAN para que votaran por una reforma que ellos mismos habían impulsado durante años? Los sobornos fueron entregados “entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014”, según la misma información. El Senado aprobó la reforma constitucional la madrugada del 11 de diciembre, pero el 21 de abril siguiente aún no estaba lista la iniciativa presidencial de leyes secundarias en materia energética; aquellos documentos fueron presentados la tarde del 30 de abril. El cohecho habría sido pagado antes de que hubiera iniciativa y mucho antes de que fuera votada en julio y agosto. Qué raro.

El sábado 25 de julio, Reforma da cuenta de la respuesta de algunos exlegisladores del PAN a tales acusaciones. Pero esa nota, también en primera plana, da por ciertas las supuestas declaraciones de Lozoya. “Panistas se deslindaron ayer de las revelaciones de soborno…” No se dice “supuestas declaraciones”, ni “hipotéticos sobornos”. Se trata, para el diario, de “revelaciones”, es decir, de la manifestación de verdades que habían estado ocultas.

Proceso anuncia en la portada de su edición con fecha del 22 de julio: “Caso Lozoya. Así compraron el Congreso”. El lector esperaría nombres, montos, circunstancias y sobre todo evidencias. Pero en la nota de la reportera Jesusa Cervantes no hay una sola línea que justifique el anuncio en la tapa de la revista. Allí se relata que cuando el Congreso discutió la reforma energética en las oficinas centrales de Pemex había un “cuarto de guerra” con fotos de cada uno de los 128 senadores y 500 diputados clasificadas según las simpatías o el rechazo que tenían hacia esa iniciativa. La revista entrevistó a varios “ex empleados de Pemex” que no son identificados y que describen el color de los pegotes que colocaban sobre la foto de cada legislador para distinguir si votarían o no por la reforma. Esos detalles dan apariencia de autenticidad al relato de los informantes anónimos (no se dice cuántos, ni quién de ellos hizo cuál afirmación, así que se trata de una suerte de Fuenteovejuna de la burocracia en Pemex).

Cuando la reportera pregunta si hubo entregas de dinero a los diputados uno de los entrevistados aclara: “sí supimos de esos… (pero) no me tocó”. Otro manifiesta que le escuchó a una funcionaria hablar de entregas de dinero, pero “a mí nunca me tocó ver”. Otro declarante dice que en 2016 supo que funcionarios de Pemex transportaban dinero en “maletas tipo sport, como de gimnasio, oscuras”. Sobre ese traslado, “lo único que puedo decir es que vi el dinero; vi abiertas las maletas…” El exfuncionario anónimo recuerda que había campañas en Tamaulipas y que la señora de las maletas viajaba en vuelos privados a varias ciudades de esa entidad. Así que si hubo traslados de dinero, en caso de que los informantes de Proceso digan la verdad, fue a las campañas en aquel estado. En ese reportaje no hay un solo indicio de recursos para diputados o senadores.

Ni en el Gobierno, ni en los medios que se hacen eco de filtraciones del Gobierno, hay reconocimiento a la presunción de inocencia ni al debido proceso judicial. La politización de la justicia se convierte, entonces, en reemplazo del combate a la corrupción y en instrumento de propaganda.

No sabemos si las declaraciones de Lozoya son ciertas. Lo que sí sabemos es que a su llegada, extraditado de España, la Fiscalía General de la República engañó a la prensa al simular que era llevado al Reclusorio Norte y no a un hospital como realmente ocurrió.

No sabemos si Enrique Peña Nieto se benefició de acciones de corrupción promovidas desde Pemex. Lo que sí sabemos es que, como Presidente, no tuvo empacho alguno para promover o aceptar una utilización política de la justicia como cuando, en 2018, su gobierno inventó acusaciones contra Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN y otros partidos, acusándolo de lavado de dinero. Un año después se comprobó que esas imputaciones eran faltas pero, para entonces, ya habían influido en la campaña presidencial. Por ese y otros asuntos, la honestidad de Peña y su administración no merecen confianza alguna —pero ésta es una apreciación subjetiva—. También sabemos que Andrés Manuel López Obrador tiene probada disposición para hacer uso político de imputaciones judiciales falsas, como ocurrió en aquel episodio.

Igualmente, sabemos que en numerosas ocasiones Emilio Lozoya Austin aseguró que era inocente de las acusaciones durante su gestión en Pemex y que hoy se difunden versiones distintas de lo que dicen que dice, cuando él está en prisión y su madre y su hermana se encuentran en riesgo de estarlo. Lo que sabemos, sobre todo, es que la pandemia sigue y que el gobierno quiere distraernos con otros asuntos, ahora y hasta la elección de 2021.

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