Los informes a la nación se encuentran cargados de ese tono, no sólo triunfalistas, sino, incluso, autocomplacientes con lo (magramente) alcanzado, completamente ausentes de autocrítica de parte de los emisores del mensaje. El informe emitido el 1 de diciembre de 2020 se ciñe, pues, a ese guion no escrito, pero por todos los gobernantes aceptado y reproducido

Ángel Mundo López*

Uno de los instrumentos necesarios para evaluar el alcance de una política pública es el diseño y selección de indicadores que ofrezcan información que muestren retrocesos, avances o estancamientos. Dice al respecto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su “Manual para el diseño y la construcción de indicadores” (2014), que un indicador es una herramienta que “muestra indicios o señales”, pero que, además, “debe representar la relación entre dos o más variables”, pues un número, por sí mismo, puede ser un indicio que proporciona cierta información, pero ésta debe estar contextualizada, por ello, el propio eslogan del Coneval termina estando equivocado, pues no todo “lo que se mide se puede mejorar”, en todo caso, cuando están dadas las condiciones institucionales adecuadas, “lo que se evalúa se puede mejorar” y ayuda a rendir cuentas.

En este sentido, el presidente de la República, en una costumbre que ha impuesto desde que asumió la presidencia, realiza un informe trimestral a la nación que, además de manejarse en un tono más que optimista, resulta asaz repetitivo, ya que prácticamente la información que ofrece cada tres meses es muy similar a lo que, de lunes a viernes ha mencionado en las ya más de 500 conferencias matutinas.
En todos esos ejercicios mediáticos, el presidente ofrece muchas cifras, menciona muchos datos, sin embargo, la mayor parte de ellos aparecen, retomando la definición del Coneval, como un mero indicio en distintos rubros, sin mostrar, ni siquiera, la diferencia entre un antes que, desde la perspectiva presidencial era sumamente caótico (y que jamás podríamos afirmar que fuera idílico) y un después en el que (prácticamente), todo se ha cumplido, y sólo hace falta esperar la inercia de la maduración de las acciones llevadas a cabo en los 24 meses que lleva esta administración.
Desde que tengo memoria, y posiblemente ustedes también, apreciables lectores, los informes a la nación se encuentran cargados de ese tono, no sólo triunfalistas, sino, incluso, autocomplacientes con lo (magramente) alcanzado, completamente ausentes de autocrítica de parte de los emisores del mensaje. El informe emitido el 1 de diciembre de 2020 se ciñe, pues, a ese guion no escrito, pero por todos los gobernantes aceptado y reproducido.
Desde que el entonces candidato a gobernador por el Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la práctica (que replicó posteriormente al convertirse en candidato presidencial) de firmar compromisos ante notario, presuntamente para ofrecer garantías de cumplimiento, otros personajes hicieron lo mismo, como el actual presidente, aunque, en este caso su fedatario fuera una multitud congregada en el Zócalo capitalino, ante quienes se comprometió a cumplir 100 objetivos, de los cuales, el titular del Ejecutivo nos avisó recientemente ha cumplido con 97 de ellos, aunque, en muchos casos, se trate de acciones iniciales a las cuales les hace falta, precisamente, su finalización.
Ese día se aludió al aumento al salario mínimo; a las múltiples reformas del marco normativo que se han alcanzado gracias a la sobrerrepresentada mayoría de la que goza Morena en el Congreso; a la creación de universidades públicas (con sus múltiples fallas y carencias); al otorgamiento de becas y pensiones tanto a estudiantes como a adultos mayores y discapacitados, respectivamente; a los grandes proyectos de infraestructura como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el proyecto Transístmico…
Sin embargo, pocos fueron los datos que pasaron por la prueba del antes-después, salvo en aquellos casos que así convenía, como con los índices de letalidad en el uso de la fuerza pública en el combate al crimen organizado, que, no obstante, son cuestionadas por un análisis realizado por el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) IBERO (http://bit.do/fLAFZ).
El presidente anunció también que se había cumplido con el compromiso de construir sucursales del Banco del Bienestar, aunque el avance sea cercano a cuatro centenas (362), mientras que el compromiso sea de construir casi tres millares (2,700); algo parecido sucedió en torno a la provisión de acceso a internet, en donde anunció que se había logrado conectar a 47,000 comunidades, esperando que el año próximo la cifra llegue a 122,000, y para el año 2022 se cuente con una cobertura nacional. En ambas situaciones, de acuerdo con Estrada (http://bit.do/fLzwN), los avances de estos dos años indican que, en el mejor de los casos, el cumplimiento cabal de los compromisos se alcanzará hasta el fin de la administración, si es que no surge alguna eventualidad que lo impida, pero, en todo caso, no podrían considerarse como metas cumplidas, sino con un avance moderado.
En situación similar se encuentran los dichos del presidente respecto del respeto al Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción, la garantía a los derechos humanos, etc.
El informe del 1 de diciembre, al igual que sus similares, ofrece un incansable desfile de cifras (http://bit.do/fLzEm) que representan sólo eso, números fuera de contexto. Pese a ello, hay algo que es importante mencionar: en un país como el nuestro, con una escasa tradición en rendición de cuentas (pero muy avanzado en torno a los ajustes de cuentas que siguen presentes) y un incipiente desarrollo de la evaluación (que, lamentablemente no posibilita la profesionalización ni el aprovechamiento para la mejora de la toma de decisiones), se propician ejercicios como los que realiza el presidente, que, sin embargo, surten el efecto deseado en la población y explican, en buena medida, los altos niveles de popularidad que hasta la fecha posee.
En la introducción al libro de Giandomenico Majone, Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas (1997), Aguilar, menciona que, “en el centro de la política y la acción de gobierno están presentes e influyen las informaciones, los razonamientos, las demandas y expectativas de ciudadanos y organizaciones, a las cuales hay que dar respuesta y explicar convincentemente por qué se considera que la respuesta del gobierno es la más adecuada", es decir, comunicar la política y conectarla con las demandas ciudadanas resulta, en ocasiones, igual o más importante que diseñarla pertinentemente e implementarla coherentemente.

* Profesor-investigador del
Departamento de Política y
Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana