Opinión


La consulta, estrategia electorera

La consulta, estrategia electorera | La Crónica de Hoy

Desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador habló de la posibilidad de convocar a una consulta para que el pueblo decidiera si se debía juzgar o no a los expresidentes del pasado reciente, al mismo tiempo que decía que él votaría por la opción de no juzgarlos, ya que prefería una política de borrón y cuenta nueva. Planteaba que sería muy desgastante procesar a los corruptos del pasado, que no alcanzarían los tribunales para juzgarlos y las cárceles de México para encerrarlos. Remataba con una frase que ha repetido a lo largo de los dos últimos años: su fuerte no es la venganza. 
El discurso presidencial se ubicó desde un principio en el terreno de la estigmatización. Hay que exhibir a los corruptos del pasado, mostrar ante el pueblo sus excesos para impedir que se repitan en el futuro. De ahí surgió el famoso exorcismo “fuchi-guácala”, que también repitió contra el crimen organizado. Había que hacer que la sociedad rechazara a los corruptos, que la corrupción ya no fuera un camino atractivo para la gente. Claro, también amenazó con acusar a los criminales con sus madres, fórmula que evidentemente no ha dado resultado.  
Pero en la denostación cotidiana de la corrupción y los corruptos resultaba obvio que AMLO dedicaba más tiempo al sexenio de Calderón que al de Peña Nieto, lo que fortalecía la hipótesis de que entre AMLO y EPN existía un pacto de impunidad. 
Mientras las cosas marcharon más o menos bien AMLO olvidaba el tema de la consulta sobre los expresidentes, pero con el recrudecimiento de la crisis económica debido a la pandemia, y en vísperas del inicio del proceso electoral, resultó necesario desempolvar el tema, para lo cual resultó ideal tener al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuyos testimonios podrían resultar de utilidad. Por eso en las recientes semanas el presidente insistió en la necesidad de la consulta porque le ofrece la posibilidad de imprimir su sello al proceso electoral recién iniciado. Así se podría convertir a la elección en un referéndum sobre el gobierno actual en relación con el pasado reciente. AMLO ha insistido hasta el cansancio que en la elección de 2021 la ciudadanía debe decidirse entre el proyecto luminoso de su gobierno y el pasado neoliberal de corrupción y privilegios. 
Su partido y sus simpatizantes se movieron para acopiar las firmas necesarias para solicitarla (poco más de un millón 800 mil), pero al ver que difícilmente lo lograrían, el propio AMLO presentó su solicitud ante el Senado. Sin embargo, dos grupos de ciudadanos sí lograron entregar sus firmas ante el Senado, de tal manera que ya hay tres solicitudes. En todos los casos la SCJN debe resolver si la materia de la consulta es constitucional, pero con respecto a las presentadas por ciudadanos primero el INE debe verificar las firmas presentadas. 
Con respecto a la presentada por el presidente, ya el ministro ponente, Luis María Aguilar, presentó su proyecto que la declara inconstitucional y el Pleno de la SCJN debe resolver al respecto el jueves primero de octubre. Es un reto muy fuerte para la SCJN. Hay que recordar que desde el principio de su gobierno AMLO ha presionado fuertemente a la Corte y al poder judicial (con motivo de sus altos sueldos, de sus sentencias, etc.), hasta que logró obtener el apoyo del ministro presidente, Arturo Saldívar. 
Por supuesto que AMLO espera que la Corte avale su consulta porque así su preparación se empalmaría con parte del proceso electoral en marcha, aunque su realización sea hasta el primer domingo de agosto (no el día de la jornada electoral, como supone AMLO, debido a que el año pasado se reformó el artículo 35 constitucional). Pero también si la Corte rechaza la consulta por inconstitucional (que es lo más probable), el presidente está dispuesto a cobrárselo caro porque acusaría ante su “pueblo bueno y sabio” a los ministros de no haber oído el justo reclamo popular porque siguen siendo leales al antiguo régimen de corrupción y privilegios. AMLO quiere ganar sea cual sea la resolución de la Corte. 
El documento que presentó AMLO enumera los supuestos delitos por los que los expresidentes del periodo neoliberal deben ser juzgados. Salinas, cuyo periodo presidencial fue resultado de un fraude electoral (pero, por supuesto, no menciona a Bartlet) inició ese modelo, al que también llama  “neoporfirista”; Zedillo lo continuó e instrumentó el Fobaproa, que endeudó al país por generaciones; Fox forzó un fraude electoral al final de su gobierno para impedir el triunfo de AMLO; Calderón llegó a la presidencia gracias al fraude y desarrolló la guerra contra el crimen organizado, y finalmente Peña Nieto ganó su elección gracias a los millones que Odebrecht le dio por medio de Lozoya. Durante esos cinco sexenios el modelo neoliberal “se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves”.
El proyecto del ministro Aguilar propone que la materia de la consulta, es decir, que la ciudadanía decida si se investiga y procesa a los expresidentes, sea declarada inconstitucional, debido a que si AMLO o cualquier ciudadano consideran que hay graves delitos por los que se puede juzgar a los expresidentes, nada les impide presentar las denuncias correspondientes, acompañadas de las pruebas, ante la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que los expresidentes no están protegidos por el fuero constitucional que tuvieron durante el ejercicio del cargo. 
En conclusión, para proceder contra los expresidentes no se requiere consulta alguna. La aplicación de la ley no puede estar sujeta a la consulta a la ciudadanía. La ley se debe aplicar y punto. Con su absurda solicitud AMLO demuestra que no le interesa la justicia, sino el uso electorero del instrumento de la consulta popular.

*Académico de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa

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