A finales de noviembre de este año, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, la CEPAL, organismo de la Organización de Naciones Unidas, publicó su Panorama Social correspondiente a 2019. El Panorama es ya toda una tradición en el mundo del análisis de políticas públicas, pues permite comparar los resultados que arrojan los distintos programas y políticas usadas a lo largo del continente, así como comparar los resultados que se reportan en cada país.

El reporte de este año, que se puede consultar en http://bit.ly/CEPALLatAm2019 , pone el énfasis en el asunto de la desigualdad. El énfasis no es gratuito. Si uno piensa en las más notables movilizaciones de este año en la región, buena parte de ellas tienen que ver con el problema de la desigualdad. Es el caso de Ecuador, Chile y Colombia. También tiene que ver con los grandes movimientos migratorios que observamos en América Latina en los últimos dos años. Esos movimientos han sido tan intensos, que los latinoamericanos desplazados, en su mayoría originarios de Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala, representan cerca del treinta por ciento del total de los desplazados a escala global.

También explica algunos de los resultados electorales observados en los últimos doce meses. Es el caso, sobre todo, de Argentina, donde ha ocurrido en los últimos años un notable aumento en el número de personas en pobreza extrema, que explica la derrota que sufrió Mauricio Macri y su coalición. Algo similar puede decirse de El Salvador, con la victoria de Nayib Bukele, pero no es el caso de lo ocurrido en Guatemala con la victoria de Alejandro Giammattei.

La desigualdad en la región ha implicado aumentos en la proporción de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. En 2018 eran 30.1 y 10.7, respectivamente, cifras que en 2019 fueron de 30.8 y 11.5 respectivamente, aunque la CEPAL—en consonancia con observaciones hechas antes por Thomas Piketty y otros economistas—señala que la doble tendencia al aumento de la desigualdad y la pobreza es mayor cuando se miden esos fenómenos con instrumentos distintos a las encuestas de ingreso y gasto en hogares y, como ocurre en otras partes del mundo, los principales beneficiarios de ese aumento de la pobreza, no son las clases medias y ni siquiera las clases acomodadas en general, sino el uno por ciento, los más ricos de los ricos, en cada uno de los países analizados por la CEPAL.

Como ya es frecuente en los textos de la CEPAL, el organismo hace un llamado a darle vida a nuevos pactos sociales que garanticen una mejor distribución del ingreso y las oportunidades en los distintos países de la región. No profundiza demasiado en los riesgos de no hacerlo, pero no se necesita ser un premio Nobel de economía para darse cuenta de que la exigencia de una nueva Constitución en Chile, por citar sólo el caso más evidente, es la expresión más acabada, más perfecta, de esa necesidad de un nuevo pacto social en América Latina.

Desoír ese llamado a la articulación de un nuevo pacto social puede tener consecuencias muy graves. Más en los países más afectados por la pobreza y la desigualdad, así como en aquellos que carecen de instituciones políticas capaces de canalizar el descontento y abrir la puerta a que ese descontento encuentre alguna representación en el sistema político. Es el caso de Venezuela y Bolivia, cuyas crisis deberán conocer alguna solución en el año que inicia pronto, y ver si los nuevos gobiernos de Argentina y Guatemala entienden los dilemas que enfrentan o si se empeñan en reproducir modelos fracasados.

manuelggranados@gmail.com