Opinión


La intromisión presidencial en el proceso electoral

La intromisión presidencial en el proceso electoral | La Crónica de Hoy

El proceso electoral inició formalmente el siete de septiembre, con la sesión del Consejo General del INE, tal como lo establece la ley. Pero la política real tiene otros ritmos y en los hechos desde hace varios meses hemos vivido adelantos informales de que el presidente López Obrador ha iniciado su propio estilo de intervención en las cuestiones electorales.

Por supuesto, en todo país democrático los gobernantes que han llegado al poder gracias al voto ciudadano se esfuerzan por mantener su popularidad y la de sus partidos con base en las políticas públicas que ponen en marcha, además de que mantienen su derecho a participar en sus partidos políticos. Pero para ello deben utilizar medios legítimos de hacer política y no utilizar los recursos del estado para sus tareas partidarias.

El presidente López Obrador se deslindó discursivamente de su partido desde el inicio de su gobierno. Incluso llegó a decir que si Morena se desviaba del buen camino él mismo podría renunciar a su militancia partidaria. Más de una vez el presidente ha repetido que gobierna para todos los mexicanos, pero también desde un principio desarrolló un discurso de polarización entre los que lo apoyan y quienes lo critican. Ha insistido que se está con él, que representa el cambio verdadero (la “cuarta transformación”) o se está con los conservadores, los fifís, los que añoran el pasado de corrupción y privilegios del neoliberalismo, saco en el que mete a todos los partidos de la oposición.

Desde antes incluso de su toma de protesta como presidente constitucional, el presidente acusó al INE de ser parte de los conservadores, con motivo de la multa que la autoridad electoral le impuso a Morena por el fideicomiso para los damnificados del sismo de 2017. A partir de ahí, no han cesado sus ataques al INE, al cual acusa de ser muy costoso porque sus funcionarios ganan mucho (según él) y de haber solapado los supuestos fraudes electorales de 2006 y 2012, que él denunció después de sus derrotas.

Durante el año 2019 Morena propuso varias iniciativas de reformas para modificar al INE y a los OPLEs, con la finalidad de reducirlos y hacerlos más baratos en consonancia con la política de austeridad republicana. Finalmente ninguna de esas reformas se concretó, por lo que el INE llega al inicio formal del proceso electoral en las mismas condiciones que en 2018. En el camino se produjo la renovación de cuatro integrantes del Consejo General del INE, cuyo resultado fue el nombramiento de las y los aspirantes aceptables para Morena y sus aliados, que cuentan con la mayoría calificada en la cámara de diputados. Este proceso se vio manchado por el papel jugado por el ideólogo del partido gobernante, John Ackerman, muy cercano al presidente AMLO.

Esa aduana ya fue superada, pero AMLO no deja de atacar al organismo electoral. El más reciente se ha producido con motivo de la negativa del registro al partido México Libre, dirigido por la esposa del expresidente Felipe Calderón, pero cuya cara más visible es éste. El presidente dijo que de haberse concedido dicho registro “el INE se acaba, si de por sí están totalmente desacreditados” (5, sept, 2020). En esta ocasión incluso calificó la negativa del registro como un “gran triunfo del pueblo”, resultado de una verdadera “justicia divina”.

En otra ocasión el presidente arremetió contra los partidos opositores, los medios e intelectuales críticos, los empresarios e incluso miembros del Tribunal Electoral y del INE, como conspiradores que preparan un bloque amplio opositor (10, junio, 2020). Esta denuncia la presentó en su conferencia mañanera con base en un documento que según él le hizo llegar “el pueblo”, pero que no se tomó la molestia de verificar su autenticidad. Cuando le cuestionaron si formar una coalición opositora violaría la ley simplemente respondió que le divertía exhibir a los conservadores que hacen las cosas a escondidas.

En esta misma tónica, el presidente ha convertido en tema central de sus mañaneras recientes el caso Lozoya, del que ha exhibido un video filtrado y la supuesta demanda del exdirector de Pemex, que de acusado de graves delitos de corrupción se ha convertido en demandante de justicia. Aunque la FGR se ha deslindado de esas filtraciones, resulta evidente que proceden de ahí, sobre todo si se recuerda que aparecieron después de que el propio presidente declarara que el pueblo debía conocer los videos (se decía que Lozoya tenía varios) y la demanda, ante lo cual mágicamente aparecieron. El evidente objetivo de AMLO es incriminar, en ese caso emblemático de la corrupción del sexenio de Peña Nieto, a los panistas (y sobre todo al expresidente Calderón) más que a los priistas. Lamentablemente el presidente ha convertido un tema judicial, que debía seguir un camino riguroso, en un espectáculo mediático para golpear a la oposición.

En esas estaba muy entretenido AMLO cuando le respondieron con la filtración de dos videos y un audio que exhibían a su hermano Pío recibiendo dinero de David León (operador político del PVEM y del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco), funcionario estrella del actual gobierno federal. Los materiales mostraban que el hermano del presidente recibió de manera sistemática dinero destinado al “licenciado”, que anotaba rigurosamente en una libreta a la que llamaba “la biblia”. La respuesta del presidente no pudo ser más lamentable. Reconoció que su hermano sí recibía dinero para “el movimiento” (es decir, Morena), pero que ese dinero provenía de “aportaciones” del pueblo. Incluso llegó al extremo de comparar esas aportaciones con lo que ocurrió en los momentos revolucionarios del país.

El tema más reciente con el que AMLO pretende incidir en el proceso electoral es su insistencia de que ha llegado el momento de hacer una consulta para que el pueblo decida si se juzga a los expresidentes de la era neoliberal por actos de corrupción. Insiste en que la consulta se realice el día de la jornada electoral, desconociendo que, de acuerdo al artículo 35 constitucional reformado el año pasado, debería realizarse el primer domingo de agosto. Además, pretende basar su propuesta en la ley de consulta popular de 2014, que no ha sido reformada para armonizarla con la reforma constitucional. Su objetivo es convertir el tema de la consulta en el centro del proceso electoral.

*Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana

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