En el coloquio internacional de “Las bases Jurídico y Filosóficas para la justicia en la virtualidad”, organizado por el Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, el 18 y 19 de agosto de 2020, el Dr. Tiago Gagliano, juez en el Tribunal de Justicia, Paraná, Brasil, expuso el desarrollo de la justicia virtual y marcó como el momento de arranque la creación del Consejo de la Judicatura Federal brasileño, que impulsó una política pública de digitalización de la actividad jurisdiccional que hoy existe el juicio en línea y la posibilidad real de utilizar la inteligencia artificial como auxiliar en los procedimientos jurisdiccionales, pero nunca en sustitución de la labor valorativa del juzgador.

En contraste, en nuestro país, se publicó un diagnóstico sobre el acceso digital a los servicios digitales de Transparencia Mexicana durante la pandemia. “19 poderes judiciales operan de manera presencial, 10 poderes judiciales, incluido el Federal, operan de forma mixta o multimodal, 1 Poder Judicial opera de manera virtual (Tamaulipas) y tres poderes judiciales –Chiapas, Oaxaca y Yucatán– se encuentran prácticamente cerrados... sólo 9 poderes judiciales –Poder Judicial Federal y los poderes de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas– pueden operar por completo el llamado “juicio en línea…” (https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-accesoajusticia- covid19/).

Este diagnóstico se levantó desde el enfoque del justiciable. Esta perspectiva nos lleva a exigir que la justicia virtual sea una realidad como sucede en Brasil, pero aunque la demanda sea intensa y frecuente esta no dará frutos si no hay un cambio tecnológico y cultural profundo en el gremio de los abogados, jueces y servidores públicos vinculados con la administración de justicia.

La experiencia descrita por el juez brasileño fue la narración de una permanente y constante voluntad de avanzar en la virtualización de la justicia.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), desde la última década del siglo XX, también iniciaron el camino hacia la digitalización de los juicios y hoy los procesos de la justicia virtual tienen diversos grados de avance, que no es suficiente.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con base en una estrategia de modernización explícita, logró adaptarse en lo interno a las TIC en menos de una década. El TFJA implantó el juicio en línea en una sala especializada. Luego se avanzó en el expediente electrónico en el juicio de amparo, pero no se abandonó el físico.

Además, existe la consulta de los acuerdos y sesiones a distancia, la posibilidad de agendar una cita a distancia con un juez o magistrado, presentar amparos y promociones, consultar notificaciones y consultar expedientes electrónicos, con el uso de la firma electrónica avanzada (FIREL), que permite dar certeza a las actuaciones judiciales virtuales. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer.

En los últimos años, se avanzó en la interconexión de los órganos jurisdiccionales federales y estatales y con otras entidades públicas federales, lo que significa que, con base en convenios, el CJF compartió las plataformas digitales para que el intercambio documental se llevara a cabo electrónicamente. Lo anterior facilitó, hizo más eficiente y menos costoso el envío, por ejemplo, de los informes justificados. Muchos tribunales y juzgados han abandonado la práctica de transcribir el contenido de documentos en las sentencias y optan por su inserción como imágenes en el cuerpo de éstas.

También se ha fortalecido el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que es una plataforma digital de uso interno en el Poder Judicial de la Federación. Este sistema ayuda a la administración de la agenda digital, es fuente de información para el funcionario; sin embargo, falta en avanzar en la interoperabilidad entre los poderes judiciales, es decir, que haya conexión horizontal entre los diversos procedimientos y plataformas compartidas, que el SISE sea nacional no solamente federal, es decir, que integre a los sistemas de información judicial de las entidades federativas y de los tribunales no pertenecientes al PJF.

Esperemos que en la próxima reforma a la administración de justicia se vaya a fondo con la implantación del juicio en línea y la virtualización de la justicia. Nadie pretende sustituir a los funcionarios judiciales, ni a los abogados con la robótica judicial. En realidad, con la promoción de la justicia virtual lo que se pretende es la búsqueda de la ampliación del acceso a la justicia con los mismos recursos a núcleos de población excluidos por lejanía geográfica o costos, así como mejorar el desempeño de los tribunales superiores de justicia.

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