Si no peleas por acabar con la corrupción y la
podredumbre, acabarás formado parte de ella.
Joan Baez

De día y de noche algo permanece: noticias sobre robos, secuestros, abusos sexuales, feminicidios, homicidios y una larga lista de delitos cometidos en diversas partes del país. De ahí, los incontables reclamos de justicia por la apabullante impunidad.

No es, desde luego, una característica exclusivamente nuestra y tampoco fue creada o será extinguida por una persona en particular, por un gobierno o un sistema. Eso sí, la diferencia en nuestro contexto es que, comparativamente con otras regiones del orbe, alcanzamos desde hace muchos años un alarmante nivel de impunidad que rebasa el 90%. Dicho de otro modo, de los aproximadamente 33 millones de delitos que se cometen al año en todo el país, sólo un 10% se denuncia y esa cifra se compacta aún más en razón de las carpetas de investigación aperturadas en las que finalmente se llega a obtener sentencia.

Es un fenómeno monstruoso que causa estragos en los más diferentes ámbitos que van desde la seguridad ciudadana, hasta la economía nacional. Es una deuda que se incrementa y sigue arrastrándose al pasar de los años. La impunidad, sin embargo, no significa solamente dejar sin castigo un delito y tampoco se combate ni se agota sólo con la aplicación de sanciones. El enfoque para su erradicación no debería estar concentrado, por tanto, ni en la venganza o represión, ni en la concepción y aplicación de sanciones más severas o en la creación de nuevas instituciones, sino en la persona que padece o advierte, directa o indirectamente, la comisión o las consecuencias de un acto indebido.

Se trata de un fenómeno ligado a la corrupción. De hecho, la impunidad es, a mi juicio, una especie de

corrupción. Es corrupto no sancionar un hecho que merece y por lo tanto debe ser sancionado. En esa lógica, aunque el camino para la impunidad se cristaliza o se advierte más claramente ante la falta de castigo, ese no es su origen. Cuando nos sumamos a las filas de las víctimas del delito y no hacemos nada, abonamos al crecimiento de la impunidad. Sin denuncia no hay proceso y sin proceso no hay sentencia. Sin resolución de un caso apuñalamos por omisión a Themis. Al contrario, cuando usted denuncia un hecho delictivo, una irregularidad administrativa, una violación a sus derechos humanos, la falta de buen gobierno, no necesariamente tiene garantizada la resolución que espera, pero cumple con su responsabilidad cívica y este factor actitudinal coadyuva a erradicar la impunidad. Ha puesto en marcha el mecanismo creado específicamente para ese fin.

Somos el motor de este gran aparato que, aunque con serias y añejas deficiencias estructurales, nos ha

permitido evolucionar hasta convertirnos en el gran país que hoy somos. No más auto conmiseración. Hagamos lo que nos corresponde. Si a toda acción corresponde una reacción, pensemos que nuestro comportamiento ciudadano tendrá un reflejo de las mismas dimensiones en el cuerpo estatal. Así, o camina o lo arrastramos, pero de que se mueve se mueve. Cierto, es cansado invertir tiempo presentando una denuncia, es molesto recibir un trato no tan adecuado y tardío. Igual de certero que reconocer que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, tienen siempre más trabajo del que son humanamente capaces de procesar y en condiciones que no son precisamente envidiables.

Asumimos una posición contradictoria hasta la pared de enfrente. Por un lado, con una visión egocéntrica

exigimos derechos y reclamamos privilegios por los que no siempre hemos derramado sangre, sudor ni lágrimas y, al mismo tiempo, permanecemos cómodamente expectantes de que alguien más modifique un entorno que hemos condenado como inmutable, hundidos en la falsa creencia de que somos el centro de un universo creado exclusivamente para nuestra satisfacción.