En México, la legislatura de la primera parte de los sexenios tiene una gran actividad. Esto es algo que sucede recurrentemente. En el gobierno de Felipe Calderón, al 16 de diciembre de su segundo año de gobierno se habían publicado 128 reformas constitucionales y legales, así como decretos o modificaciones a la normatividad del Congreso, en el de Peña Nieto 198 y en el actual de López Obrador 107.

Lo primero que hay que resaltar es que los gobiernos sin mayoría legislativa lograron pasar más reformas, incluso constitucionales, si se compara con el gobierno de la autollamada 4T que posee el suficiente número de diputados con sus aliados para modificar la Constitución aún en contra de la oposición de bloque.

Lo segundo es que la operación legislativa no es tan eficaz como se presume en la medida que casi todos los temas deben pasar por el tamiz directo de la Presidencia de la República y algunos al pregón de las mañaneras. Aquellos legisladores que se han ido por la libre, como la iniciativa para regular la subcontratación de Napoleón Gómez Urrutia o la eliminación de las comisiones bancarias de Ricardo Monreal, han acabado en la congeladora de las Cámaras y con regaño presidencial.

Las iniciativas presentadas por legisladores que han prosperado han traído el beneplácito de Palacio Nacional o estos sólo han sido el medio para que se presenten las iniciativas elaboradas en el Poder Ejecutivo. Los parlamentos abiertos, que sustituyeron a las consultas populares o las mesas de expertos, han sido sólo prácticas para cubrir el expediente y únicamente dos proyectos fueron aplazados por oposición de los involucrados, la prohibición de la subcontratación laboral y las reformas al Banco de México, pero seguramente serán aprobadas en el próximo periodo de sesiones.

El ambiente del proceso legislativo es el que existía antes del primer gobierno sin mayoría de 1997. El bloque de apoyo al presidente que impone su visión y proyecto al resto de los partidos, con poca o nula apertura a las propuestas de la oposición más aún si hay instrucción presidencial de aprobarla sin cambios.

La legislación que se ha aprobado por consenso o unanimidad ha sido aquella vinculada con las “inercias del neoliberalismo” o las que son placebos demagógicos -gatopardistas- para dar la imagen de un cambio que en realidad no se propone llevar a cabo, como las leyes Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuya aplicación carece de recursos suficientes y estructura adecuada.

Las que son parte de la inserción del México al mundo globalizado que han sido impulsadas sin mucho aspaviento, pero que son las que en el largo plazo pueden ser las más redituales como las leyes de la Infraestructura de la Calidad y Federal de Protección a la Propiedad Industrial, entre otras.

Los bloques de la “gran” transformación nacional están vinculados con la normatividad en torno a la creación de la Guardia Nacional, la desaparición de los fideicomisos públicos, la seguridad social y salud (que quedan mucho a deber en el camino hacia la universalización), la contrarreforma educativa, los compromisos laborales derivados del T-MEC, la militarización de los puertos y aduanas y la supuesta no reforma fiscal, que endurece la persecución de la evasión de contribuciones y el castigo al lavado de dinero.

Una característica de la legislación aprobada es que la mirada de sus impulsores está puesta en el pasado: desmantelar las reformas de los gobiernos anteriores y recuperar esquemas del Estado de Bienestar agotado financieramente y excluyente de la economía informal, como está sucediendo con la legislación laboral que revive a las grandes centrales obreras y afecta a las pymes.

En la agenda legislativa no hay un proyecto de gobierno claro. No basta el combate a la corrupción, que es necesarísimo, pero no suficiente para superar los rezagos de desigualdad social. Las modificaciones constitucionales y legislativas son parte de un espectáculo mediático, como la supuesta eliminación del fuero del presidente, que podrá ser juzgado por cualquier delito que se pueda atribuir a un ciudadano, siempre y cuando una mayoría calificada del Senado lo declare procedente.

La legislación aprobada es un collage (palabra neoliberal y no utilizada por Cervantes) de ocurrencias que el presidente ha acumulado en sus andanzas por la República, que responden a intereses específicos que son parte de su clientela electoral, visiones cerradas de la vida, añoranzas de un pasado autoritario, ilusiones de su juventud echeverrista, pero no conforman un proyecto político coherente. Vale.