Las autoridades electorales tienen como razón de ser el garantizar que las elecciones sean competitivas, lo que siguiendo a Przeworski significa que quienes están en el gobierno puedan perder, aunque no necesariamente ese sea el resultado.

La clave es que la decisión siempre esté en manos de la ciudadanía.

Si las autoridades electorales no consiguen garantizar la competitividad, o si esto no es percibido por quienes votan, entonces su legitimidad dependerá de quien gane, lo que termina por ser peligroso pues su reconocimiento no en sus actos, sino en un discurso que proviene de quien participa como contendiente.

Para conseguir la legitimidad las autoridades comiciales deben demostrar tres cosas: independencia en sus acciones; publicidad en sus decisiones; y persuasión en sus razones.

Independencia en las acciones significa privar de validez a las indicaciones y sugerencias de los partidos, candidaturas, grupos de presión, etc.; desde luego hay que escuchar a todas y todos los actores políticos cuando sus manifestaciones son dentro del marco de lo permitido por la ley, pero lo que no se vale es tomar estas posiciones como órdenes.

Publicidad en sus decisiones se traduce lo mismo en la apertura de las sesiones de los órganos colegiados como en un esfuerzo por dar a conocer las resoluciones que se tomen, lo mismo sirviéndose de foros públicos como del Internet, en formas que van desde las redes sociales hasta las cadenas en los servicios de mensajería instantánea.

Persuasión en sus razones es un elemento que se desdobla en dos vertientes: la primera es la necesidad de convencer a los tribunales que revisan los actos de las autoridades electorales, lo que implica un alto nivel de técnica jurídica; y la segunda es el imperativo de convencer a la ciudadanía, lo que exige un lenguaje claro al mismo tiempo que veraz.

Si las y los votantes perciben que quienes organizan sus elecciones son independientes, toman sus decisiones de forma pública y presentan buenas razones para sostener sus determinaciones, entonces cabe suponer que respalden los resultados electorales que entreguen, aun cuando no sean favorables para la opción política de su preferencia.

Lograr lo anterior no es fácil. En primer lugar porque depende del talante y las capacidades tanto de quienes están en la función pública como de las instituciones; en segundo lugar porque parte de la ciudadanía juzga a los órganos electorales dependiendo de si el resultado comicial es favorable o no a su preferencia política.

Pero nadie dijo que la función electoral fuera fácil. El trabajo debe realizarse.