Camilo Contreras*

Los bienes públicos como el conocimiento, el patrimonio paleontológico y el espacio público están en subasta en Monterrey. No exagero, hay hechos contundentes que apuntan en esa dirección.

En este año atípico donde en apariencia no pasa nada trascendente por el shock y secuelas de la pandemia, nos enteramos de la intención de construir dos torres de 39 niveles en los límites entre el Barrio Antiguo y el Paseo Santa Lucía. Se trata del proyecto “Vía Zócalo”. Esta proyección atenta contra uno de los pocos conjuntos históricos que sobrevivieron a la construcción de la macroplaza. La voracidad inmobiliaria con la complacencia de los gobiernos locales, en este caso el municipal, es una añeja práctica regiomontana. En países con mayor respeto del patrimonio histórico y arquitectónico, incluso está regulado el manejo del paisaje.

El Parque Fundidora es el caso de un manejo bajo un modelo que no aguantó la baja del flujo de recursos por la renta de espacios, la celebración de eventos masivos, el cobro excesivo de los estacionamientos. Hoy está cerrado. El punto es que la gran aspiración fue la autosostenibilidad financiera, la cual se logró a base de la privatización temporal o permanente en diferentes zonas del parque. La construcción de inmuebles para renta o venta a costa de áreas verdes, aceptar lo que otras empresas o instituciones desechaban o rechazaban fue convirtiendo esa gran área en un mosaico sin la identidad que corresponde al patrimonio industrial. Así se dio entrada al festival Pa´l Norte y al Museo de la Fama sólo por mencionar dos ejemplos.

La lista sigue. La iniciativa panista de reforma a la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León se extralimita con relación a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La iniciativa local plantea la susceptibilidad de comercializar “grabados inusuales en piedra caliza” (lo que eso signifique para quienes propusieron la iniciativa) mientras que para la ley federal los restos fósiles son de dominio público de la federación y no pueden ser comercializados.

El caso al que me quiero referir con mayor detalle es la Iniciativa de Ley de Ciencia, Tecnología, e Innovación del Estado de Nuevo León promovida por el grupo legislativo panista. A finales de 2019 fue presentada y aprobada por el Congreso local. A diferencia de otras leyes estatales en la materia, la de Nuevo León no incluye a todas las áreas del conocimiento tales como las Ciencias Sociales y las Humanidades. Por fortuna y por ahora la ley está vetada.

Este instrumento legal es solo la punta del iceberg de una tradición perniciosa que reconoce el enfoque más pragmático de la ciencia y que resuelve o propone soluciones para la gran industria. Evidencia contundente fue la forma en que este sector académico y de la empresa privada acapararon los recursos financieros para la investigación proveniente de los extintos fondos mixtos de Conacyt del gobierno del estado. Es decir, lo que se hacía solo de hecho, ahora se quiere hacer de derecho.

Situaciones complejas y problemáticas de la entidad están siendo estudiadas, pero tales estudios no recibían los mismo apoyos que ciertas ciencias aplicadas. Migración, salud pública, inseguridad, violencia de género, mercados laborales y muchas otras temáticas sólo son comprensibles desde las ciencias sociales y las humanidades. Hay cuatro posibles razones, al menos son las que imagino, por las que en un estado como Nuevo León el sector privado se apropió de aquellas partes del ecosistema de formación de conocimiento que le son más útiles: el acaparamiento de los recursos públicos para beneficio privado (del antiguo Conacyt a las empresas privadas); la creencia de que el crecimiento económico lleva en automático al desarrollo y al bienestar (lo cual ya mostró todo lo contrario); y la creencia de que las ciencias sociales y las humanidades deben ser legitimadas por su utilidad inmediata.

En la coyuntura del veto a la ley mencionada, el 6 de marzo convocamos a científicas y científicos sociales de la UANL, Ciesas, Itesm, El Colef, así como funcionarias y funcionarios de Conacyt y del Consejo Nuevo León. Sin que faltara la autocrítica, enfatizamos los aportes y compromisos con la sociedad nuevoleonesa de disciplinas como la economía, la sociología, la antropología, la historia, las ciencias políticas y de la educación, etcétera. Fueron expuestos casos concretos de estudios rigurosos que diagnostican, evalúan y han resuelto problemas específicos en los ámbitos educativos, de los diferentes tipos de violencias, de la migración, de la efectividad de políticas fiscales, de equidad de género y un largo listado que demuestra que estas disciplinas han ido más allá de la mera reflexión.

¿Qué sigue? Dos de las conclusiones del encuentro del 6 de marzo destacan la necesidad de reconocer que poco nos interesamos por el cabildeo en los ambientes donde son tomadas estas decisiones, llámese gobierno, sector privado e incluso en el mismo medio académico. También fue reconocida la falta de comunicación y diálogo entre las diferentes áreas del conocimiento. Ante el veto de la iniciativa estamos en oportunidad de establecer un diálogo horizontal entre la comunidad científica de universidades públicas y privadas así como de los centros públicos de investigación. Esto ocurrirá durante el mes de septiembre, ya algo hemos aprendido en el manejo de plataformas con participaciones más copiosas de las que acostumbrábamos. No podemos esperar a que regrese la normalidad, para entonces ya el resto de los bienes públicos de la ciudad estarán en remate.

*El doctor Camilo Contreras Delgado es profesor investigador de El Colef, sede Monterrey. Correo: camilo@colef.mx