La falta de atribuciones, la complejidad y la evolución que caracteriza a la industria de las telecomunicaciones pero sobre todo la incapacidad para reconocer que se trata de un problema social ha impedido a las autoridades y los diseñadores de políticas públicas la publicación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que defina los criterios técnicos, constructivos y sanitarios con los que debe operar una antena de telecomunicaciones. Cercanía de las torres y potencia en la transmisión de las señales son los dos puntos clave que debería contemplar esta regulación.

La antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) no contaba con las potestades necesarias para ocuparse del derecho de vía en materia de señales electromagnéticas. La reforma de 2015, de acuerdo con funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones le dio facultades a esta autoridad regulatoria para ocuparse de este tema que se encuentra en la agenda gubernamental, en la de la opinión pública, pero que no se ha atendido. Aún no se atiende a pesar de que la conectividad se transformó en una necesidad primaria en medio de la pandemia.

En el IFT esperaban que en 2019 se publicara la nueva NOM ( 126- SCT-1 SSA1-2012) que contará con criterios técnicos que cumplieran con las normas internacionales como la de las radiación límite de 300 GHtz que establece la Comisión Internacional para la Protección contra las radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), una organización científica independiente reconocida por la Organización Mundial de la Salud. No sucedió y hoy vemos el gran déficit de antenas de telecomunicaciones que se enfrenta.

En una entrevista que realicé sobre el tema, el IFT reconoció, sin embargo, que una vez publicada la NOM, enfrentaría nuevos retos y que la ausencia de reglas claras genera en mucha comunidades en donde se demanda el servicio de banda ancha una negativa a la instalación de antenas que deben dar cobertura a comunidades rurales. Esa situación se aprovecha para extorsionar desde muchos autoridades municipales. En México, además, se ha presentado el fenómeno “No en mi patio trasero”, mejor conocido por sus siglas en inglés como NIMBY (Not In My Back Yard). Comunidades que prefieren no informarse y rechazar infraestructura que todos necesitamos para lograr una conectividad efectiva en el país.

Otra interpretación es que más de una década de desinformación y vacío regulatorio extendió el problema y ahora vemos las consecuencias. Queremos conectividad pero no antenas. De llegarse a publicar la NOM después vendría un nuevo reto regulatorio para el IFT pues las inspecciones para que se cumpla la NOM tendrán que presentarse a petición de parte ¿Tendrá la capacidad el IFT?. Son temas que, en medio de la pandemia, deberían analizarse. Las políticas públicas bien diseñadas deben servir como argumentos en el caso en el que la autoridad deba servir como arbitro. Es un tema pendiente que ahora debería analizarse justo cuando se confirma que algunas prácticas de corrupción en gobiernos municipales sigue frenando la instalación de esta infraestructura estratégica.

Cuádruple Play para la educación

Las empresas que como izzi ofrece alternativas de conectividad como el cuádruple play también están contribuyendo a la educación en un momento clave. Resulta que la televisión de paga, que forma parte de la opción de cuádruple play, se integró junto con la televisión vía satélite que ofrece Sky, a la transmisión de los contenidos educativos. Los números son interesantes porque permitirán a muchos niños tener acceso a la programación diseñada para atender a más de 30 millones de estudiantes. En el caso de izzi, por ejemplo, su servicio de video llega a 4 millones 335, 478 suscriptores; mientras que en Sky, hay 7 millones 457 mil 162 suscriptores. La creciente competencia en este sector generó que se ampliara el mercado y que hoy se cuente con más opciones para una buena recepción de los contenidos.

Los proveedores de EPN, según Lozoya

Apareció en la denuncia realizada por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, el nombre de José Eshkenasi Smeke, de la empresa Soccer Media Solutions, dedicada a la publicidad exterior. A Eshkenasi, según lo declarado por el ex director de Pemex, se le pagaron 150,000 dólares en una cuenta en Nueva York con el número 17026984. La operación se realizó el 4 de mayo de 2012. El nombre de Eshkenasi trajo a la memoria de algunos investigadores del rescate bancario, de la época del Fobaproa, los beneficios que se habrían otorgado a un empresario con el mismo nombre. ¿Será el mismo? Se preguntan. Las empresas de Eshkenasi, por cierto, también fueron proveedoras de servicios publicitarios durante el gobierno de Peña Nieto, específicamente en la Lotería Nacional. Interesante.