Hay una gran paradoja en el presupuesto para 2021. Se podría calificar de “normalito”, porque se parece mucho a los anteriores. Pero ese presupuesto normalito, inercial, se presenta en el contexto de la más grave crisis económica vivida por esta generación de mexicanos, con caídas sin precedente en la producción, el empleo y los ingresos.

El consuelo es que pudo haber estado peor. Los recortes previstos pudieron haber sido más draconianos y se pudo haber insistido en el absurdo del superávit primario, ya estrictamente como fetiche, porque no hay manera de evitar que la deuda pública siga aumentando.

Pero es un triste consuelo. Mantener un presupuesto inferior al de este año, en el que se hicieron evidentes las carencias, significa apostar a que serán los mercados, deprimidos de por sí, los que van a impedir que la economía mexicana se empequeñezca todavía más. De hecho, la apuesta es a que será la dinámica de la economía de Estados Unidos la que nos saque del barranco, a través de nuestros sectores exportadores.

Al principio del sexenio, uno de los pilares del discurso de gobierno era la necesidad de desarrollar el mercado interno. Iba pegado con la crítica al modelo que pensaba en un desarrollo jalado por las exportaciones y la integración globalizada. Se decía que ese modelo olvidaba al pueblo y sus necesidades. En ese sentido podían inscribirse tanto medidas trascendentes como los aumentos al salario mínimo real, como programas clientelares del estilo de las Tandas del Bienestar.

Ese discurso ha chocado con los pleitos de López Obrador con los empresarios, que inhiben inversión y empleo, pero más todavía con presupuestos presentados por el propio gobierno, siempre más atentos a la consigna de no aumentar deuda o impuestos que a la de promover el mercado interno. Y se hace añicos con el de 2021, a menos de que se crea que apoyos pequeños y mal distribuidos son capaces de levantar a un gigante caído.

El gasto público social con mayor impacto en el consumo interno se reduce aún más y lo mismo sucede con esas apuestas por el futuro que son la cultura (que dedica la mitad del presupuesto a dos megaobras en una alcaldía de la capital), la ciencia y el deporte.

La poca inversión pública está dirigida, casi exclusivamente, a los proyectos consentidos del Presidente: Dos Bocas, el Tren Maya, Santa Lucía. De nuevo, ingentes recursos se destinan a Pemex, que sigue y seguirá perdiendo dinero en cantidades ahora sí que industriales. Para compensarlo -en el papel- suponen que la empresa petrolera producirá 1.86 millones de barriles diarios… cosa que no ha hecho en todo el sexenio.

Se ha dicho que el presupuesto se basa en supuestos demasiado optimistas. Que la economía no decrecerá a dos dígitos en este año, sino sólo 8%, y que puede crecer al 4.6% en el siguiente. Que bastará con mejorar la recaudación para que no se caigan los ingresos públicos a pesar de las bajas en el empleo formal, la producción, las ventas y las ganancias. Que, en ese contexto, no habrá necesidad de ajustes.

Considero que el optimismo se usó de parte de Hacienda para abrir un pequeño resquicio para proponer un déficit fiscal de 0.7% del PIB. Que sí se podrá crecer a tasas similares a la proyectada, pero desde una base más baja, porque la economía este año va a decrecer alrededor del 10%. Que se sobrestiman los ingresos fiscales y se subestiman los gastos, y la cuestión estribará en cómo hacer los ajustes: con más deuda interna, recortes pensados o a lo loco, o reformas fiscales que sin duda no llevarán ese título. Que, a final de cuentas, lo que se obtendrá será un desarrollo más desigual. Y eso nos trae de vuelta al tema de los sectores que jalan la economía.

Lo que veremos con este presupuesto es -en contra de las previsiones y los deseos expresos de López Obrador- que les va a ir mejor a las regiones del país que trabajan para la exportación que a las que se dedican preferentemente al consumo nacional. Esto significa que la brecha que divide al México moderno del tradicional se va a ampliar, y que las inversiones públicas en el sureste poco van a poder hacer para evitarlo, porque su impacto social se va a ver reducido por la pauperización del entorno económico. Es otra paradoja.

Todo esto, al tiempo que genera más desigualdad social y regional, va a provocar una disputa mayor por el presupuesto, ya de por sí escaso. Y si los diputados pueden al final plegarse a las decisiones de Palacio, no sucederá lo mismo con los gobernadores.

Para acabar de pintar el panorama, todo esto sucederá en un año electoral crucial, en el que la distribución de apoyos y la realización (o no) de obras de distinto tipo interesa a las partes. Los efectos dependerán de la capacidad política de unos -para obtener los recursos- y la capacidad administrativa de otros -para que den el resultado esperado-.

Y tal vez esa rebatiña sea, a final de cuentas, lo más normalito de este presupuesto.