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Perversidad

Perversidad | La Crónica de Hoy

El “criterio de oportunidad”, que introdujo la reforma constitucional del sistema penal en 2008, se está convirtiendo en una figura perversa en nuestro país. En lugar de que sirva para descongestionar cargas de trabajo del sistema de justicia y para concentrar recursos para sancionar delitos de mayor impacto e importancia, o para someter a la acción penal a cabezas de redes delincuenciales, tal parece que se está instalando una mala aplicación del criterio, con muy pocos controles para hacerlo eficiente, generando consecuencias negativas para la impartición de justicia. 

Los casos recientes que conocemos del uso de dicho criterio muestran que para un inculpado resulta muy atractivo acogerse a esta fórmula para librar acusaciones en su contra, a cambio de delatar a sus superiores jerárquicos, pero no necesariamente para ofrecer información relevante y comprobatoria sobre el delito que se persigue para hacer más eficiente el trabajo de la Fiscalía. En el contexto de nuestro muy deficiente sistema de justicia y de la extendida corrupción a lo largo de toda la cadena de investigación y acusación ministerial y judicial, los testigos colaboradores han servido más que para hacer justicia, para alimentar el circo mediático. 

Después de 15 meses en prisión y de resistirse a convertirse en testigo protegida para negociar beneficios en su proceso judicial, a cambio de denunciar a ex funcionarios de mayor rango en el gobierno de Peña Nieto, hace unos días, Rosario Robles finalmente aceptó acogerse al criterio de oportunidad. Hay que recordar que recientemente los jueces habían negado su demanda de seguir su proceso penal desde su domicilio, además de que el pasado 6 de noviembre, se le imputaron dos nuevos delitos, por delincuencia organizada y lavado de dinero, que son de mucha mayor gravedad que aquél por el que originalmente se le había encarcelado -uso indebido del servicio público. Hasta el momento, se hablaba de que se le podía imponer una pena de 21 años de prisión, además de obligarla a pagar 5mil millones de pesos para resarcir el daño al erario por su responsabilidad en las operaciones ilícitas de la Estafa Maestra, pero los nuevos cargos amenazaban con incrementarle la pena a 40 años.

Sabemos que quien le mostró el camino a Robles para ofrecer sus testimonios en contra de sus superiores jerárquicos, a cambio de liberarse de las acusaciones en su contra, fue Emilio Zebadúa, quien fue su hombre de confianza para el manejo de los recursos públicos, en su calidad de oficial mayor tanto en la Sedesol, como en la Sedatu. Dadas sus responsabilidades oficiales, se sabe que,  si quizás no fue él quien diseñó el gran acto de corrupción, sí fue el operador directo de la trama de la desviación de recursos públicos a empresas fachada, a través de la mediación de universidades públicas estatales, la cual fue ampliamente documentada entre 2013 y 2014 por la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, además de que fue analizada y divulgada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.  Sin embargo, hasta la fecha, la acción de la justicia sólo ha alcanzado a señalar que Zebadúa pactó con la FGR a cambio de acusar a su ex-jefa en primer lugar, pero no exclusivamente.

El criterio de oportunidad es una fórmula que, si no se utiliza de forma excepcional y con controles efectivos, sino que se le convierte en una práctica recurrente, puede derivar en circunstancias que abonen al desprestigio del sistema de justicia. En México, las experiencias recientes han convertido a los acusados en acusadores ejemplares, porque se ofrece impunidad a cambio de delaciones y, aunque la información que ofrecen los testigos protegidos debe de estar documentada y ser comprobable por la autoridad, hoy por hoy, lo que tenemos a la mano es que la FGR está echando mano de ella para que los nombres de cada vez más altos ex funcionarios se coloquen en la tribuna del enjuiciamiento mediático. Hasta el momento, el más alto ex funcionario que ha sido mencionado tanto por Robles, como por Zebadúa, es el ex secretario de Hacienda Videgaray, sobre el cual los medios han especulado que está escondido en Israel, aunque la periodista Dolia Estévez ha revelado que sigue siendo su vecino en los Estados Unidos, donde se desempeña como profesor desde hace más de un año.

Acusaciones van y vienen y ahora, seguramente, se incrementarán con las declaraciones de Rosario Robles, al menos esa es la apuesta. Pero, lejos de que los testigos protegidos sean aprovechados para documentar mejor las pesquisas del ministerio público y armar carpetas de investigación más sólidas que permitan consignar ante un juez a los culpables, tal parece que debemos conformarnos con los escándalos mediáticos sobre personajes cada vez mejor identificados, sin que sepamos hasta dónde llega la responsabilidad de quienes denuncian, ni la de quienes son denunciados.    

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