Un gobierno que usa la fuerza para mantener su dominio,

enseña al oprimido a usar la fuerza para oponerse a él.

Fernando Gamboa González

En lo que va del año se han cometido, a nivel nacional, 1 millón 200 mil 624 delitos del fuero común y 50 mil 756 del fuero federal. Desde luego es una cifra tristísima, pero la diferencia no es nueva. La competencia de hechos ilícitos a nivel federal es siempre inmensamente menor que la local; por esa razón es indispensable el fortalecimiento permanente de los cuerpos de seguridad ciudadana de primer contacto, que son las policías locales y municipales.

A pesar de ese escenario de necesidad más que acreditada, hace unos días el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, en el que sorprendentemente no mereció asignación presupuestal el programa de Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG). Así, de un plumazo desaparecieron los casi 4 mil millones de pesos que en el ejercicio 2020 se le destinaron.

El recorte, mejor dicho, la desaparición de ese subsidio no es menor. El FORTASEG es un programa que surgió en 2016 y estuvo canalizado a robustecer el desempeño de los cuerpos de seguridad pública, en aspectos como la profesionalización y capacitación policial (de manera general y recientemente en materia de derechos humanos e igualdad de género), el mejoramiento en su equipo de trabajo y condiciones laborales, así como la construcción de nueva infraestructura y el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia y del delito. No sé si es indiferencia o desconocimiento. Lo que sí sé es que se trata de un duro golpe, principalmente, a los ya de por sí debilitados municipios.

Esto no es todo. En el presupuesto programado para la Defensa Nacional, concretamente en el renglón de apoyo a la seguridad pública, esta Secretaría recibiría poco más de 430 millones de pesos adicionales si se le compara con la cifra del año pasado. Irónicamente, la SEDENA tendría, en números redondos, 10 millones de pesos menos para ejercer en temas vinculados con derechos humanos. Digo irónico porque al ser una institución frecuentemente señalada por no ser la más respetuosa de derechos humanos, uno pensaría en esa asignatura como un pendiente que requeriría la inyección de más recursos y no lo contrario.

En el rubro de coordinación con instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el descalabro fue de poco más de 58 mil millones. Eso sí, en un apartado antes denominado “Operativos para la prevención y disuasión del delito” ahora rebautizado como “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos”, se propuso un incremento de casi 3 mil millones de pesos respecto del monto aprobado para 2020 (parece que son los que le quitaron a los municipios). O sea que cuando la prevención delictiva estaba en manos de instituciones civiles había menos necesidad. Ahora, en manos de la Guardia Nacional, la voluntad política por ayudar creció.

De aprobarse como viene, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad de los Estados y del DF (Cd. Mx.) sufriría una reducción de 251 millones de pesos.

La eliminación de subsidios y la decidida reducción presupuestaria en diferentes asignaturas que impactan a la seguridad ciudadana proveída por instancias locales y o municipales, confirma lo que desde a inicios de este sexenio se avizoraba. El ejército seguirá en las calles y como todo es letra muerta sin lana, la Guardia Nacional aumentaría su presupuesto en más del 20% en comparación con el otorgado este año. Con estas determinaciones se antoja difícil el cumplimiento de aquel periodo de 5 años cantado para retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública.

Esta planeación presupuestaria refleja también el ímpetu centralizador del dinero. Se retira de las entidades federativas y municipios en favor de instancias del gobierno federal.

Además de incongruentes con el discurso oficial, el gobierno sigue confundiendo la gimnasia con la magnesia. Seguridad nacional no es lo mismo que seguridad ciudadana/pública. Está en manos de la Cámara de Diputados identificarlas y corregir estas asignaciones, especialmente si como yo, ven en la seguridad pública, auténticamente civil y ciudadana, un programa social en el que no parece conveniente escatimar ni recursos ni esfuerzos.