Opinión


Que tanto es tantito, Mancera inhabilitado

Que tanto es tantito, Mancera inhabilitado | La Crónica de Hoy

El jueves 22 de octubre se hizo pública, mediante una nota informativa circulada entre los medios de comunicación, la inhabilitación por un año que ejecutó la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría General de la Contraloría de la Ciudad de México en contra del senador Mancera por una falta acreditada en una resolución de la sala especializada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida en un procedimiento especial sancionador (La Crónica, 22-10-20).
Inmediatamente se inició el intercambio de declaraciones. El senador Mancera, doctor en derecho, rápidamente contestó que la sanción de la Contraloría de Justicia (sic) la había conocido por los medios de comunicación y que la estaba estudiando para oponerse por las vías correspondientes. Además, que se trataba de una falta administrativa y no de un delito, vamos, que tanto es tantito.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General, que es una dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no un órgano judicial, manifestó en un comunicado de prensa que el proceso de notificación personal de la resolución fue realizado por cédula y estrados, como si no se conociera el domicilio del senador, ni donde se le podía encontrar.
Lo cierto jurídicamente es que, en estos momentos, el senador Mancera está inhabilitado para ejercer un cargo en la Ciudad de México por un año debido a una determinación de índole administrativa. Lo confuso es que esto no afecta su desempeño en el cargo federal de elección popular, ni impide que regrese al servicio público, incluso en esta entidad, cuando concluya su periodo en 2024.
La información es escasa. No se sabe si la falta administrativa es grave o no grave, si la sanción de inhabilitación fue impuesta por el tribunal y sólo ejecutada por la secretaría general de la contraloría o si ésta resolvió con libre apreciación la sanción una vez demostrada la falta ante el Tribunal. Esto hace suponer que es el comienzo de una estrategia de mayor alcance contra el exjefe de gobierno de la Ciudad de México por los supuestos hechos de desvío de recursos cometidos por sus más cercanos colaboradores durante el sexenio 2012-2018.
Técnicamente, las responsabilidades administrativas se imponen por instancia de gobierno, es decir, aquellas que derivan de una falta cometida en el ámbito local, como lo es la Ciudad de México, no debieran trascender al Federal, sin embargo, el régimen de responsabilidades es más complejo.
Por otro lado, el senador Mancera no se puede manifestar ignorante del castigo, toda vez que deriva de un procedimiento sancionador en el que intervino como parte acusada por hechos cometidos en el proceso electoral del 2018 y, muy probablemente, ejerció su derecho de defensa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La acreditación de la falta administrativa, seguramente, ya quedó firme y en principio es inatacable, lo que se desprende del hecho que el Tribunal ya solicitó la ejecución de la sanción correspondiente. Tal vez sea impugnable la individualización de la sanción, es decir, que el castigo sea distinto a la inhabilitación y, eventualmente, se sustituya por una multa o un apercibimiento público.
Reitero, lo cierto jurídicamente es que el senador Mancera incurrió en una responsabilidad administrativa. Esto abre dos vías jurídicas: la solicitud de juicio político contra el senador si la falta fue clasificada como grave o la denuncia ante el ministerio público por la posible comisión de un delito. Esto último posiblemente ya ocurrió y no conocemos el resultado. 
¿Qué sigue en esta tragicomedia en la que los aliados se distancian y se convierten en adversarios? Hay que recordar que el presidente López Obrador llamó traidor a Mancera y que el hoy senador acusó a Marcelo Ebrard de desviaciones de miles de millones de pesos en la construcción de la línea 12 del metro. Nadie puede ver el futuro.
En el presente, estamos ante una declaración cínica: “Sólo es una falta administrativa, no un delito”, lo que no es tolerable en un senador de la República. Lo previsible es que las cosas se queden como están, porque la renuncia es improbable ante el escenario previsible de una denuncia penal en su contra por lo que ha sucedido con sus colaboradores cercanos. Esta complejidad del régimen de responsabilidades es lo que provoca la sensación de impunidad. Con esto se expande la idea en la opinión pública de que alguien puede burlarse de la ley y no pasa nada. ¡Vamos, que tanto es tantito!

Socio director de Sideris, Consultoría Legal

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