Opinión


Su nombre es delito

Su nombre es delito | La Crónica de Hoy

Hay que procurar que la pena 
no sea mayor que la culpa

Cicerón

Cada vez que puedo, tanto en clases como en redes sociales, critico el olvido de los principios de mínima intervención y ultima ratio del Derecho Penal y que, por el contrario, se realice un uso excesivo de él como medio de represión ante el creciente fenómeno delictivo y otros sucesos en la vida común que ni siquiera deberían ser de su competencia. Normalmente la pregunta que surge enseguida es ¿y cuál es la solución? Mi respuesta es que no hay una solución sino múltiples acciones que en su conjunto apuntan hacia allá. Una de ellas, mi apuesta recurrente, es la prevención del delito antes que el dedo flamígero que clama por castigo.

A pesar de que hace tiempo nuestro modelo de justicia penal se reformó fortaleciendo el respeto por los derechos humanos, la realidad nos supera en un sistema con más rasgos autoritarios que democráticos. Botones de muestra tenemos: el aumento de penas, la criminalización de más y más conductas, el uso desmesurado de la prisión preventiva y hasta la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, todo ello bajo el estandarte de la justicia pero en franco perjuicio de la aplicación, que debería ser preferente, de criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso, procesos en libertad, privilegiar la reparación del daño y consecuencias diversas al uso indiscriminado de la prisión, entre otros.

Sin embargo, sé que nada nuevo aporto ni descubro el hilo negro cuando hablo de la prevención que el Derecho Penal persigue en primera instancia. Intento, no obstante, señalar cómo algunas condiciones básicas que no son atendidas pueden transformarse, en un instante, en un factor determinante en la comisión de un delito con consecuencias de alto impacto tanto para quien lo comete como para la víctima y sus respectivas familias, particularmente en el caso de delitos tan frecuentes como el robo con violencia y el homicidio.

Una persona que camina por un puente peatonal solitario, quizás sin alumbrado, puede fácilmente ser víctima del delito por condiciones de idoneidad que otra persona aprovecha; el conductor de un vehículo atropella a una persona que no utiliza el puente peatonal “porque se encuentra lejos”, “porque en ese puente asaltan”, “porque está lleno de basura y/o no está iluminado” o sencillamente porque el puente no existe; un incidente con vehículo automotor que invade un carril confinado arrollando a un ciclista.

En nuestro México mágico es increíble que carezcamos de sentido común para atender, como se debe, cuestiones tan elementales como contar con puentes peatonales y alumbrado público suficiente y de calidad.

¿No le parece absurdo que se cuide más la invasión al carril del Metrobús confinado con delimitadores plásticos, que el carril de ciclistas sólo señalizado con rayas pintadas en el piso? A mí me parece un mensaje implícito que privilegia el tránsito fluido sobre la seguridad-vida de los ciclistas.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (que por cierto ya debe cambiar su nombre por el de seguridad ciudadana), hasta el 30 de junio se registraron 5,312 casos de homicidios culposos y 11,485 casos de lesiones, ambos por accidente de tránsito y 96,808 robos con violencia en diferentes modalidades, que incluyen el uso de arma de fuego.

Eso que comúnmente se llama accidente, en materia penal no existe, bueno sí existe, pero con otro nombre y cuando cobra vida es justo lo que arruina.

Para el anecdotario: Si no creen que la justicia en México es selectiva, chequen el video de ayer donde el fiscal general Gertz Manero, resume los hechos de la denuncia presentada por Emilio “L” (todos sabemos que es Lozoya); señala a un expresidente de la República y a un exsecretario de Hacienda en un periodo específico (y por lo tanto sobra que dijera sus nombres) pero de forma responsable, enfatizó, sí reserva los nombres de los legisladores señalados también por el Emilio ese, digo “N”, pues deben esperar hasta que judicialicen en caso de que encuentren pruebas suficientes contra ellos. Supongo que como ya tienen todas las pruebas en contra de Peña Nieto y de Videgaray y el asunto ya está judicializado, por eso sus datos de identificación no merecieron ser reservados ¿no?

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
@capastranac

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