Una sociedad se embrutece
más con el empleo habitual
de los castigos que con la
repetición de los delitos.
Oscar Wilde

No importa qué tan bien ataviada esté, la prisión preventiva es una medida punitiva, no cautelar, que sirve para sortear debilidades estructurales que hasta ahora hemos sido incapaces de superar. Detenemos para investigar y no investigamos para detener.

Si la prisión preventiva es un desacierto, mucho más grave es la prisión preventiva oficiosa (automática) en la que el Ministerio Público ni siquiera tiene que esforzarse por acreditar la necesidad de esa medida para una persona específica. Se trata de la propagación in crescendo del uso de mecanismos penales reactivos para combatir el delito. Su empleo está prácticamente equiparado al de los remedios caseros, con la diferencia de que los remedios caseros sí funcionan.

El jueves pasado, el Senado de la República aprobó modificaciones a diversos ordenamientos que van desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales hasta la Ley de Vías Generales de Comunicación para “armonizarlas” con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.

La reforma constitucional tuvo lugar en abril del 2019, ya con el nuevo régimen, que amplió el catálogo de delitos que ameritan esta medida cautelar, incrementando la lista de 9 a 20 tipos penales.

Aunque estas reformas estaban cantadas y se trata en realidad de un mero trámite que se consumará cuando quede aprobado en Diputados, lo importante, como de costumbre, no se encuentra en la superficie. Formalmente está madrísima la armonización pues, al final, una de las características básicas de un sistema jurídico es que no sea contradictorio. Lo no tan madre es que esta sincronización obedezca a una decisión de origen incorrecta.

Si estuviera en concurso de popularidad, la prisión preventiva oficiosa seguro se llevaba el primer lugar. #MalaTardeParaLaJusticia porque no se tata más que de un parche —y mal puesto— para tratar de atenuar los estragos de la violencia y el delito hasta ahora incontenibles.

Cuando recurrimos al uso indiscriminado de medidas excepcionales y las normalizamos convirtiéndolas en regla, desterramos por completo la idea de que cada persona y sus circunstancias, cada delito y las condiciones en que ocurre, son siempre diferentes. La Ciencia Penal reconoce como propio un principio de culpabilidad según el cual tanto las penas como las otras medidas penales deben imponerse en atención a las condiciones personales del autor y a la necesidad de su aplicación. Bueno, pues la prisión preventiva oficiosa sepulta este principio y mide absolutamente a todas las personas con la misma vara. De hecho, ya no las mide, simplemente las encasilla.

Para llegar a ese tipo de regulación partimos de la concepción de una política criminal que invisibiliza a la persona y se centra exclusivamente en el delito cometido, una que favorece la ausencia de análisis individualizado. Lo menos que merece una persona a quien se le privará de su libertad, sin siquiera tener certeza de su responsabilidad penal, es que su caso se analice particularmente y se determine lo pertinente ¿no? Pues en flagrante regresión al sistema de justicia penal, a los derechos humanos y en aplicación de una fórmula oscurantista que lejos de ayudar a dejar atrás viejas debilidades estructurales las agudiza, nuestro sistema jurídico dice ¡no! Todos adentro.

En el legislativo alcanzo a ver un síndrome de indiferencia y necedad que empuja a la repetición de más de los mismos vicios y, en la sociedad civil, parece que el hartazgo por la violencia, el delito y la corrupción expone una insaciable sed de venganza ciega que se funde en el clamor generalizado por dureza, crueldad e irracionalidad de las reacciones penales en las que nuestros gobernantes justifican su proceder.

Así como la oscuridad no puede jamás iluminar el camino. Las cárceles no resuelven ningún problema, lo ocultan bajo la alfombra. Por eso, aplaudir hechos de venganza privada como la de la golpiza al asaltante de transporte público en el Estado de México, demuestra que, de fondo, pensamos como legislador draconiano. Nos hemos dado, quizás sin darnos cuenta, lo que merecemos.

¿Usted tomaría aspirinas lo mismo para la tos, que para un dolor de cabeza o para una fractura de tobillo? ¿Por qué entonces nos obstinamos en contradecir la lógica elemental?

@capastranac