El presidente Donald Trump ha decidido que no se va del poder sin ejecutar a cuantos sentenciados a muerte pueda, rompiendo así una tregua de 17 años en los que el gobierno federal no terminó con la vida de ningún prisionero. La cadena de ejecuciones y el apetito para llevarlas a cabo por parte de un mandatario que va de salida, no tiene precedente en la historia de este país, la única democracia en el mundo donde la ley autoriza al gobierno a matar.

Esta ola de ejecuciones empezó en noviembre y desde entonces se han realizado ya diez. Pero en las semanas antes de que esta administración termine, se tienen programadas cuatro más, el número más alto desde 1896. La última de ellas sólo cinco días antes de que Joe Biden asuma la Presidencia. En comparación en toda la última década sólo se ejecutó a tres.

El pasado día 10 se dio muerte a Brandon Bernard, de 40 años, la persona más joven cuando el crimen ocurrió, que el gobierno federal ejecuta en setenta años. De las otras ejecuciones que vienen en diciembre y enero, cuatro de ellas se trata de hombres de la raza negra y la quinta es Lisa Montgomery, la primera mujer que será ejecutada en siete décadas. En 2004, ella estranguló a una mujer embarazada y con un cuchillo le extrajo el bebé y lo secuestró.

El tema de la pena de muerte es uno de los que más dividen a la opinión pública aquí, donde todavía 54 por ciento de la población la aprueba y solo un 39 por ciento está en contra, por considerarla no solo inhumana y cruel sino también discriminatoria y en contra de los pobres y las minorías. Desde que las ejecuciones regresaron en 1977, casi 300 afroamericanos han sido ejecutados por haber dado muerte a alguien de raza blanca, mientras solo 21 blancos han corrido la misma suerte por la muerte de un negro.

El método de ejecución más común era hasta hace poco la silla eléctrica, hoy es la inyección letal, un cóctel mortífero que en aproximadamente 15 minutos quita la vida. Algo que algunos sostienen es una muerte dolorosa y lenta, mientras otros la consideran demasiado gentil. Dicen que debe ser ojo por ojo y diente por diente. Como despedida, el gobierno de Trump declaró también legal el uso de gas venenoso y escuadrones de fusilamiento a partir del 24 de diciembre. Sólo la guillotina quedó pendiente.

Trump siempre ha estado a favor de este castigo. En una ocasión pagó por páginas enteras en cuatro diarios neoyorquinos exigiendo que se diera muerte a cinco adolescentes, cuatro negros y un latino, acusados de violar a una mujer en Central Park en 1989. Poco después los jóvenes comprobaron su inocencia.

Estas ejecuciones en los últimos días de su presidencia son algo excepcional, no sólo por el número, sino porque se llevan a cabo en medio de la pandemia. Lo cual, dicen sus críticos, pone en peligro a muchos ya que requiere que los sentenciados, sus familiares, sus representantes legales y los verdugos, viajen y se reúnan en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, donde las muertes se llevan a cabo.

Ahí, antes de ejecutarlos se les da oportunidad de despedirse y decir unas palabras. Macabro pero también pueden escoger que se les antoja para su última cena. Algo que el gobierno hace para parecer humano y complaciente.

Los opositores de este castigo sostienen que matar a un asesino no le devuelve la vida a nadie y muchas veces se condena a morir a personas inocentes. Otros alegan el precio. Cada condenado le cuesta al gobierno cerca de cinco millones de dólares por el largo proceso de años en investigación y apelaciones.

Quienes están a favor argumentan que el que la hace debe pagarla y que no hay porqué tener misericordia por los asesinos que no tuvieron compasión por sus víctimas. Sólo falta que pidan que se les corten las manos a los rateros o se atropelle con un auto a quien conduce en estado de ebriedad.

En el Distrito de Columbia y 32 estados la Pena Capital esta ya prohibida y Biden ha prometido que acabará con ella en cuanto llegue al poder. Ojalá así sea. Ya es hora de que Estados Unidos deje de estar en esto al lado de China, Irán, Arabia Saudita, Irak, Pakistán, Yemen y Corea del Norte, donde el respeto a los derechos humanos es oscuro y deja mucho que desear.

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