2022: Romper la jaula de hierro para la calidad en la educación superior

El sociólogo Max Weber en su teoría de la burocracia estableció que la eficiencia administrativa reprime las interacciones tradicionales y nos encierra en una “jaula de hierro de la racionalidad”.

De acuerdo con los datos de las principales cifras y estadísticas del Sistema Educativo Nacional 2020-2021 de la SEP, en México contamos con una matrícula en educación superior de 4,030,616 alumnos, tanto en educación pública como en educación privada, e integrado por 401,367 docentes en 5,794 escuelas.

Si consideramos de este universo tan solo a las universidades públicas estatales, incluyendo las públicas nacionales como la UNAM, la UAM y el IPN suman un total de 38 universidades públicas, que de acuerdo con el Anuario Estadístico de ANUIES 2020-2021, representa un 40.7% de alumnos que estudian la educación superior dentro de las universidades públicas, en datos duros son un total de 1,643,193 alumnos.

Principales 10 universidades públicas por número de matrícula:

1. Universidad Nacional Autónoma de México: 171,945

2. Universidad de Guadalajara: 138,372

3. Universidad Autónoma de Nuevo León: 132,402

4. Instituto Politécnico Nacional: 122,338

5. Universidad Autónoma de Sinaloa: 84,751

6. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 84,288

7. Universidad Autónoma del Estado de México: 69,078

8. Universidad Autónoma de Baja California: 66,282

9. Universidad Veracruzana: 66,043

10. Universidad Autónoma Metropolitana: 54,301

Esto sitúa en el centro del debate público las desigualdades en la distribución presupuestaria para las universidades públicas, tanto a nivel nacional como local, pues hay universidades que pueden llegar a recibir hasta 170 mil pesos por alumno mientras que otras tan solo reciben 16 mil pesos, tal como lo señaló recientemente el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, existe una “geografía de la desigualdad”.

Esta desigualdad presupuestaria en la educación superior fue llevada al Poder Legislativo Federal en días pasados por un grupo de rectores en virtud de que los presupuestos públicos fueron insuficientes para cerrar los compromisos del 2021 en al menos seis universidades públicas que tenían problemas para saldar compromisos de pagos de aguinaldos y prestaciones laborales.

Pero ¿cuáles deberían ser las ponderaciones del presupuesto público en educación superior?, se deberían tomar de acuerdo con el número de matrícula, el número de programas académicos, la calidad de sus programas, la vinculación con los sectores productivos, el registro de patentes o de acuerdo con el número de egresados y planta docente.

Si bien no existe un parámetro para la asignación presupuestaria, entonces el centro del debate se vuelca sobre lo político, que sobre lo técnico y la efectividad del papel social de las universidades públicas, lo que provoca tensiones sobre la distribución de los recursos, como se ha suscitado recientemente en la Universidad de Guadalajara, llevando el debate presupuestario a movilizaciones sociales para cuestionar a los gobiernos sobre la justa asignación de los recursos.

En este marco del debate público y ante la instauración de la nueva Ley General de Educación Superior, sesionó el pasado 16 de diciembre del 2021 el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONAES), en su 1ª. Sesión Extraordinaria que convocó a los integrantes y autoridades educativas a la presentación de un Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), que esté orientado hacia la mejora continua, el impulso de la cooperación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades y el financiamiento de apoyos focalizados. En esta presentación se destacó del SEEAS 4 principales ejes para la puesta en marcha:

1. Articulación y coordinación

2. Regulación

3. Desarrollo de capacidades

4. Impulso a una nueva cultura de evaluación y acreditación

Con la instalación del SEAES se reconoce la diversidad de los subsistemas y territorios que integran a las Instituciones de Educación Superior para incorporar mecanismos de evaluación diagnóstica desde una perspectiva plural e incluyente con la participación de académicos, profesores e investigadores para lograr una mejora continua de la educación superior mediante una agenda estratégica de actuación y articulación.

Un componente importante que integra el ecosistema en educación superior es el vínculo con la Ciencia y Tecnología, en la misma reunión del CONAES la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla compartió datos sobre la conformación de la matrícula de estudiantes de posgrado, siendo de 403,314 estudiantes. Destacó que solo 35.2% corresponde a estudiantes de posgrado en instituciones públicas, por lo que el presupuesto del próximo año buscará revertir esta tendencia para que la educación “sea un derecho y no un privilegio”. Además, adelantó que el proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ya se encuentra en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En la misma reunión participó el rector de la UAM, doctor José Antonio De los Reyes Heredia quien destacó la realización de una serie de encuentros entre la comunidad universitaria para conocer y reconocer al nuevo sistema de educación superior.

Será importante el diálogo y la participación universitaria en los congresos locales para armonizar los nuevos marcos jurídicos correspondientes, algunas entidades y universidades ya han iniciado con estos trabajos, como está sucediendo en la Universidad Veracruzana que además de ampliar la consulta universitaria de su nuevo programa de trabajo institucional, está participando con el gobierno estatal para analizar y sistematizar los trabajos de armonización en educación superior, el diálogo en las entidades federativas será trascendental.

Estamos por iniciar un año 2022 ante el reto de “romper la jaula de hierro en la educación superior” de más de 3 décadas para consolidar una nueva gobernanza universitaria que priorice la evaluación, así como el reconocimiento de las necesidades de las universidades nacionales y públicas para atender el mandato constitucional del derecho a la educación.

No se deberá dejar pasar por alto los problemas estructurales que se acentuaron con la pandemia como la revalorización docente, la infraestructura tecnológica, la responsabilidad social, los derechos humanos y la atención a los problemas del medio ambiente. El próximo año 2022 se deberán consolidar importantes cambios para la educación superior en México.

*Profesor de Ciencia Política de la Unidad Iztapalapa de la UAM y colaborador en la UDUAL

Twitter: @Ger13Ruiz