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Más de 450 millones de niños y niñas viven actualmente en zonas de conflicto o han sido forzados a abandonarlas. Esta cifra, reportada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en ingles), ilustra el devastador impacto de los conflictos armados en las vidas de las y los menores, quienes se encuentran entre los sectores más vulnerables en situaciones bélicas.
De acuerdo con Iran Guerrero Andrade, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la falta de mecanismos eficaces en el Derecho Internacional Humanitario ha permitido que las infancias se conviertan en blancos principales durante los conflictos armados en África, Asia, Europa, Oriente Medio y América Latina.
Un intento por regular el caos
La principal herramienta para proteger a los civiles en conflictos armados es el Derecho Internacional Humanitario (DIH), cuyos cimientos fueron establecidos en los Convenios de Ginebra de 1949. Estos acuerdos, creados tras la Segunda Guerra Mundial, incluyen normas para proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, con disposiciones específicas para garantizar la seguridad y derechos básicos de los menores.
La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989, amplió estas protecciones, reconociendo a las y los infantes como individuos con derecho a pleno desarrollo físico, mental y social. En el año 2002, el Protocolo Facultativo de la Convención estableció una prohibición explícita sobre el reclutamiento y la participación de menores en conflictos armados.
Las limitaciones del sistema internacional
A pesar de estos acuerdos, el profesor investigador Iran Guerrero Andrade destacó que los mecanismos para garantizar su cumplimiento resultan insuficientes, y muchas veces las instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se muestran ineficaces ante la magnitud y frecuencia de los crímenes de guerra. “No hemos diseñado todavía una autoridad que tenga esa capacidad coercitiva suficiente. Estos tribunales son esenciales, pero parecen quedarse cortos ante el grado de perversidad de muchos mandatarios”, mencionó el académico.
Casos representativos
Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mencionó dos juicios emblemáticos que ilustran, tanto los logros como las limitaciones del sistema actual: los casos de Slobodan Milosevic, expresidente de la antigua Yugoslavia, y José Efraín Ríos Montt, exdictador de Guatemala.
Ambos enfrentaron acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad, pero sus procesos judiciales fueron, en última instancia, decepcionantes. Milosevic murió en su celda en La Haya en 2006 antes de recibir una condena, mientras que la sentencia contra Ríos Montt fue anulada por un tecnicismo en 2013, lo que le permitió eludir su responsabilidad.
Estos ejemplos evidencian que, aunque existen vías legales para la impartición de justicia, el sistema resulta lento y en ocasiones insuficiente para proporcionar resultados definitivos. Los prolongados procesos no solo dejan a las víctimas en una incertidumbre dolorosa, sino que también exponen las limitaciones de los mecanismos actuales para llevar a los responsables ante la justicia.
Un llamado a la comunidad internacional
El académico Garza, Guerrero Andrade, subrayó que es urgente que los Estados respeten el Derecho Internacional Humanitario y se comprometan con los sectores más vulnerables, especialmente con las mujeres y las infancias, quienes son desproporcionadamente afectados por los conflictos armados. “Es necesario que los países miren más allá de sus propias agendas y trabajen juntos para crear un proyecto internacional fuerte que ponga fin a la impunidad de los crímenes de guerra,” añadió Guerrero.
Según el académico, la colaboración entre Estados es esencial para frenar los abusos cometidos en conflictos armados y asegurar que las futuras generaciones puedan vivir en un mundo libre de estas atrocidades. Sin embargo, este compromiso requiere de un esfuerzo conjunto que trascienda las diferencias culturales, ideológicas y políticas.
¿Qué sigue en la lucha por la protección de la niñez?
A medida que los conflictos continúan en diversas partes del mundo, es evidente que la protección de las y los menores en estas zonas debe ser una prioridad. Guerrero Andrade propuso que la creación de un organismo supranacional con capacidad coercitiva podría ser una solución efectiva para hacer cumplir las normativas del Derecho Internacional Humanitario y asegurar la protección de los derechos de los niños y niñas en conflictos armados.
En este sentido, la incorporación de nuevas herramientas legales y logísticas, así como el fortalecimiento de las organizaciones de derechos humanos y los sistemas judiciales internacionales, podría desempeñar un papel crucial en el futuro de la protección infantil en situaciones de guerra. Es fundamental que los líderes mundiales se comprometan a transformar estas propuestas en acciones concretas, evitando así que el costo de los conflictos siga recayendo en las generaciones más jóvenes.
En conclusión, la infancia en conflicto es una de las mayores tragedias de la era moderna. Sin embargo, el compromiso y la cooperación internacional tienen el potencial de cambiar esta realidad.
Como subrayó el profesor investigador de la UAEH, Iran Guerrero Andrade, el reto es inmenso, pero la solución puede lograrse si los países dejan de lado sus diferencias y se concentran en la creación de un sistema robusto y eficaz de protección para aquellos que más lo necesitan: los niños y niñas atrapados en medio de la guerra.