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Las áreas naturales protegidas (ANP) son el principal instrumento de política pública a nivel internacional que se utiliza para la conservación de la naturaleza. El objetivo principal, de acuerdo con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, es lograr la conservación de la naturaleza en el largo plazo, con sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados.
Sin embargo, para que este objetivo se cumpla y que el mantenimiento en el tiempo de estas áreas con sus valores asociados perdure, no solamente se requiere de ciertas capacidades humanas y económicas para su diseño y operación, sino que también depende de las motivaciones de su declaratoria y de la legitimidad con las que son percibidas por la sociedad en general. Esto es, que las personas consideren su importancia y crean que sus objetivos y diseño es necesario.
En un momento en el que a nivel internacional se está impulsando el incremento de áreas para la conservación, dados los acuerdos internacionales recientes (por ejemplo, el marco de conservación global Kunming-Montreal Global que surge de las discusiones bajo el marco del Convenio de Diversidad Global), se vuelve indispensable discutir abiertamente sobre cuáles son las condiciones en las que ocurre la conservación, dada la esfera ambiental y política del país. ¿Quiénes son las partes interesadas y quienes las afectadas? Esta discusión atañe a todas las partes interesadas de la población: pueblos indígenas, comunidades locales, gobiernos de los tres niveles, sectores productivos, organizaciones civiles y academia.
Existen tres aspectos que se relacionan con la legitimidad de las áreas protegidas que consideramos fundamentales para discutir: 1) Dinámicas territoriales 2) Participación y representatividad y 3) Justicia y rendición de cuentas.
Es importante tomar en cuenta las dinámicas territoriales, ya que generalmente las declaratorias de un ANP no ocurren sobre territorios vacíos, si no que se insertan en una dinámica donde diferentes grupos con injerencia en el territorio tienen visiones, prioridades y objetivos distintos respecto a la naturaleza. En este escenario, es necesario que los objetivos de conservación se presenten como una posibilidad que representa una visión de la naturaleza (de entre varias posibles), que es posible que no sea compartida por todos los actores involucrados. Imponerla o suponer que el objetivo de conservación será recibido por todos como un beneficio general y una prioridad, suele llevar a la resistencia ante las actividades y objetivos del área y con ello, a su inefectividad. En el peor de los escenarios, puede detonar o intensificar conflictos socioambientales.
Un conflicto de interés muy común en las ANP es el de aprovechamiento vs la conservación. Actividades tradicionales de aprovechamiento de la naturaleza como pueden ser ciertos esquemas de agricultura y de aprovechamiento forestal o pesquero, suelen restringirse en los planes de manejo de las áreas. Estas restricciones suelen implementarse tomando en cuenta solamente el aspecto ecológico de la actividad y con base en el conocimiento producido en contextos ajenos, ignorando la existencia de reglas de uso locales o tradicionales que pueden ser efectivas en el mantenimiento de los recursos. El aprovechamiento sustentable de un territorio es más probable que ocurra si las reglas de uso están basadas en una participación local donde existan reglas claras y esquemas de observación, experimentación y adaptación al cambio.
La participación y representatividad es, por tanto, necesaria desde la discusión de los objetivos y motivaciones que sustentan la declaratoria del ANP. Lo anterior incluyendo desde la formulación de actividades y reglas que rigen la operación, hasta el monitoreo de la efectividad y la adaptación o ajuste, con base en lo aprendido. Las partes interesadas en un territorio deben de contar con información clara, comprensible y oportuna sobre cada etapa del proceso, así como de las implicaciones posibles de las reglas. Esto incluye la discusión de alternativas posibles. Las consultas para las declaratorias de ANP suelen no incluir todos los aspectos de una Consulta Previa Libre e Informada, que es un instrumento de la ley que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio y que de acuerdo con la SEMARNAT “ Se encuentra establecido en diversos instrumentos internacionales y en el marco jurídico nacional, tratándose de una obligación irrenunciable, ineludible e intransferible del Estado Mexicano”.
Por último, algunos aspectos de la justicia y la rendición de cuentas en la percepción de legitimidad de las áreas protegidas incluyen la existencia de mecanismos de supervisión y evaluación que garanticen que las reglas se apliquen de manera justa y efectiva. Esto implica una distribución equitativa de los beneficios e incentivos de la conservación, que pueden incluir compensaciones, así como de las sanciones por el incumplimiento de las reglas. Las autoridades de las áreas protegidas deben de ser las principales responsables de la vigilancia para evitar que, dentro del área, ciertos actores realicen actividades ilícitas que tienen un efecto a gran escala de perturbación de la naturaleza. Por ejemplo, los que llevan a cabo monocultivos intensivos que deforestan grandes superficies de selva, granjas porcícolas que contaminan el agua o pesquerías que sobrexplotan los recursos marinos. Una vez que estas actividades son detectadas, hay que garantizar con las autoridades correspondientes, que se imparta justicia y se asegure que la amenaza se frene. Es responsabilidad del Estado no dejar a las comunidades solas en la lucha contra estas actividades y actores de gran poder.
Aunque cada vez existen más mecanismos de participación y gobernanza en las ANP, consideramos indispensable conocer, incluir y discutir entre todos, las diferentes perspectivas respecto a la conservación de la naturaleza, antes de pensar en más declaratorias de áreas. Esto implica cuestionar si el enfoque de área protegida es el que tiene mejores posibilidades de aportar beneficios ambientales en el corto mediano y largo plazo y que éstos, serán sostenidos por el sector social involucrado.