Búsqueda
Hace tiempo denunciamos en este y en otros espacios como universitarios y como opinión pública, que “buscar a un ser querido no debe ser una sentencia de muerte”, pero hasta hoy ¿cómo no pensar en dicha afirmación cuando el mercado instaurado de la búsqueda y de la muerte se ha enquistado a tal grado en la memoria colectiva en México que nos lastima y nos ofende cada vez más a más personas?. Por supuesto son las familias de personas desaparecidas en México en su calidad de víctimas que buscan diariamente a sus seres queridos a quienes primariamente y jurídicamente les asiste la razón de constituirse como ofendidos y como coadyuvantes en cualquier búsqueda o investigación. Lo anterior, no es una concesión graciosa del Estado, es su derecho amplio basado en el principio de participación conjunta conferido en la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, no obstante el respeto a la dignidad de las personas en todo proceso será fundamental para que bajo ningún pretexto se revictimice o se instrumentalice a las personas víctimas para justificar acciones institucionales simuladas, plagadas de omisiones o negligencias. Pero dicha participación ciertamente conlleva riesgos y afectaciones que difícilmente podrán ser cuantificados y que implica al Estado a redoblar esfuerzos de protección integral a todas las personas buscadoras y prevenir.
Lo anterior nos lleva a pensar cómo es que normalizamos la búsqueda de personas desaparecidas en México bajo la idea de búsqueda en muerte o en su caso más “usual” en “fosas clandestinas”. En todo el país durante años hemos visto ante nuestros ojos como el crimen “organizado” pasó a ser una estructura especializada macrocriminal que expandió sus tentáculos dentro y fuera del Estado mismo al parecer sin consecuencias, la apología del crimen se instaló en pueblos y ciudades primeramente impuesta por la fuerza, posterior en lo rural y lo urbano con la misma facilidad edulcorante en que los narcocorridos se transmiten y se apologizan las imagenes de grandes capos, se comercializan y se distribuyen en cualquier mercado, y al mismo tiempo vimos como nuestros niños y nuestros jóvenes fueron y son presas de todo tipo de abusos e incorporación a estas apologías y violencias materializadas día con día. Sus desapariciones también han ido en aumento en muchas entidades del país y mientras tanto la búsqueda inmediata pasó a segundo plano, mientras se ha intentado trivializar y mediatizar la idea “romántica” de las madres buscadoras con pico y pala. Mujeres que si bien son artífices por derecho propio de investigación, búsqueda, localización y lucha por la identificación de las personas desaparecidas por miles en México, siendo en su mayoría mujeres jóvenes y ciertamente madres, también son hermanas e hijas, van acompañadas en muchos casos de esposos, hermanos e hijos, cierto es que también parte se les confiere como “ejército de salvación” por una parte de la sociedad que les transfiere su propia responsabilidad, nuestra responsabilidad como sociedad y por supuesto como Estado al cual le conviene mirar a otro lado cuando de saldos en contra se trata.
Además de esa pretendida normalización que pasa por rituales de indignación y respuesta colectiva frente a la impunidad como en el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde la representación oprobiosa no sólo es dar con el paradero y destino de las cientos de personas desaparecidas y que pueden o pudieron ser las poseedoras de cada prenda u objeto encontrado, ante la evidencia de la renominación que quiera hacer el gobierno federal o estatal de ese sitio, lo evidente es el olor a muerte que nos transmite, la negación y la impunidad. ¿cómo no sabían las autoridades el antes y el después de cientos de estos sitios en todo México que han sido documentados y denunciados por colectivos y familiares durante años? ¿cómo admitir como opinión pública y sociedad una versión creíble y digna de un Estado democrático que dice ignorar el contexto frente a la repetición de la revictimización, invisibilización e intento de nulificar derechos de las víctimas? ¿cómo no traer a la memoria Ayotzinapa, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Veracruz, Baja California Sur en todas sus versiones de sitios de “entrenamiento” y “depósitos” de muerte y exterminio? ¿cómo no indignarse cuando son estas mujeres quienes forzadamente pero con determinación ponen el cuerpo y su alma para dar con cualquier indicio que les lleve al paradero de sus familiares?
En vísperas del mes de abril de 2025, emitimos desde la Rectoría y el Proyecto Sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Unidad Cuajimalpa, un comunicado más donde condenamos el atentado e intento de secuestro y feminicidio de Teresa González Murillo, perteneciente al colectivo de familiares buscadores “Luz de Esperanza” en Guadalajara, Jalisco, quien se debate entre la vida y la muerte y busca a su hermano Jaime González Murillo, desaparecido el 2 de septiembre de 2024 en dicha entidad. Responsabilizamos de nueva cuenta de forma inmediata a todos los niveles de gobierno de lo aparentemente obvio, garantizar la vida y seguridad de todas y cada una de las personas buscadoras en México, fundamentalmente en el estado de Jalisco epicentro de múltiples hechos y denuncias de amenazas y atentados en contra de víctimas buscando a sus familiares desaparecidos, constituídos y reconocidos por esta universidad y otras como defensoras y defensores de derechos humanos por su lucha y trascendencia de sus acciones en favor de la comunidad y la sociedad.
Abrazamos desde luego a los colectivos y a todas y todos sus integrantes por que se atenta contra una colectividad y hacemos nuestro su dolor colectivo, así como a las familias de todo el país que han sido vulneradas con cada ataque o asesinato de una madre o familiar que busca a un ser querido como en el caso de Magdaleno Pérez Santes, muerto el 10 de marzo a causa de la tortura de la que fue objeto por parte de policías en el estado de Veracruz. Magdaleno buscaba a su hija Diana Paloma.
Como lo hemos dicho ya antes, buscar en fosas clandestinas, en campos de exterminio, en lugares sin ley se intenta tornar normal, porque la búsqueda inmediata y en vida ha pasado a segundo plano durante años, la no repetición es uno de muchos aspectos que posibilitaría una búsqueda segura. Sabemos y reconocemos que hay un intento de hacer vuelta de timón frente a este dolor colectivo y necesario para sanar socialmente, ocultarlo y no nombrarlo sería negarlo y negar la desaparición de personas sistemática y generalizada en México no es la mejor respuesta, sino ¿cómo nos explicamos más de 120 mil personas desaparecidas a 2025?
Se vislumbra esperanza de voluntad política frente a tamaño oprobio y daño social, pero es cierto también que sin voluntad integral y transversal a todos los elementos del Estado y una clara instrucción irreductible de todas las instituciones para enterrar la simulación y estar dispuestas a buscar e investigar a la par de forma generalizada como un todo y no caso por caso, la respuesta se antoja escasa. Es necesario hacer además a un lado a aquéllos elementos nocivos pertenecientes al propio Estado que quieran o necesiten interferir en una cruzada determinante por detener las desapariciones, para encontrar a todas y a todos a quienes tienen registro y también a los que no.
Debemos seguir señalando que la búsqueda de las personas desaparecidas en México es fundamentalmente responsabilidad del Estado y sus instituciones, y sí, hay un resquicio y lugar de oportunidad para este gobierno, pero constituídos solamente en atención plena a los derechos de las víctimas, la verdad y la justicia. Dejar a un lado la inmoral “búsqueda en campo” para la foto y la justificación del Estado “per se” es desmontar el aparato explotador y comercializador de la muerte y la búsqueda, buscar es un derecho no un mercado, es una necesidad imperiosa de encontrarnos con la verdad y la justicia como sociedad y como nación, más recursos no se traducen necesariamente en acciones eficaces, más leyes no hacen más efectivos los protocolos no instrumentados, sin planes de investigación reales y de búsqueda focalizados a cada contexto y región, son insuficientes y estériles “muchas acciones”. Lo poco bien hecho es lo mucho para hoy y mañana.
El cuidado y seguridad de las familias de personas desaparecidas y sus entornos, deben ser la prioridad del Estado para recuperar su credibilidad y su esencia garante del Estado de derecho ante la vida de todas las personas, particularmente quienes han sido vulneradas una y otra vez en su vida y sus familias.
Desde la Unidad Cuajimalpa de la UAM, la voluntad política de su rectoría, el trabajo comprometido de la División de Ciencias Sociales y su comunidad universitaria para accionar, desde el Proyecto sobre Desaparición forzada y el Diplomado del mismo nombre, estamos seguros más que nunca que el vínculo y trabajo con las familias y sus colectividades nos implica a visibilizarles y caminar codo a codo, al buscar a sus seres queridos nos nombramos todos.
*Coordinador del Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Unidad Cuajimalpa de la UAM.