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Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EU se sumaron al apoyo de los 31 científicos y ex funcionarios de Conacyt y el FCCyT y externaron su preocupación en una carta dirigida al presidente López Obrador, así como al secretario de Educación y al embajador de EU en México. “Compartimos la preocupación de muchos miembros de la comunidad científica internacional de que nuestros colegas científicos mexicanos estén siendo objeto de hostigamiento e intimidación.
“Además de los aspectos preocupantes de su situación en materia de derechos humanos, nos preocupa que las acciones contra nuestros colegas puedan tener un efecto paralizador en la comunidad científica mexicana en general, así como posibles implicaciones negativas para la colaboración científica internacional”. La misiva es firmada por los presidentes de las tres academias, tres de las más importantes del área en el mundo.
La misiva es dirigida principalmente al Presidente de México:
“Su excelencia, Andrés Manuel López Obrador: Escribimos como los tres Secretarios Internacionales de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina –John Hildebrand, James M. Tien y Carlos del Rio, respectivamente– de Estados Unidos para expresar nuestra preocupación por la situación de 31 científicos y administradores científicos mexicanos que han sido acusados de delitos financieros graves”.
La carta con fecha del 6 de octubre, hace referencia a la denuncia de la FGR y al fiscal Alejandro Gertz Manero en contra de los 31 señalados y sobre su improcedencia de acuerdo a un juez federal. “Nos consterna saber que, a pesar de las decisiones del juez, el Fiscal General ha expresado su intención de presentar órdenes de arresto una vez más. Los repetidos intentos de arrestar y detener a estas personas sin pruebas parecen incompatibles con la obligación internacional vinculante de México de defender el derecho al debido proceso”. Derecho consagrado por pactos internacionales, de los cuales México forma parte, agrega.
“A la luz de lo anterior, lo instamos respetuosamente a que utilice sus buenos oficios para garantizar que cualquier acción de investigación adicional en relación con las supuestas actividades de estas personas esté de acuerdo con los compromisos de México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”
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