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Durante su participación en el foro “Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: los agravios”, realizado en la Cámara de Diputados el martes 2 de marzo, miembros de la red nacional de investigadores ProCienciaMx expuso, entre otros agravios al sector de ciencia y tecnología, la verticalidad y concentración de poder y facultades de Conacyt en el sistema científico, la falta de mecanismos que logren resarcir el boquete que dejó la cancelación de los fideicomisos y el acoso del que ha sido objeto la comunidad.
En su turno, Alma Maldonado –académica especialista en educación del Cinvestav– expuso que debe ser motivo de preocupación el acoso que está haciendo el actual gobierno mexicano a las comunidades académicas. “Dicho acoso es económico, discursivo, institucional y jurídico. Y aunque no es la primera vez que la libertad académica sufre acoso en México, sí es notorio que esto ha ocurrido con gobiernos con rasgos autoritarios”.
Añadió que el país ha enfrentado dos antecedentes en el Maximato y la represión de 1968 y, aunque las agresiones actuales no han llegado a ese nivel de violencia, tampoco son menores. Enunció algunas:
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador importuna a los académicos mexicanos cuando desde su tribuna nos acusa de gozar de privilegios, de sólo hacer turismo académico (3 de junio de 2020); de ser como los “huachicoleros” (3 de junio del 2019); de que el trabajo que hacemos no beneficia a nadie; de ser aspiracionistas (13 de junio del 2021); de que los que estudiamos en el extranjero fuimos a aprender a robar (6 de agosto del 2021); de conservadores y de que no entendemos los problemas sociales del país. De hecho, AMLO llegó a admitir que por “la autonomía de las universidades no puede intervenir en asuntos internos de éstas”, aunque sí llamó a las comunidades universitarias a “actuar para hacer frente a presuntos grupos privilegiados” (7 de octubre de 2021).
FINANCIAMIENTO.
Brenda Valderrama, ex presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, expuso el tema de los fideicomisos y la opacidad con la que Conacyt actuó tras su desaparición.
“Gracias al informe 2021 de la Auditoría Superior de Federación sabemos ahora que el Conacyt siguió ejerciendo recursos de al menos uno de los fideicomisos después de la extinción y asignó de manera irregular mil 175 de los mil 546 millones de pesos que tenía el FORDECYT contando ya con dictámenes sancionatorios por más de 186 millones de pesos, cantidad que podría aumentar conforme avancen las investigaciones. Resulta de la mayor gravedad que en este contexto la ASF haya pospuesto la auditoría al resto de los fidecomisos”.
Agregó que, sin fideicomisos de ciencia, la comunidad científica carece de mecanismos transparentes para la asignación equitativa de recursos para la investigación y eso ocasiona que los 130 mil millones de pesos etiquetados este año en el PEF para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación se ejerzan de manera opaca y discrecional, “como sucede en el Conacyt que ha estado distribuyendo recursos de manera directa mediante una nueva figura que se conoce como Proyectos por encargo del Estado y ya no por convocatoria pública”.
Añadió que otra de las pérdidas en estos últimos años fue el desmantelamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que había habilitado una oficina para la asesoría del legislativo en estos temas. “Ante la imposibilidad que el Foro recupere su estatura original, cuenten con nosotros para desarrollar alternativas como la tienen otros parlamentos, por ejemplo, el británico con POST”.
La académica finalizó enfatizando que la promulgación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación es la oportunidad idónea para implementar alternativas financieras y mecanismos para la recuperación de fondos en el sector. “La propuesta de ProCienciaMx está en la mesa y la responsabilidad, en sus manos”.
CONDICIONANTES.
No obstante, Rafael Bojalil, investigador de la UAM Xochimilco y ex funcionario de Conacyt a inicios del sexenio, refirió que lo que se conoce de la propuesta de ley de Conacyt es la centralización del poder, incluyendo de manera importante el financiamiento, lo cual afectará a todas las instituciones de educación superior e investigación en el país.
“Aún antes de que se apruebe la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy se ejercen estos condicionantes. El financiamiento de proyectos por Conacyt; la entrada, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores y el otorgamiento de becas de posgrado están supeditados a que formen parte en alguno de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Se cierran ya las puertas a temas fundamentales que no están incluidos en dichos programas”.
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